Hoy, día 3 de septiembre, comienza un nuevo curso en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca. Llevo algún tiempo señalando las dificultades que atraviesa la Facultad (falta de espacios, carencias de profesorado, falta de recursos tecnológicos, plan de estudios necesitado dereforma, …) lo que me llevó a titular en dos ocasiones sendas columnas en este periódico bajo el título Imagina que cierra medicina.
Al comienzo del nuevo curso considero necesario actualizar el análisis de situación, a raíz de algunos cambios que parecen presagiar un futuro más esperanzador para la Facultad.

Se ha producido una toma de conciencia en la Universidad sobre la situación creada durante los últimos años, lo que llevó al profesor Rivero a incluir un plan especial para la Facultadde Medicina dentro de su programa electoral. Una vez elegido Rector por la comunidad universitaria, ha comenzado a aplicar algunas de las medidas incluidas en el Plan, las más urgentes, relativas a la contratación de nuevos profesores, tanto en las figuras de profesor contratado doctor, como de profesor asociado en ciencias de la salud. Otras cuestiones relativas a reformas imprescindibles y a dotación de recursos también están en camino. Al finalizar el pasado curso el Rector presentó las primeras medidas en la propia Facultad de Medicina y estableció un calendario de otras menos urgentes para desarrollar durante su mandato. Bien está lo que bien comienza.

Otra cuestión importante es que, por fin, la Facultad parece haberse tomado en serio la necesidad de reformar el actual plan de estudios, aunque para ello haya sido necesario que la Agencia de Evaluación de la Calidad Universitaria de Castilla y León haya llamado la atención sobre algunas de las deficiencias del actual plan. La Facultad dispone de dos años para aprobar el nuevo plan, un margen suficiente, aunque no para dormirse en los laureles. A final del pasado curso se percibía cierto consenso que debe concretarse este nuevo curso y un nuevo plan de estudios parece ahora posible.

Otra cuestión importante, a medio plazo, es la necesidad de que el nuevo Hospital Universitario de Salamanca que se está construyendo, incluya en alguna de sus fases de obra aulas suficientes para la docencia, aspecto este que, en lo que yo conozco del proyecto, no está contemplado más allá de pequeñas aulas o seminarios. No es posible concebir un hospital universitario que no disponga de aulas suficientemente amplias como para que la docencia de las enseñanzas clínicas pueda realizarse en el propio hospital. No conozco ningún hospital universitario de los que se han construido o reformado en los últimos años en España (y la lista es larga) que no disponga de este tipo de aulas. Es de esperar que el de Salamanca también las tenga.

Parece necesario que, dentro de los contactos establecidos entre el nuevo equipo de gobierno de la Universidad y el propio SACyL, se incluya este aspecto y que, en el nuevo edificio de consultas, que aún no se ha comenzado a construir (quizás ni a planificar), o con cualquier otra fórmula,se dote al hospital de las aulas necesarias para la formación clínica de los estudiantes de medicina de la USAL. Si este aspecto no se resuelve entre ambas instituciones, bien hará el Rector y el equipo de gobierno de la USAL en elevar hasta las Consejerías de Educación y de Sanidad el problema para encontrar una solución que es, a todas luces, imprescindible.

Por último, quiero romper también una lanza a favor de la última promoción de estudiantes de Medicina de la USAL que se han incorporado al sistema MIR por haber obtenido unos resultados excelentes, propios de una promoción también excelente. A ver si sigue la racha.

En resumen, que iniciamos un curso con muchos problemas, pero también con esperanza de que comienzan a llegar las soluciones. Como pueden deducir ustedes de la lectura de este artículo, parece que atravieso un periodo de optimismo irrefrenable.

El cambio legislativo sufrió importantes cambios como consecuencia de la presión social y profesional

Aunque las protestas sociales impidieron el desarrollo de una parte de las medidas (mantuvo la asistencia a jóvenes y amas de casa y no desarrolló el pago por medicamentos hospitalarios y la Cartera Complementaria), el cambio legislativo generó importantes problemas en la atención sanitaria como un aumento de las muertes evitables por falta de asistencia (la universidad Pompeu Fabra estima una sobremortalidad de este grupo de población de alrededor de unas 70 personas al año); el aumento de enfermedades trasmisibles; la desatención de niños y ancianos enfermos de familias emigrantes; la imposibilidad de muchos pensionistas para retirar los medicamentos prescritos (un 13 - 25% según los diferentes estudios) por sus médicos; o la interrupción de los tratamiento de los enfermos crónicos o pluripatológicos. La situación generada se podría resumir en un aumento de las desigualdades en salud de las personas.

La gran mayoría de las fuerzas políticas llegaron a un pacto para su derogación

La crueldad de esta medida impropia de una cultura como la española incapaz de tolerar que las personas fallecieran o no accedieran a los cuidados de salud por su situación administrativa propiciaron que seis CCAA interpusieran y recursos de inconstitucionalidad (Cataluña, País Vasco, Canarias, Asturias, Andalucía y Navarra) y a que casi todas (que gestionan y prestan la asistencia) a adoptar diferentes fórmulas para atender a las personas excluidas. Estas medidas (auténticos parches), además de insuficientes fueron minando la naturaleza del RDL 16/2012 aunque propiciaron el aumento de las desigualdades de salud territoriales y contribuyeron a fraccionar, aún más, un sistema de salud muy fragmentado. Al mismo tiempo el Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que esta medida legal no era conforme con la Carta Social Europea que contempla el derecho a la protección de la salud de quienes viven en la Unión Europea.

Por iniciativa de 70 organizaciones sociales, sindicales y de profesionales de la salud lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER), en septiembre del año 2017, la mayoría de los grupos políticos entonces en la oposición (PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu), firmaron en las Cortes el llamado “Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal” por el que estos partidos se comprometieron a adoptar lo antes posible las medidas legislativas necesarias para garantizar un Sistema Nacional de Salud solidario y de calidad que vuelva a convertirse en un pilar del Estado social de derecho, revertiendo un cambio de modelo del sistema sanitario impuesto sin debate público y sin memoria económica que justificara los recortes adoptados.

El nuevo gobierno negocia la derogación del RDL pero deja lagunas que se deberán corregir

Tras la Moción de Censura el nuevo gobierno liderado por el Partido Socialista aprobó un nuevo decreto para recuperar la sanidad universal, por el que los titulares del derecho a la salud serán quienes tengan nacionalidad o residencia en España y a los colectivos no registrados o autorizados en España, medida que beneficiará a 280.000. Para el desarrollo de este cambio, el Gobierno ha abierto un proceso de información con buena parte de las organizaciones sociales y profesionales que han protagonizado la lucha por la derogación del RD 16/2012 y abierto una negociación con el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos para abordan la sanidad en la negociación para los Presupuestos que incluye esta derogación y la creación de un grupo de trabajo con plataformas en defensa de la sanidad pública, asociaciones de usuarios, sindicatos y personas expertas para realizar una propuesta de desprivatización del sistema de salud público español en el plazo de seis meses. El coste de esa media es perfectamente asumible dado que esta población ha disminuido notablemente con la crisis y se trata de una gente mayoritariamente sana que hace poco uso del sistema sanitario.

Hasta ahora se ha aprobado el RDL 7/2018 que desvincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y que rompe con las exclusiones del RDL 16/2012, y que debe ser convalidado por el Parlamento esta próxima semana

Conclusión final: apoyo y exigencia de algunos cambios y mejoras

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que el RDL 7/2018 es una mejora sustancial de la situación actual y un avance muy positivo que obliga a apoyar su convalidación. Sin embargo, entendemos que el proyecto presenta varios problemas que obligan a exigir al Gobierno la corrección de determinadas carencias y ambigüedades, lo que puede y debe hacerse posteriormente:

1.- Continúa vinculando el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, a pesar de que el acceso a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria es un derecho humano básico, por lo que no debe estar condicionado a estar asegurado (abre la posibilidad de actuaciones restrictivas por nuevos gobiernos conservadores).

2.- Deja en manos de las CCAA la concreción de los requisitos para el acceso a la atención favoreciendo así una posible discrecionalidad,

3.- No garantiza el acceso a la atención a quienes no acrediten la estancia de 90 días en España, lo que supone un riesgo en caso de necesitar asistencia, especialmente para solicitantes de asilo o victimas de trata.

4.- El certificado de no exportación puede suponer una importante barrera para el acceso.

5.- No garantiza el derecho a los familiares que lleguen a España por un proceso de reagrupación.

En resumen, avanzamos hacia el derecho universal a la atención sanitaria, pero aún quedan algunos flecos que deben ser solucionados posteriormente a la convalidación del RDL 7/2018.

Para ello pretende introducirse en los Servicios hospitalarios y en la Atención primaria de salud, acceder a todos los datos sanitarios de los pacientes tratados con determinado fármaco innovador, y comprobar su utilidad.

Farmaindustria exige “avanzar en la transformación digital del SNS” y disponer de herramientas informáticas para lograr sus objetivos, las mismas herramientas que han sido negadas año tras año a los profesionales del Sistema Público, que no pueden ni tan siquiera identificar y notificar posibles efectos adversos de los nuevos fármacos y tecnologías, antes de que estos afecten a un mayor número de pacientes

Ante esta situación deberiamos de reflexionar sobre sus posibles consecuencias.

¿Que puede ganar Farmaindustria?:

- Colocarse en una posición estratégica dentro del SNS, blindando su futuro y sus ganancias

- Introducirse en los centros sanitarios, con lo que supone de proximidad con los profesionales y los pacientes, y “el roce hace el cariño”

- Incrementar la presión sobre los directivos y profesionales menos sumisos

- El acceso directo a los datos de los pacientes

- Disponer de un Sistema universal a su disposición para ensayar sus productos y venderlos posteriormente a otros países a nivel mundial

- Publicitar, patentar y vender al sistema (a precios escandalosos) los que aporten valor según los resultados de las investigaciones controladas por los propios laboratorios que los comercializan

- Desechar los que se muestran ineficaces y ocultar sus efectos adversos, en base a la propiedad intelectual, que la industria considera “uno de sus activos intangibles más importantes”

¿Que podría perder el SNS?:

- Incrementar su dependencia de las multinacionales y sus consecuencias: conflictos de intereses y corrupción

- Incremento de la carga de enfermedad de la población, ya que el objetivo de Farmaindustria es patentar los fármacos que supongan mayores beneficios empresariales, para tratar antiguas y nuevas enfermedades cuyas causas nadie investiga, en línea con unas declaraciones recientes de la banca “Goldman Sachs” “la curación de las enfermedades no es un buen negocio para las empresas farmacéuticas ni para su cotización en bolsa”

- Enfermedades provocadas por los propios fármacos son tratadas con nuevos y costosos tratamientos, en una cadena interminable de polimedicación y efectos adversos, que suponen una fuente interminable de beneficios empresariales

- Mayor inseguridad para los pacientes, debido a que muchos efectos adversos de los nuevos fármacos no se manifiestan en las primeras fases de los ensayos clínicos sino cuando su uso se generaliza en los servicios de salud, un buen ejemplo es el reciente caso del Valsartan, del que se acaban de descubrir los efectos secundarios de su nueva forma de fabricación después de su uso generalizado. La solución no es, por lo tanto, rebajar el precio de los fármacos ineficaces o perjudiciales sino incrementar los controles para minimizar los perjuicios en la salud de los pacientes

- A esto se une la influencia de la industria en la docencia: La docencia en los servicios públicos de salud se está “desgajando” de las administraciones para pasar a ser controlada por agencias de gestión privada patrocinadas por Farmaindustria, lo que incrementará su influencia sobre los currículos de los profesionales y como consecuencia sobre el nombramiento de los directivos y las nuevas contrataciones de médicos y enfermeras en el SNS..

La recuperación del SNS debe ser un pilar estratégico del nuevo gobierno y de la nueva política. Las líneas no las deberían marcar las multinacionales farmacéuticas.

La Ministra de Sanidad puso la primera piedra en Alzira. Sigamos la senda que ella ha marcado, por un Sistema de Salud Público, con gestión y provisión mayoritariamente pública, a salvo de los intereses empresariales y del negocio sanitario.

La privatización de la atención sanitaria pública no responde solo a un cambio de titularidad de los recursos si no a la obtención de beneficio económico empresarial por la provisión de servicios. Las diferentes vías utilizadas en Cataluña, sistematizadas por Joan Benach* son las siguientes:

- Aprobar legislaciones que favorecen la puesta en pràctica del derecho privado
- Estimular la segmentación del sistema público
- Favorecer las externalizaciones y la subcontratación de Servicios
- Implementar políticas favorecedoras de sistemas privados mediante redes de influencia en los órganos de decisión de centros, áreas y regiones sanitarias
- Degradar el sistema público, debilitándolo, enlenteciendolo o infrautilizándolo
- Reforzar un sistema de salud mas individualista y medicalizado que favorece la especialización, el hospitalocentrismo y el exceso de protocolización
- Favorecer a través de la cultura mediàtica la opinión de que todo lo público es burocrático e ineficiente al contrario de lo que sucede en todo lo privado
- En la sanidad pública de Cataluña tenemos ejemplos de todas ellas y gran experiencia en la cinco primeras.

Legislaciones que favorecen la puesta en práctica del derecho privado

A partir de 1995 se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades con ánimo de lucro

Desde 1990 la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC) definió el modelo sanitario catalán como un modelo mixto separando la función de compra y planificación a cargo del CatSalut de la provisión de Servicios configurándolo como la aseguradora pública y el agente comprador de los Servicios Sanitarios. Esta ley ofrece la posibilidad de desarrollar fórmulas de gestión empresarial ya utilizadas por la administración sanitaria catalana antes de la LOSC y sobre todo introduce la posibilidad de aceptar proveedores con ánimo de lucro. La modificación de 1995 de la LOSC especifica que la administración pública sanitaria podrá establecer acuerdos, convenios, consorcios o fórmulas de gestión integrada o compartida con entidades públicas o privadas.

Así, a partir de 1995, se crearon las entidades de base asociativa (EBA) modelo de autogestión en la sanidad pública, por el que algunos profesionales se hacen cargo de centros de atención primaria mediante sociedades limitadas profesionales privadas con ánimo de lucro. Su peso es pequeño ya que prestan atención primaria a poco más del 3% de la población catalana pero su papel es relevante porque constituyen el máximo nivel de autogestión ensayado en la sanidad pública española. Han obtenido buenos resultados de gestión, calidad asistencial y satisfacción de los pacientes en las zonas donde se implantó el modelo que coinciden en su mayoría con áreas de población con doble cobertura sanitaria por cotizar a una asseguradora privada. Las EBAs han acabado por ser un gran negocio para un reducido grupo de médicos, con remuneraciones que llegan a duplicar y triplicar a las de sus colegas en nómina de la Generalitat y beneficios (más de 1,5 millones en total y hasta 304.000 euros en un caso) al vender sus acciones. Estos beneficiós crecieron incluso durante los recortes, calculados en casi 11 millones en los últimos años. Según dictamen de la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública estas entidades no tienen naturaleza pública y no estan obligadas por la Ley de Transparencia a mostrar sus cuentas anuales auditadas aunque más del 80% de su actividad se retribuye con dinero público.

Los Consorcios son otro tipo de organización entre varias empresas de los que no existe un registro público donde se puedan consultar sus memorias y cuentas anuales. El presupuesto de los Consorcios Sanitarios donde la Generalitat tiene participación mayoritaria es aprobado por el Gobierno pero sus cuentas no son de acceso público hasta que la Sindicatura de Cuentas las fiscaliza y emite el informe correspondiente que si es de acceso público aunque suele aparecer después de varios años.

EL POLÉMICO CONSORCIO HOSPITAL CLÍNICO

Barnaclínic es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas

Uno de los Consorcios que levanta mayor polémica es el Consorcio Hospital ClÍnico en él que se halla establecida BARNACLINIC empresa participada en 100% por capital público. Barnaclínic S.A es una sociedad mercantil que utiliza recursos del Hospital Clínico para actividades exclusivamente privadas a cambio de un alquiler, ya sean camas, equipos de diagnóstico o tratamiento, quirófanos, UCI y recursos humanos. La polémica se levanta por lo difícil que resulta diferenciar si un determinado recurso se está utilizando para la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública o si una priorización es debida a un criterio clínico o no. Un informe de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo), refería que un 17,1% de las visitas privadas se realizaron en horas de trabajo del medico y si se excluyen las intervenciones urgentes también 6.8% se hicieron en horas de atención a pacientes públicos. El 44% de una muestra de pacientes tuvieron intervenciones, visitas, pruebas o tratamientos en el hospital con cargo al CatSalut en un período de tiempo inferior a 2 meses antes o después del proceso asistencial realizado en BARNACLÍNIC.

A las críticas de usuarios y vecinos se han añadido demandas por parte de la patronal del sector privado. La controversia sigue en pie en el camino de hallar la fórmula jurídica adecuada a la ley. Alguna vieja fórmula ya se ha aplicado en Cataluña desde antes de la transición en otros centros como el Hospital de San Pablo de Barcelona donde la Fundación Puigvert, atiende a los pacientes de la sanidad pública del área correspondiente a dicho hospital.

El debate sobre las fórmulas de gestión no dependientes de la administración se añade al debate sobre la autonomía de gestión en el campo de la capacidad de decidir autónomamente sobre la asignación interna de los recursos disponibles; aunque algunos opinan que puede aumentar la efectividad y la eficiencia también se ha constatado que junto a la autonomía de gestión ha ido paralelamente en aumento la opacidad y la falta de rendimiento de cuentas además de aumentos del déficit sustentado por los diferente proveedores que han generado vínculos de dependencia con entidades financieras

Tenemos un sistema público fragmentado

La mayor fragmentación se da en la atención hospitalaria. 57 hospitales integran el Sistema Integral de Salut (SISCAT) de los que los 8 pertenecientes al INSALUD durante la transición pasaron a ser gestionados por el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Dependen de entidades locales públicas y privadas, consorcios y corporaciones religiosas que gestionan también en muchos casos la atencién primaria de su zona.

En atención primaria, el ICS gestiona el 77% de los 371 equipos. El 23% restante está gestionado por 36 entidades distintas (14 Consorcios Públicos, 7 Fundaciones, 12 EBA, 3 sociedades anónimas). Muchas de estas 37 entidades son proveedoras al mismo tiempo del SISCAT y sociosanitarios de la zona. Alrededor de 50 equipos de atención primaria (EAP) están gestionados por este tipo de entidades provocando su dependencia económica y funcional de las estructures hospitalarias mucho más potentes económicamente que marcan los flujos de la atención secundaria y que en su mayoría, prestan atención privada en sus centros hospitalarios.

Externalización y subcontratación de Servicios

Ya no se prevé integrar otros centros en el ICS al contrario, por ejemplo el programa de integración del Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) fué anulado. El IDI tiene hoy dia contratos, convenios y encargos de actividad con múltiples entidades que no son el ICS. Actualmente el 62,3% del gasto del Cat Salut se debe a la provisión de Servicios en forma de conciertos con diversas entidades públicas y privadas y un 37,7% a un contrato –programa con el ICS.

Bajo la idea de colaborar para coordinar múltiples aspectos del funcionamiento y necesidades de los Centros Asistenciales se creó en 1984 el Consorcio Hospitalario de Cataluña, hoy Consorcio de Salud y Social (CSSC) que ha desarrollado su actividad en el ámbito local y municipal. Hoy día este consorcio agrupa a 27 entidades de gobierno local y a 30 hospitales de agudos del SISCAT, 53 centros de atención primaria y 106 dispositivos de Salud Mental todos ellos entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro que reciben por parte del CSSC servicios de alto valor añadido y colaboración en la definición del modelo, adaptándose a las nuevas situaciones de los centros sanitarios y de atención social del mundo municipal.

Como ejemplo de la función del CSSC algunas de estas entidades como el H de Sant Pau, H. Clínic, H. del Mar, Consorci Sanitari Integral y el Laboratorio de Referencia de Cataluña han elaborado junto al Ayuntamiento de Barcelona y organismos como la Agencia de Salud Pública de Barcelona una propuesta de “contratación pública socialmente responsable” en cumplimiento de la nueva Ley de contratación Pública de noviembre de 2017 que traspone al ordenamiento jurídico español dos de las 3 Directivas de Contratación de la Unión Europea: 2014/23/UE relativa a contratos de concesión y 2014/24/UE sobre contratación pública. La propuesta insta a aplicar a los contratos no directamente asistenciales o de “batas azules” criterios de cláusulas sociales y ambientales. Si bien introducirán mejoras en las condiciones contractuales, no discriminación, fomento de la contratación de empresas de economía social, se afianza la externalización y fragmentación de la gestión de unos servicios cuyo costo en conjunto calculan en 64 millones de euros y que se reparten en 40% cocina, 38% limpieza, 9% Mantenimiento, 5% lavandería, 6% Seguridad y 1% transporte

El CSSC ha creado durante todos estos años un “holding” de empresas que han extendido sus actividades a prácticamente todas las áreas sanitarias: gestión, consultoría, ingeniería, compras, laboratorios. Este modelo ha sido el origen de algunos escándalos de corrupción. Es el mismo que se puso en practica en Reus creando el “holding” INNOVA de empresas de servicios sanitarios y otros por el que se sigue un proceso contra 3 personas uno de ellos Josep Prat (ex presidente del ICS) condenado ya al pago de 900.000 € de multa con una causa en la jurisdicción penal en la que le solicitan 10 años de cárcel. Por otro lado el presidente y director general del CSSC desde su creación hasta 2012, Ramón Bagó, fundador del potente grupo Sehrs, dedicado a hostelería también ha sido investigado en los últimos años. Su actuación en este consorcio en la adjudicación de contratos fue calificada por la fiscalía de “evidente situación de confluencia en su persona de intereses públicos y privados en claro conflicto, atendiendo a su posición”.

Políticas favorecedoras de sistemas privados

La idea de racionalización y aprovechamiento de los recursos ha conducido a que sea la misma empresa que gestiona el hospital comarcal la que gestiona los equipos de atención primaria de la zona que pierden autonomía y así establecen contratos de atención sanitaria con empresas privadas por el hecho de estar localizadas en el Área Integral de Salud correspondiente. Alguna entidad privada como Mutua de Tarrasa con larga tradición. Dos hospitales privados por ejemplo, uno de ellos con ánimo de lucro, reciben pacientes desde el Hospital Clínico de Barcelona por estar en su área. En otros centros la presión de las listas de espera obliga a la derivación de pacientes a hospitales privados o públicos de zonas mas lejanas como es el caso de pacientes del Valle de Aran que son derivados a Barcelona

La degradación del sistema público

Los recortes de 2011 cuando CIU puso de Consejero de Salud al Director de la patronal hospitalaria de Cataluña Boi Ruiz, debilitaron enormemente el sistema público y no se ha recuperado. Se estima que tras los recortes, la actividad del Hospital Clínico por ejemplo, se redujo un 16% lo que hace plausible que esta actividad haya sido asumida por otros centros de su área. La presión de las listas de espera de los grandes hospitales se ha utilizado remitiendo a los pacientes a la red de centros privados muchas veces sin corresponder al área integral de salud correspondiente. Por ejemplo pacientes del área metropolitana de Barcelona son derivados a centros privados del centro de la ciudad con desplazamientos costosos pero aceptados por la demora en ser programada la intervención o la prueba diagnóstica

El presupuesto del Departamento de Salud pasó de 9.700 millones en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.200, después de sucesivas rebajas. En cambio el grupo privado IDC pasó de recibir 71 millones en 2010 a recibir 127 en 2012. En 2013 la reducción del presupuesto de Atención Primaria respecto a 2010 fue del 22%. Aunque el Cat Salut ha mejorado ligeramente la asignación presupuestaria en los dos últimos años, siempre se ha primado la asistencia hospitalaria sobre la primaria. Actualmente reconoce que en atención primaria hacen falta 1.500 profesionales médicos.

La mejora de la atención sanitaria pública en la actualidad ya no pasa únicamente por la recuperación de lo perdido. El sistema sanitario público catalán debe enfrentarse al crecimiento de las aseguradoras privadas; 27% de los ciudadanos de Cataluña tiene un seguro privado. La disminución de un 15% del presupuesto sanitario público entre 2010 y 2014 ha repercutido en un aumento del 16% en los beneficios de las aseguradoras. La estadística de los Centros Hospitalarios de Cataluña que elabora el Departamento de Salut muestra también que durante estos años ha aumentado de manera notable el número de profesionales y las Inversiones en los centros hospitalarios privados mientras han disminuido en los del ICS hasta el inicio de una leve recuperación en los dos últimos años. Aún así las mejoras presupuestarias muestran un claro favoritismo por la atención hospitalaria. La situación precisa en la actualidad poner en el centro la acción de potenciar urgentemente la Atención Primaria para iniciar una reversión controlada del daño. Hasta ahora no se ha dado este paso.