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Votar por la sanidad pública

 

Se acercan las elecciones y como desgraciadamente era de esperar la Sanidad no esta ocupando un lugar importante, mas bien ninguno, en la campaña electoral, muy entretenida en las mentiras y exageraciones del trifachito y en los debates (si sí, si no, o todo lo contrario), mientras tanto el juicio que parecía iba a ser una estrella mediática se ha quedado casi oculto por el aburrimiento burocrático del procedimiento judicial, y las andanzas y espionajes de Villarejo solo han merecido una pequeña atención de la opinión publicada.

Se veía venir esta marginación de la Sanidad en la campaña electoral y ello pese a que es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía, según dicen las encuestas, y evidentemente tiene una gran importancia, a veces es determinante, en la vida de las personas, ya que se trata de un servicio publico básico que todo el mundo utiliza y/o necesita a lo largo de toda su vida, a veces sin ser consciente de ello (por ejemplo el control de las enfermedades infectocontagiosas, mediante vacunas, tratamientos, etc es una de las garantías de nuestra salud), además de servirnos como una red de seguridad en el caso de enfermar, porque tampoco solemos darnos cuenta de que el sistema sanitario público nos garantiza una atención de calidad, a todas las personas, de cualquier enfermedad, cualquiera que sea su coste y en cualquier punto de nuestra geografía. Que estamos ante un sistema que expresa la solidaridad de las personas con más salud y más recursos con quienes están mas enfermas y son mas pobres, y que por eso tiene tan gran aprecio y reconocimiento internacional.

Por supuesto este es el primer motivo para votar por la Sanidad Pública, porque tenemos un buen sistema sanitario que hay que preservar y defender, y que en ello nos va nuestra salud y puede que nuestra vida.

El segundo motivo es que hemos vivido un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización de la Sanidad Pública protagonizado por el PP y sus aliados que intencionadamente la ha empeorado para favorecer los negocios privados (en los últimos años el seguro que mas ha crecido es el sanitario, que tiene ya mas de 11,5 millones de afiliados), porque cuando las cosas funcionan mal o las listas de espera se prolongan, muchas personas se buscan la vida ( si tienen recursos económicos) en el sector privado, aunque habitualmente si tienen un problema grave de salud tengan que volver a la Sanidad Pública para resolverlo.

El tercero es porque la Sanidad Pública necesita recursos suficientes para poder recobrarse de los recortes y para ello es preciso tener fondos públicos adecuados y para ello se precisa recaudar impuestos. Quienes prometen rebajas de impuestos (que además suelen ir dirigidos a los que mas tienen) están haciendo insostenibles unos buenos servicios públicos entre ellos la Sanidad (recuérdese que las CCAA dedican a Sanidad alrededor del 40% de sus presupuestos), por eso no hay que votarles porque lo que están diciendo, sin expresarlo claramente, es queremos peor Sanidad Pública, mas recortes, mas copagos, mas exclusiones, mas desigualdad.

El cuarto tiene que ver con la política privatizadora que se ha llevado a cabo en nuestro país y que lejos de contener los costes como se vendía los ha incrementado notablemente (5-7-8 veces mas) sin mejorar la asistencia y deteriorando aun mas a los centros públicos. Por eso hay que exigir el acabar con las privatizaciones y recuperar lo privatizado, como se ha hecho en Alzira, y se promete en Denia, porque es factible y solo depende de la voluntad política de los gobiernos.

El quinto porque necesitamos pararle los pies a la industria farmacéutica, que no contenta con tener grandes beneficios quiere hacerlos cada vez mayores, a costa de los presupuestos públicos y de la exclusión (1,4 millones de personas no retiran los medicamentos prescritos por problemas económicos). Necesitamos una política farmacéutica que controle y racionalice el gasto y que anteponga los derechos de la población a los beneficios de las multinacionales. Y ya sabemos lo que quiere el tripartito, favorecer los intereses de la industria y ponerles las menores trabas posibles (por ejemplo acaban de anular las subastas de medicamentos en Andalucía, o lo que es lo mismo dejan de ahorrarse 200 millones € en farmacia).

Digamos que esos son los principales motivos para votar por la Sanidad Pública y no hacerlo por el tripartito neoliberal de ultraderecha, que está por el recorte y la privatización, y lo ha demostrado allí donde gobierna o ha gobernado, aunque lo haga a la chita callando y no como Vox que (sin complejos) anuncia con claridad que esta por la privada.

Pero obviamente hay muchos mas, y no son los menores que tenemos que reivindicar nuestro derecho a que no nos impongan ideologías conservadoras y confesionales en nuestra vida y en nuestra muerte, y porque queremos que las mujeres puedan decidir si quieren o no abortar, y los enfermos terminales si desean seguir sufriendo o dejar de hacerlo, porque nadie obliga a ejercer un derecho que debe ser individual y garantizado por la Sanidad Pública (si Abascal y Casado quieren morir entre horribles sufrimientos, allá ellos, a los demás que nos dejen en paz).

Si las cosas están tan claras ¿Cómo es que no aparece en las primeras paginas de los periódicos o de las televisiones?. Obviamente hay muchos motivos, uno de ellos es que los otros partidos no lo han sabido/querido poner en primera línea del debate público y de sus propuestas (generalmente piensan que la Sanidad les quita votos, no se los da), otro son los intereses de los propietarios de los medios (en muchos casos lo son también de empresas relacionadas con el aseguramiento y/o la provisión privada), otra la presión de los anunciantes o los grandes sistemas de propaganda de las empresas farmacéuticas, tecnológicas, aseguradoras, etc, y también, por supuesto, una población que parece dar por hecho que tenemos un buen sistema sanitario y que nadie se va a arriesgar a destruirlo.

Tenemos que ser conscientes que votando por la Sanidad Pública defendemos los intereses del 99% de la población frente al 1% que se lucra de su deterioro y desmantelamiento, ahora es el momento, hay que votar y hacerlo por la Sanidad Publica, por nosotros mismos y por todos. Tu salud, la mía, la de todos, esta en juego, no podemos fallar.

La trampa de la Pediatría en Atención Primaria

Fecha de Publicacion : 15/04/2019
Fuente:  https://www.saludadiario.es/opinion/la-trampa-de-la-pediatria-en-atencion-primaria
Autor: www.adspsalamanca.org
 
Los sistemas de salud más exitosos saben conjugar a la perfección dos ámbitos. El primero de ellos es la Atención Primaria, donde se atienden patologías frecuentes y que no precisan de complejidades instrumentales ni alta tecnología para ser diagnosticadas y tratadas. Sus profesionales están altamente entrenados en detectar cuándo y qué situaciones deben ser derivadas al segundo nivel, saben manejar la incertidumbre y obtener un conocimiento valioso de los pacientes, familias y contextos, para maximizar sus resultados.
 

El segundo es la atención secundaria, el hospital, donde profesionales altamente cualificados en una parcela atienden patologías infrecuentes, casos complejos referidos a un área exclusiva y donde disponen y manejan la potente tecnología.

En Atención Primaria son especialistas en saber atender una gran diversidad de patologías de muy diferentes áreas, edades y situaciones y en ofrecer una atención continua, a lo largo del tiempo. Evaluados por patologías individuales, en ocasiones, los resultados de los especialistas del hospital son superiores a la Atención Primaria, pero cuando se estudian estos fenómenos globalmente, los resultados de tener una Atención Primaria fuerte con las atribuciones antes comentadas son superiores en nivel de salud, calidad en la atención, costes y equidad. Las evidencias en este sentido son robustas y de largo contrastadas, aunque sean contraintuitivas: la "paradoja de la Atención Primaria" lo han llamado.

Si un sistema de salud pierde este engranaje, las fuerzas que es capaz de generar se disipan. Es como un globo hinchado que vuela: si se le hace un agujero, aunque sea muy pequeño, poco a poco termina perdiendo presión dentro de él y cayendo al suelo.

Hay muchos tipos de agujeros que se le pueden hacer a un sistema de salud. Uno de ellos es colocar a pediatras en los centros de salud.

En España, tradicionalmente, han sido los médicos de Familia quienes han atendido a los niños en los centros de salud. En otros países europeos sigue siendo así. En su plan de formación de cuatro años, cuatro meses están dedicados a la Pediatría (dos en Urgencias del hospital y dos en el centro de salud), mucho más que a otras especialidades. Los médicos de Familia están perfectamente capacitados para realizar la atención en esta área específica y en este nivel.

Otro de los agujeros que se le pueden hacer a un sistema de salud es que se presten servicios basados exclusivamente en deseos de pacientes (inducidos y cocinados previamente desde fuera) y ceder a las luchas de poder que plantean algunos profesionales. Un sistema de salud público está entrenado, especializado y focalizado en dar respuesta a lo necesario e importante, al interés general, mediante la fuerza y los recursos del Estado, mientras que si se aleja de esta misión se termina orientando (desviando) al mercado y a los intereses privados.

Esto es lo que sucede en el caso que nos ocupa. Se ha ido difundiendo entre la población la idea de que los niños serán mejor atendidos por un pediatra que por un médico de Familia en un centro de salud, igual que se difunde la idea de las bondades del acceso directo al especialista, de la libre elección de profesional… Todas propuestas aparentemente razonables, pero sin ninguna base y perjudiciales para paciente (iatrogenia) y sistema (ineficiencia y asimetrías).

Este agujero en el globo puede generar, y de hecho genera, un efecto arrastre en otras áreas: Paliativos, Ginecología, Geriatría… que, con las mismas razones, reclaman su monopolio en el primer nivel de atención y que terminan por desmembrar y desnaturalizar el sistema.

En el área específica de la Pediatría, ha sucedido que los intereses individuales de los profesionales, su representación y su poder han sido cooptados por unas sociedades científicas plagadas de intereses privados y financiadas (y, por tanto, dirigidas) por la industria alimentaria y farmacéutica. Se han hecho especialistas en "secuestrar la voluntad del Estado" e imponer la suya con diferentes métodos (captura del regulador). Tener a pediatras en primera línea de atención ha sido fundamental para influir en la prescripción de algunos productos de muy dudosa indicación, en disputa con el interés general, representado por Salud Pública y el Ministerio de Sanidad.

Los pediatras son profesionales de gran preparación, brillantes académicamente y, en general, comprometidos socialmente con una de las partes más vulnerables de la sociedad: la infancia. La mayor parte de ellos han crecido profesionalmente en el hospital, y es ahí donde quieren seguir desarrollando su actividad.

La promesa de que habrá pediatras en todos los centros de salud es imposible de cumplir. Los pediatras no son muchos, y los que hay no quieren salir del hospital, en su mayor parte. Los que salen, evidentemente, desean el medio urbano. Esto genera inequidades, que es uno de los pecados más grandes que puede cometer un sistema público de salud, pues precisamente se crea para resolverlas.

Pero también es cierto que insistir de manera falsa y a sabiendas en la necesidad de pediatras para atender niños cuando el sistema público no los proporciona en su totalidad crea un mercado privado muy jugoso. La atención de la salud no es una cuestión técnica, simplemente; también lo es de poder y económica, en sus múltiples derivadas.

A pesar de este escenario de escasez de pediatras, las potentes y soberbias sociedades científicas insisten difundiendo mensajes que generan desconfianza en la población porque médicos de Familia atiendan a niños, en un ejercicio de irresponsabilidad y de (falsa) ignorancia.

En lo político, algunos partidos de izquierda no han entendido todo esto y, pensando que hacen un bien, contribuyen a desviar (más) el sistema hacia el mercado, alineados con las aspiraciones de la derecha.

Todo este conflicto se sostiene porque los médicos de Familia contribuyen como lacayos y el Estado se inhibe, como si con él no fuera. Si los médicos de Familia tuviéramos dignidad y profesionalismo, dejaríamos caer el bolígrafo y se produciría el colapso. Se conseguiría reformular entonces todo este despropósito.

Blindar derechos sociales para preservar la sanidad pública

 
Uno de los mayores avances en la respuesta a la enfermedad de los seres humanos fue la creación y desarrollo de los Sistemas Nacionales de Salud en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Los Sistemas Nacionales de Salud de iniciativa estatal se fundamentaron en los principios de universalidad, justicia y eficiencia. Tal esfuerzo de las sociedades provocó el reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de la salud. Así fue como la salud se convirtió en una obligación protectora del estado frente a la realidad humana de la enfermedad. Los pueblos consiguieron mejorar rápidamente los indicadores de salud y la esperanza de vida al nacer aumentó hasta niveles inesperados.
 
EL SISTEMA INGLÉS: DE LO PÚBLICO A LO PRIVADO
 
Uno de los países pioneros en la creación de un SNS fue Inglaterra. El sistema nacional de salud inglés, National Health Service (NHS), fue desarrollado por gobiernos laboristas y se fundamentó en el Informe Beverigde, con un enfoque a la cuestión de la enfermedad colectivo, social, nacional y  no individualista. El desarrollo del NHS supuso una gran transformación histórica llevada a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principios fundamentales fueron que los servicios debían ser integrales, universales y gratuitos en el momento de la utilización. Fue todo un logro de los laboristas británicos y fundamentó el llamado “Estado del Bienestar” keynesiano, frente al “Estado de Guerra” de la Alemania Nazi. Algunos autores consideran que el desarrollo de los estados del bienestar con fuertes compromisos sociales fue la respuesta de los estados capitalista para contrarrestar las políticas sociales de la Unión Soviética durante la “Guerra Fría”, un peaje a pagar por el capitalismo tras la victoria del socialismo soviético. Pero fuere como fuere, se consiguió plantear una respuesta a la enfermedad de manera colectiva y no individualista, y fuere como fuere los Sistemas Nacionales de Salud se extendieron por numerosos países europeos, incluyendo el nuestro, consiguiendo resultados magníficos para la salud de los pueblos. La historia del ser humano es en ocasiones terrible y magnífica, después de una Guerra Mundial que asoló el mundo, las sociedades pudieron ofrecer una respuesta a la realidad humana de la enfermedad hasta el momento no conocida en la historia.
 
Pero esté horizonte de esperanza cambió tras evidenciar una terrible contradicción: los sistemas sanitarios públicos financiados a través del esfuerzo colectivo de una sociedad (impuestos), estaban rodeados de un sistema capitalista de libre mercado que los observaban como una oportunidad de negocio. Las tensiones no se hicieron esperar y se concretaron en cada país de manera similar. La privatización de los servicios públicos fue la norma en casi todos los países en consonancia con los nuevos tiempos del neoliberalismo globalizado, quizás por ello afirma A. Pollock que “separar la financiación de la provisión (quien suministra y abastece) es el primer paso para la privatización total de la Sanidad Pública, pues favorece la pérdida de control del sistema y el desarrollo de un mercado interno fácil de desarrollar para el interés privado”.
 
Para conocer mejor como afecta la privatización de la sanidad pública a los objetivos históricos de un país, de una sociedad o de un colectivo, es preciso conocer cuáles son los sistemas y relaciones económicas que afectan al sistema sanitario. Sin este conocimiento, tan solo se puede llegar a una visión parcial del asunto y las conclusiones solo pueden servir para captar reflejos de la realidad pero sin conseguir modificarla (1). Es por ello que conviene recordar un poco la historia.
 
En Inglaterra, tras décadas de desarrollo, en los años 70 y 80, bajo los gobiernos liberales de Margaret Thatcher, el NHS sufrió una gran transformación al incorporar nuevas fórmulas de gestión privada que supusieron la apertura del sistema sanitario público a las empresas sanitarias privadas. Posteriores gobiernos laboristas no modificaron la dirección política de esta reforma sanitaria inglesa. La reforma neoliberal sanitaria supuso un fracaso a nivel de eficiencia por incrementar los costes y fragmentar el sistema sanitario complicando su gobernanza, no mejoró los resultados de salud de los ciudadanos ingleses, y aumentó las desigualdades en salud y abriendo el negocio de la salud a empresas transnacionales (2).
 
ESPAÑA: LEY GENERAL DE SANIDAD DE 1986
 
En España, en 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y la asistencia sanitaria también se prestaba en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituyó al modelo franquista de sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, pues aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar” en España. El Sistema Nacional de Salud español, desde sus comienzos, también manifestó la contradicción de ser un sistema público de salud rodeado de un sistema capitalista de libre mercado.
 
En 1991, comenzaron las propuestas para una reforma neoliberal mediante un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados, el Informe Abril, que marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del Partido Popular), que favoreció y consolido la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria (ya se habían producido algunas experiencias anteriores). Estas normativas debilitaron los principios de la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago” (3).
 
La mercantilización de las cuestiones humanas y la alienación de las mismas, es una herramienta poderosa de la ideología dominante para conseguir objetivos políticos. Al mercantilizar la sanidad y la salud se le desposee de su auténtico valor inmaterial para reducirlas a un precio, a una mercancía, quizás por ello afirmaba el profesor Antonio Machado aquello de “tan solo el necio confunde el valor con el precio”.
 
La necesidad de blindar los derechos sociales
 
La situación de los derechos sociales no pasa por unos de sus mejores momentos. En la actualidad, las desigualdades avanzan de norte a sur. Este país huele a elecciones, pero parece que no serán unas meras elecciones legislativas. En un reciente artículo publicado por el profesor universitario Héctor Illueca, se expone el nudo en el que se encuentra España, cito aquí su análisis textual: “Desde que empezó la crisis económica, nuestro país ha experimentado una profunda transformación en los dos grandes pilares que vertebran y sostienen cualquier constitución democrática: la constitución económica y la constitución territorial. En lo que respecta a la primera, la reforma del artículo 135 CE acometida en 2011, supuso la derogación de facto de la cláusula del Estado social prevista en el artículo 1.1 de la Ley fundamental. En su formulación clásica, esta cláusula implicaba el reconocimiento a nivel fundamental de los principales derechos sociales y la consagración de un nuevo tipo de Estado intervencionista y planificador, orientado a garantizar las principales condiciones de existencia a la ciudadanía. Pues bien, la tipificación del principio de estabilidad presupuestaria y el otorgamiento de absoluta prioridad al pago de la deuda pública desvirtúan cualquier compromiso social por parte de los poderes públicos, sometiendo nuestra Carta Magna al imperio de la economía. Desde el mes de agosto de 2011, España ya no es un Estado social. España es un Estado neoliberal”. (4).
 
Frente a esta realidad, la necesidad de blindar los derechos sociales por encima de los intereses económicos resulta no solo adecuada, sino imprescindible para preservar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el trabajo digno y reconstruir el Estado Social liquidado por un mercado reaccionario que engendra a su propio Leviatán (5).
 

(1) Gramsci, Antonio. Antología. Selección y traducción de Manuel Sacristán, Editorial AKAL. 2013.
(2) Las cuestiones clave de la sanidad pública: un diagnostico comparado de los Sistemas Públicos Sanitarios de España y el Reino Unido. Colección  Estudios nº54. Fundación 1º de Mayo. En http://www.pensamientocritico.org/salrua0515.pdf. Visitado en octubre 2018.
(3) Lorente P. Nueva Tribuna. 31 de marzo de 2018. En https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/modelo-alzira-cronica-fracaso-anunciado/20180331084325150297.html. Visitado en octubre de 2018.
(4) https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/03/22/28a-elecciones-materialmente-constituyentes/
(5) Job 47. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+41&version=DHH

Más impuestos, por favor

Fecha de Publicacion : 03/04/2019
Fuente: https://lacronicadesalamanca.com/235323-mas-impuestos-por-favor/
Autor: José Generoso Gómez Cruz. ADSP Salamanca
 

Llegan tiempos de elecciones y gran parte de los partidos políticos en un intento de agradar a corto plazo a la mayoría de la población, han comprado la tendencia neoliberal de los últimos años y dicen en sus mítines y entrevistas que cuando ellos gobiernen bajaran los impuestos. Cuesta mucho encontrar un partido que incluya de forma abierta entre sus promesas electorales el aumento de impuestos.

Pero estos mismos partidos hablan a su vez de mejorar la sanidad, la educación, la atención a los mayores, las jubilaciones…

Imposible hacer más con menos. No se puede decir que se van a bajar los impuestos y a la vez se va a invertir más en sanidad pública.

Debemos ser conscientes de que una bajada de impuestos conlleva indefectiblemente una disminución de las inversiones en beneficio público y la privatización de determinados servicios. ¿Quién gana con ello? En sanidad nos intenta hacer creer que es más barato privatizar los servicios sanitarios, y lo hacen en unas ocasiones abiertamente como en el caso Alzira, o en otras de forma más sibilina, sin que se note, como se está haciendo en Castilla y León. En nuestra autonomía con la disculpa de mejorar las listas de espera, se aumentan los presupuestos para externalizaciones y se concierta la atención sanitaria con empresas privadas, en vez de potenciar soluciones desde el sistema público tanto en atención primaria como especializada. Salamanca es un ejemplo palpable, donde la concertación de la atención a pacientes de sacyl en hospitales privados, está llegando a niveles donde ya no se sabe dónde acaba lo público y empieza lo privado.

Por el contrario un aumento de impuestos, que por supuesto debe ser de forma proporcional a los ingresos tanto de individuos como de pequeñas y grandes empresas,  nos permitirá invertir más en sanidad púbica para hacerla más sostenible.

Otra cosa es cómo se debe invertir los presupuestos en sanidad pública de forma eficiente. Sin duda es imprescindible retomar y aumentar la inversión en sanidad, pero también es imprescindible, acabar a su vez con las bolsas de ineficiencia actuales que los gobiernos anteriores no han hecho más que aumentar, descuidando la sanidad pública y potenciando la privada. Lo uno sin lo otro no tendría ningún efecto.

Este es el momento. A la hora de votar no nos puede mover el deseo de castigar a una determinada tendencia política, no podemos votar con las tripas, debemos ser muy conscientes de que en realidad lo que estamos decidiendo es qué políticas sanitarias queremos que se sigan en nuestro país en los próximos años. Y si lo que queremos  es tener una sanidad pública fuerte, saludable y con futuro, debemos pensar a quien votar a la hora de ejercer nuestro máximo derecho como ciudadanos.

El deterioro de la atención primaria en Madrid en datos

 

La Atención Primaria (AP) en la Comunidad de Madrid ha sufrido un proceso de especial deterioro en los últimos años, seguramente dentro del programa privatizador de los gobiernos del PP.

Las cifras son incontrovertibles. Así el porcentaje sobre el presupuesto sanitario que se dedica a AP ha sufrido continuas rebajas, pasando del 12,67% en 2010 al 11,63% en 2016 y al 10,97% para 2019 (El promedio de las CCAA fue de 14,49% en 2010 y 13,67% en 2016).

Lógicamente el número de personas asignadas por medico de familia, pediatra, profesional de enfermería y administrativo no ha parado de crecer situándose muy por encima del promedio de las CCAA (200 más en medicina de familia, 150 en pediatría, 500 en enfermería y 400 en administrativos), aumentando el porcentaje de profesionales con más de 1.500 y 2.000 personas asignadas entre 2010 y 2017 (de 54,09 a 56,95% y de 4,25 a 7,81%) con lo que se deteriora la asistencia y se incrementan las demoras en citas.

Claro está que las cosas son peores si nos fijamos en las unidades de apoyo donde el promedio de las citas para fisioterapia estaba en 71,04 días y 63,25 en odontología infantil.

En esta situación, la Consejería de Sanidad está poniendo en marcha un proyecto piloto en 14 centros de salud por que se cancelan las citas a partir de las 18,30 horas. Un proyecto que disminuye la accesibilidad de la población a la AP (en 2017 en este horario se produjeron 6.114.625 citas, el 19,28%). Obviamente también incrementará las demoras en las citaciones.

Por otro lado aumentarán las urgencias (cada 1% que disminuyen las citas en 48 horas aumentan 1,75 urgencias/1000 habitantes), que ya están bastante saturadas (entre 2010 y 2016 aumentaron un 24,67% en la Comunidad de Madrid), y también fomentará la deriva de enfermos hacia el sector privado (si alguien pide cita en AP y le dan para 5-7 días o se irá a urgencias o buscará salida en la privada), pero solo si tiene medios económicos, por lo que aumentarán las desigualdades en el acceso a la asistencia sanitaria.

Por otro lado, se deteriorá la continuidad asistencial que es básica en la AP y se favorece la compatibilidad entre la pública y la privada. Finalmente supondrá un recorte de las plantillas.

En esta situación deberíamos plantearnos:

- Incrementar los presupuestos destinados a la AP para llegar al 20% del presupuesto;

- Recursos profesionales suficientes para la AP: se precisan 500 profesionales más de la medicina y 2.000 de enfermería, así como 600 en los equipos administrativos;

- Asegurar al menos el 95% de las citas de AP en 48 horas;

- Recuperar las citaciones de especialistas y pruebas diagnósticas desde los centros de salud;

- Establecer un mínimo de 10 minutos por consulta, mediante el cambio de las correspondientes agendas;

- Favorecer el acceso desde AP a pruebas diagnósticas y dotar a los centros de salud de los recursos e infraestructura para una atención sanitaria de calidad;

- Fomentar la actividad comunitaria de los profesionales, especialmente de la enfermería;

- Potenciar la atención domiciliaria;

- Desarrollar la prevención y la promoción como tareas básicas de la AP;

- Mantener el horario actual de la AP, paralizando las reducciones del horario y por lo tanto de la accesibilidad y continuidad de la atención;

- Establecer mecanismos efectivos de participación en AP.

Pero sobre todo hay que cambiar la política sanitaria de Madrid para fortalecer la sanidad pública, para ello es fundamental las movilizaciones sociales y profesionales y un cambio de gobierno en la Comunidad.

La cobertura sanitaria universal requiere un sistema fiscal potente y equitativo

Fecha de Publicacion : 03/04/2019
Fuente: https://nuevarevolucion.es/la-cobertura-sanitaria-universal-requiere-un-sistema-fiscal-potente-y-equitativo/
Autor: Carlos Sánchez Fernández
 

El 7 de abril se celebra el día mundial de la salud organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene como lema: “COBERTURA UNIVERSAL PARA TODAS LAS PERSONAS EN TODAS PARTES”. Un lema que es muy importante porque pretende recordarnos que casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios sanitarios básicos, que cerca de 100 millones de personas se ven abocadas a la pobreza extrema (es decir, viven con 1,90 $ USA al mes o menos) por tener que pagar los servicios de salud de su propio bolsillo. Asimismo, más de 800 millones de personas (casi el 12% de la población mundial) gastan al menos un 10% de su presupuesto familiar para pagar los servicios de salud, y todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas han acordado tratar de alcanzar la cobertura sanitaria universal a más tardar en 2030, en el marco de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La idea de la cobertura universal se sustenta en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que señala que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado y que le  asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”y ha sido posteriormente refrendado por la Conferencia de Alma Ata (1978), la Estratagema Salud para Todos en el Siglo XXI (1998) y numerosas Conferencias y Declaraciones, la ultima en Astaná (2018).

La Organización Panamericana de la Salud señala que“El objetivo absoluto y definitivo de la cobertura universal de salud en relación con la cobertura de servicios es que cualquier persona pueda obtener los servicios de salud esenciales que necesita, es decir, una cobertura de salud del 100%”. Abarca toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos, se trata de permitir que todos puedan acceder a servicios que atienden las causas más importantes de las enfermedades y la muerte, y asegura que la calidad de esos servicios sea suficientemente para mejorar la salud de las personas que los reciben.

Como es  una estrategia que pretende aplicarse a nivel mundial, tiene en cuenta las limitaciones de muchos países para implantarla de manera inmediata (básicamente por problemas económicos), y se fija objetivos escalonados, ejemplificados en lo que se conoce como el cubo de la salud que plantea el avance en 3 sentidos: aumentar la población protegida, aumentar la financiación pública, que en el cubo denomina “fondos mancomunados” (que incluyen financiación con impuestos y seguros sociales) y paralelamente disminuir los copagos, y aumentar los servicios cubiertos. Estas estrategias de avance no son excluyentes y pueden ser complementarias, y son muy distintas en cada país.

La OMS recuerda también que es preciso fortalecer los sistemas sanitarios en todos los países y contar con una financiación suficiente porque si la población tiene que pagar la mayoría de los gastos de salud de su propio bolsillo, los pobres serán incapaces de obtener muchos de los servicios que necesitan, e incluso los ricos se verán expuestos a dificultades económicas en caso de enfermedad grave o prolongada. La financiación pública permite repartir los riesgos financieros relacionados con una enfermedad entre la población.

LO mismo sucede con la dependencia de una buena asistencia sanitaria de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas. Las inversiones en personal de Atención Primaria de Salud que son imprescindibles y las mas son eficaces, y al menor coste, para mejorar la equidad en el acceso a los servicios de salud esenciales. Otros elementos fundamentales son la buena gobernanza, la existencia de sistemas de adquisición y suministro de medicamentos y tecnologías sanitarias, y de sistemas de información sanitaria eficientes.

En la cobertura sanitaria universal (CSU) no solo es importante determinar qué servicios están cubiertos sino de qué manera se financian, gestionan y prestan. Es preciso cambiar radicalmente la prestación de los servicios con el fin de asegurar que se integre y focalice en las necesidades de las personas y comunidades.

La cobertura universal y sus problemas

Aunque obviamente la idea es positiva y muy potente porque sitúa el derecho a la atención sanitaria como un derecho humano básico de todas las personas y busca asegurar la cobertura de todas las personas en todos los lugares, su puesta en funcionamiento se ha encontrado con algunas serias contradicciones.

La primera es su enfoque pragmático, por otra parte obligado, que ha servido a muchos gobiernos como coartada para no avanzar seriamente en la misma con la excusa de su situación económica y social. La segunda es que no hace suficientemente hincapié en la necesidad del acceso gratuito a las prestaciones necesarias incorporando copagos para las mismas, lo que va unido a la definición de “paquetes básicos” de prestaciones asistenciales que en algún país han supuesto un retroceso sobre lo existente en manos de gobiernos neoliberales (por ejemplo en Argentina) y por fin la utilización de esta ampliación de cobertura para potenciar seguros privados y provisión por empresas privadas financiados en todo o en parte con fondos públicos lo que al final ha favorecido el deterioro y desmantelamiento de los servicios sanitarios públicos preexistentes (Argentina, México) o unos costes muy superiores al desarrollo de la Sanidad Pública dejando en manos las prestaciones de multitud de organizaciones privadas (Chile).

La situación en España

Curiosamente el mayor énfasis de la OMS en avanzar en la cobertura universal coincidió con la aprobación del RDL 16/2012 que era un ataque en profundidad al sistema universal realmente existente en nuestro país, aprobado por el Gobierno del PP a pesar de que en los foros internacionales (por ejemplo, la Asamblea de la OMS) apoyo sin rechistar la estrategia de la CSU.

Aunque el Gobierno actual aprobó el RDL 7/2018 denominado de Sanidad Universal, la realidad es que sigue habiendo serios problemas en nuestro país el acceso de las personas a las prestaciones sanitarias que necesitan. Primero para los propios inmigrantes no regularizados, ya que la convocatoria electoral dejo en el limbo el reglamento que había de desarrollar el RDL 7/2018 y algunas de las CCAA se aprovechan para ponerles múltiples trabas; y no digamos la propuesta de la ultraderecha de denunciar a los no regularizados que sean atendidos en el sistema sanitario. Otra fuente de exclusión son los copagos farmacéuticos, que según el último Barómetro Sanitario (2018) impedían a 1,4 millones de personas retirar medicamentos prescritos por sus médicos con los previsibles efectos que ello tendrá para su salud y que no han sido evaluados por las autoridades sanitarias. Finalmente, están las listas de espera que cuando se prolongan excesivamente, lo que ocurre ahora mismo según todos los indicadores disponibles, suponen una verdadera barrera de acceso a prestaciones necesarias, además de una fuente de inequidad, y de fomento de la privatización, porque quienes tienen medios económicos suelen solventarlas en el sector privado.

¿Que se puede hacer?

La propia OPS señala las tareas para cada nivel de responsabilidad

  • Las administraciones publicas deben escuchar a quienes defienden la ampliación y la calidad de la cobertura universal
  • Los profesionales de la salud pueden debatir y hacer propuestas para mejorar y extender la atención sanitaria de calidad
  • La ciudadanía debe exigir su derecho a la salud, comunicar sus necesidades, opiniones y expectativas sobre los recursos, organizar debates y actuar para que las administraciones públicas pongan en marcha estrategias que favorezcan la salud para todas las personas
  • Los medios de comunicación, difundir las experiencias que fomentan el acceso de las personas a servicios de calidad, insistir en la responsabilidad de los poderes públicos en cumplir sus compromisos en materia de salud y crear espacios de dialogo entre administraciones, profesionales y población.
  • Y los tres generar alianzas que fomenten la salud y refuercen los sistemas sanitarios.

En casi todo el mundo, coincidiendo con el 7 de abril o en fechas próximas, se han programado actividades y movilizaciones diversas que entroncan con la situación de cada país. En España los temas que se abordan son las listas de espera y el deterioro de la Atención Primaria.

Unas ultimas reflexiones, para garantizar la CSU es preciso una financiación sanitaria suficiente, para lo que se precisa un sistema fiscal potente y equitativo (es decir, en el que paguen mas los que mas tienen), la inexistencia de barreras de acceso a las prestaciones necesarias (económicas, demoras, etc.) y un sistema sanitario público para anteponer los derechos de las personas a una atención sanitaria de calidad por delante de los beneficios económicos de las empresas.

Los años de la crisis en Atención Primaria. (3) La opinión de la población

Fecha de Publicacion : 29/03/2019
Fuente: https://www.actasanitaria.com/los-anos-de-la-crisis-en-atencion-primaria-3-la-opinion-de-la-poblacion/
Autor: Carlos Sánchez Fernández, Fernando Villaverde Espinosa y Marciano Sánchez Bayle

Con este artículo, dedicado a la opinión de los ciudadanos sobre la Atención Primaria (AP), se cierra la serie de tres en que, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), se ha analizado su evolución en los años de crisis económica.

La opinión de la ciudadanía es un factor clave a la hora de analizar el funcionamiento de la Atención Primaria (AP) y para ello hemos analizado la información que se recoge en el Barómetro Sanitario, sobre el que conviene hacer algunas matizaciones.

La primera de las cuales es que, aunque el número global de encuestados es bastante representativo (alrededor de 7.500 en todo el país, varía según los años), cuando se desagrega por Comunidades (CCAA) algunas, por su población, tienen pocos encuestados, la que menos La Rioja, 52 encuestas en 2018, por lo que en estas los resultados tienen que ser vistos con prudencia. Obviamente Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia tienen muestras muy importantes. La segunda es que algunas preguntas “desaparecieron” en los últimos Barómetros (probablemente porque los resultados no convenían a las autoridades sanitarias del momento). Y la última es que la formulación de algunas preguntas cambió, con lo que los resultados no son estrictamente comparables o debe de hacerse esta comparación con prudencia. Por otro lado, hemos utilizado, cuando era posible, la comparación entre 2010 y 2018 (el último Barómetro publicado) y, en algún caso, con años anteriores.

Valoración positiva

En general, y como sucede con todos los servicios analizados, la valoración de quienes utilizan la Atención Primaria (AP) es bastante buena y esta permanece casi igual en el tiempo, tal y como se observa en la Tabla siguiente en la que la consideración de que la atención recibida fue buena o muy buena creció en 0,23 y superaba en promedio el 86%. Los datos por CCAA evidencian que disminuyó la valoración en 8  ellas y que solo en un caso esta valoración baja del 84% en 2018, superando este año en tres comunidades el 90% (Aragón, Castilla La Mancha y Cantabria).

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La puntuación que se realiza del servicio sanitario es también favorable (> 7) con excepción del tiempo que tardan en verlo desde que piden la cita (6,44) y el tiempo que tardan en realizarle las pruebas diagnósticas (5,45). Como era de esperar, de acuerdo con lo señalado anteriormente, estas dos últimas preguntas desaparecieron en Barómetros posteriores.

Otro asunto importante es la preferencia por la AP de la Sanidad Pública. La siguiente tabla recoge la comparación de los resultados de la pregunta “¿Si Ud. pudiera elegir, preferiría la AP de la Sanidad Pública?”. Como se ve, se sigue prefiriendo mayoritariamente la Sanidad Pública y esta preferencia ha crecido en 4,34 puntos en el conjunto del país. En este asunto las diferencias entre CCAA son mayores. En dos CCAA (Baleares y Canarias) esta preferencia en 2018 no alcanza el 55%, y solo en una (Asturias) supera el 80% (85,7%).

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Sector público vs sector privado

Cuestión diferente es el resultado de analizar las veces que durante el último año acudieron las personas encuestadas al sistema público y al sector privado, produciéndose un crecimiento en ambos casos (un 4,87% más en el caso de la Sanidad Pública y un 26,47% en el de la medicina privada). Como siempre, con gran variabilidad interautonómica, pero llaman la atención los casos de Canarias (de 0,44 a 0,76), Murcia (0,07 a 0,69), Cataluña (0,44 a 0,64), Madrid (0,42 a 0,61) y Cantabria (0,20 a 0,57). Una deriva preocupante que demuestra que el deterioro del sistema público (en este caso, la mayor presión asistencial que ya señalábamos en el artículo anterior y las importantes demoras en las citas)  acaba “favoreciendo” la utilización del sector privado.

Durante el último año ¿cuántas veces acudió a un medico de cabecera de la Sanidad Pública, y cuántas a uno privado?

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Congruente con esta situación son los resultados de la tabla siguiente que comparan la evolución de quienes pensaban que la AP había mejorado y empeorado en los últimos cinco años. (Utilizamos los resultados de 2010 y 2016 porque, a partir de este año, la pregunta “desapareció” del Barómetro).

Ya se ve que en estos años el porcentaje que piensa que había mejorado la AP disminuyó en 21,83 puntos y quienes piensan que había empeorado aumentó significativamente (+13,3 puntos). Las situaciones más llamativas en cuanto a quienes piensan que había empeorado la AP se dan en Cataluña (+18,84), Andalucía (+18,07), Madrid (+16,92), Castilla La Mancha (+16,48) Baleares (+ 14,85) y Castilla y León (+14,61). Como se ve (y con la limitación de que no se analiza el mismo periodo), coinciden bastante con aquellas CCAA donde más aumentaron las consultas de AP en el sector privado.

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Demoras en las citas

Por fin vamos a revisar las demoras en las citas de AP, un caso este en que las preguntas concretas han cambiado con el tiempo, pero teniendo en cuenta esta limitación hemos elaborado la tabla siguiente en la que se ve la evolución de las demoras en las citaciones.

En 2010, el 44,5% señalaba que le daban cita “siempre o casi siempre” en 24 horas y, en el 2018, el 47,5% decía que le atendieron “ese día o el siguiente”, por lo que parece que la situación no ha cambiado mucho a nivel global, aunque la distribución en 2018 ofrece una gran variabilidad (entre el 82,8% y el 21,3%).

Hemos recogido también el porcentaje que dice que fue citado con más de seis días de demora: nada menos que el 24%, situación presente en todas las CCAA, en algún caso con porcentajes muy escandalosos (el 48,2% en Cataluña, 22,7% en Baleares y 20,8% en Valencia). Por otro lado se detectan citas con más de 10 días de demora en un 6% en todo el país. De nuevo, con la peor situación en Cataluña (el 18,1%).

Lógicamente, la mayoría de la población (66,1%) se muestra disconforme con la fecha en la que le dieron la cita y solo en Galicia hubo mayor porcentaje de personas que le pareció bien el día que le atendieron (51,2%).

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Como era de esperar existe una relación inversa entre el porcentaje de personas a las que atendieron ese mismo día o el siguiente con el número de consultas anuales en el sector privado (que supera el promedio de consultas privadas en el 75% de las CCAA con menor porcentaje de citas en 48 hs, frente al 15,38% en el caso de las que tienen un mayor porcentaje, diferencia significativa p = 0,022). Es decir las mayores demoras en las citaciones favorecen la mayor utilización del sector privado. Se podría decir que “expulsan” a la población hacia la privada porque, cuando una persona recibe cita para 4-5-6 y no digamos 11-12 días en AP,  tiene tres opciones: esperar a que su problema de salud se solucione espontáneamente o que empeore; acudir a la urgencia (generalmente hospitalaria, que ha crecido un 13,65% entre 2010 y 2016); o, si su economía se lo permite, irse a la medicina privada.

A modo de conclusión

La ciudadanía tiene en gran aprecio la AP pública, a la que elige de manera preferente sobre el sector privado, elección esta que se ha incrementado con la crisis. Asimismo, porcentajes muy amplios refieren que su atención ha sido buena o muy buena y dan un notable a la actuación de los profesionales. De todas maneras detectan que la AP ha empeorado en los últimos cinco años.

El principal problema está en las demoras en las citas, que cuestionan seriamente la accesibilidad y la continuidad y que, probablemente, son la causa del aumento de las urgencias hospitalarias, y del crecimiento de las consultas al médico general en el sector privado durante este tiempo.

La accesibilidad y la continuidad son dos de las principales características de la AP. Para garantizarlas hay que asegurar que más del 95% de la demanda se atiende en 48 horas. Nos tememos que, si esto no se asegura, seguirá el aumento de la utilización del sector privado, generador de exclusiones y desigualdades, y abriría paso a la liquidación de la Sanidad Pública. Por supuesto y como ya señalamos en artículos anteriores, para evitarlo hay que incrementar de manera sustancial los presupuestos y los recursos profesionales de la AP, porque dotación presupuestaria y de personal, demoras en la atención y huida hacia el sector privado están interrelacionadas.

Los años de la crisis en Atención Primaria. (2) Recorte en los recursos humanos

Fecha de Publicacion : 26/03/2019
Fuente: https://www.actasanitaria.com/los-anos-de-la-crisis-en-atencion-primaria-2-recorte-en-los-recursos-humanos/
Autor: Carlos Sánchez Fernández, Fernando Villaverde Espinosa y Marciano Sánchez Bayle
 
 

En un artículo anterior señalábamos cómo habían evolucionado, a la baja, los presupuestos sanitarios en el total del país y las diferencias entre CCAA. En este pretendemos ver el impacto que estos recortes han tenido sobre los recursos humanos de la Atención Primaria centrándonos en cuatro categorías profesionales: medicina de familia, pediatría, enfermería y personal administrativo.

Para poder utilizar datos homogéneos que nos permitan realizar comparaciones entre las Comunidades Autónomas (CCAA) utilizamos las ratios de población por profesional, porque además nos permiten tener una idea de la presión asistencial de los mismos, usando para ello los datos disponibles en el portal estadístico del Ministerio de Sanidad que, si en el caso del gasto sanitario se quedaba en 2016, en este ofrece datos hasta 2017 (un momento en teoría más favorable económicamente). Por otro lado, conviene tener en cuenta que la población durante este periodo disminuyó ligeramente según el INE, pasando de 46.815.516 personas, en 2010, a 46.609.652, en 2013, y a 46.528.966, en 2017. Es decir, 286.550 personas menos (6,12% menos) aunque de nuevo con muchas diferencias entre CCAA porque, pese a ello, tienen  un ligero crecimiento ocho de ellas.

La tabla siguiente recoge la evolución de población entre 2010 y 2017 (en %) según las diferentes CCAA (en negrita las que tuvieron crecimiento de población)

Es importante tener en cuenta este dato, porque la población asignada por profesional, al disminuir la misma un 6,12%, debería haber disminuido en igual proporción; y, si no lo hace así, evidencia que se ha producido un recorte en las plantillas.

Población por médico/a de familia

La población por médico/a de familia en el total del país disminuyó en el período (2010/2017) en un 2,93%, es decir menos que la disminución de la población, que recordemos lo hizo en un 6,12%, lo que significa que se perdieron puestos de trabajo globalmente en esta categoría profesional.

Esta situación sin embargo no se produjo en todas las CCAA, ya que aumentó la ratio de población en cuatro de ellas (Baleares, Madrid, La Rioja y Asturias) y, aunque el efecto del aumento de población puede haber tenido algún impacto en las dos primeras, en todo caso pequeño porque en Baleares el aumento es porcentualmente 10 veces mayor y en Madrid 2,61, pero en el caso de La Rioja y Asturias es poco comprensible porque disminuyó la población de manera significativa

Aunque el promedio de personas asignadas por profesional de medicina de familia da una idea general de la situación, es obvio que hay una gran dispersión de los datos, por lo que conviene también tener en cuenta otro dato relevante, como es el porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI (1.500 TSI es el límite que se considera recomendable no superar) y el % que tiene más de 2000 TSI (un caso evidente de sobresaturación). Como siempre la variabilidad entre CCAA es importante, como se ve en la tabla siguiente:

Profesionales de medicina de familia por tramos de población asignada

Lo primero que queda claro es que el porcentaje con más de 1.500 TSI es elevado y que ha disminuido ligeramente en este tiempo (45,11% en 2010 y 41,49% en 2017); pero, por el contrario, el porcentaje de quienes tienen más de 2.000 TSI se ha incrementado (0,45 puntos) lo que no parece justificable.

La disminución del % con más de 1.500 TSI se produce en  la mayoría de CCAA (para Cataluña no hay datos de 2017), excepto en Andalucía (de manera irrelevante = 0,03%), La Rioja (donde pasa de 0 a 24,42%)  y Baleares (donde aumenta 4,01 puntos, alcanzado el intolerable 85,26%). Entre las que disminuyen, llama la atención el caso de País Vasco (disminuye 21,56 puntos), Navarra (18,92) y Valencia (16,45), dándose el caso de que las dos primeras habían aumentado su población.

Si vemos las que tienen mayores porcentajes de más de 2.000 TSI por profesional en 2017, dos están a la cabeza, muy lejos del resto: Madrid (7,81%) y Baleares (7,46%). Lo más llamativo es el caso madrileño donde este porcentaje casi se ha duplicado desde 2010 (4,25%), mientras que en Baleares ha bajado ligeramente desde entonces.

Población infantil por pediatra

Las ratios de población infantil por pediatra han mejorado globalmente, pasando de 1.037, en 2010, a 1.018, en 2017 (- 1,83%) y, de nuevo, con gran variabilidad interautonómica. Todas las CCAA, excepto seis (Baleares, Castilla La Mancha, Extremadura, Madrid, País Vasco y la Rioja), experimentan una disminución de las ratios,  volviendo a sorprender el caso de Madrid que se coloca a la cabeza (crecimiento del 6,31%) y en una situación preocupante.

Situación de enfermería

La situación de enfermería es especialmente preocupante. Como es conocido, en España existe un déficit muy importante de estos profesionales: así, mientras la densidad de profesionales de enfermería /1.000 habitantes es de 9 de promedio en la OCDE, en nuestro país es de 5,5, según OCDE Health Data 2018. Además, mientras en la mayoría de los países la ratio profesionales de enfermería/ de medicina  en AP es de 2 ó 3, en España es de 0,87 de promedio y está por debajo de 1 en todas las CCAA,  con excepción de Navarra.

En el período analizado ha habido una ligera disminución de la población asignada por profesional de enfermería, el 3,63% (59 personas menos), inferior al descenso de población, lo que significa que ha habido una disminución del número total de estos profesionales en AP. El descenso ha sido casi generalizado (excepto en cuatro  CCAA: Asturias, Baleares, Cantabria y Madrid). De nuevo llama la atención el caso madrileño donde se alcanza la peor posición de todo el país, nada menos que 469 más que el promedio, el 30,31% más, una situación intolerable.

Personal administrativo

En cuanto al personal administrativo, de nuevo nos encontramos con una carencia preocupante. A pesar de ello, las ratios de TSI/administrativo disminuyeron un 5,55% (169 menos de promedio) y, otra vez, con gran variabilidad entre CCAA: incrementos en Andalucía, Asturias, Baleares, Cantabria y Castilla y León. En este caso, como en el de la enfermería, la ausencia de personal hace que se trasladen hacia otros profesionales de manera ineficiente tareas que podrían  resolverse por estos trabajadores y que crean cuellos de botella y sobrecargas en la asistencia.

Falta de profesionales cualificados

Una cuestión que merece un comentario específico es la problemática en que se encuentra la AP de falta de profesionales cualificados en varias categorías (medicina de familia, pediatría, etc.). Hay que dejar claro que se trata de un déficit provocado por una política miope de recortes en la formación de especialistas llevada a cabo pro los gobiernos del PP. Así el número de plazas convocadas en el MIR pasó de 7.288, en 2010, a 6.682, en 2013, 6.968, en 2016, y 6.325, en 2017.

Lógicamente, esto supone una disminución de los especialistas que terminan la formación correspondiente. CCOO ha calculado que, entre 2010 y 2018, se perdieron 298 especialistas en enfermería familiar y comunitaria, 93 plazas de pediatría y 1.051 plazas de medicina familiar y comunitaria (MFyC), lo que, unido al aumento de la emigración de profesionales (habitualmente a países con mayor densidad de los mismos) ha generado la situación actual.

Además se produce una baja utilización de la capacidad docente de MFyC,  de las que fueron ofertadas solo el 88,19% de las plazas acreditadas en 2012, el 81,67 en 2013 y el 92,07% en 2018 (resultando llamativo que en Madrid se produjera este año una disminución de la oferta de 2,2 puntos y en La Rioja de 15), lo que demuestra que sigue existiendo un margen amplio para paliar la falta de especialistas y que algunas de las CCAA siguen apostando por no solucionar el déficit.

Presión sobre los profesionales de AP

En resumen, en España hay una gran presión sobre los profesionales de AP, que no se ha reducido durante la crisis, cuando la disminución de la población podría haberse aprovechado para acortar significativamente los ratios de población por profesional. Existe una situación especialmente preocupante en el caso de enfermería, que tiene una falta de recursos muy importante que habría que intentar paliar de manera urgente.

Hay que ser conscientes de que las carencias de personal de enfermería y administrativo acaban suponiendo una sobrecarga de actividades inapropiadas a los profesionales médicos, generando problemas importantes (saturación de consultas, poco tiempo de atención efectiva, demoras en las citas, etc.). Por otro lado, se detecta una errónea política en las convocatorias MIR que ha generado falta de especialistas, que parece estarse corrigiendo en esta última convocatoria, pero que no tendrá efectos sobre el sistema hasta dentro de cuatro años.

Existe por otro lado una gran variabilidad en las dotaciones de profesionales entre las CCAA, llamando la atención los casos de Madrid y Baleares en cuanto a la gran presión de profesionales de medicina y enfermería, que no parecen tener justificación. En cualquier caso, entendemos que es necesario un incremento sustancial de las plantillas para que no existan profesionales médicos y de enfermería con más de 1.500 TSI asignadas. Por supuesto, lo ideal sería establecer unos límites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, dispersión, etc., así como aumentos en pediatría y en personal administrativo.

La invasión de la medicina en la vida cotidiana

 
Estamos asistiendo a una invasión de “la medicina” en la vida cotidiana. Los profesionales lo notamos porque situaciones hasta ahora consideradas no médicas (la muerte de un ser querido, una separación, problemas en el trabajo, la menopausia, la pubertad…) son motivo habitual de las consultas. Se está perdiendo la contención de los cuidadores y los remedios caseros de toda la vida para problemas leves y muchas veces parece necesario que el profesional certifique que uno está acatarrado o tiene una diarrea. Esta invasión también afecta a los medios de comunicación y las redes sociales que se llenan de enfermedades y sus tratamientos. Aparecen “gurús” que ofrecen remedios para resolver “la enfermedad de vivir”.
 
Es llamativo que una sociedad que vive más y donde se han erradicado las grandes plagas del pasado, tenga cada vez más personas que se sienten o se les etiqueta de enfermas y consecuentemente requieren algún tipo de tratamiento experto. A este fenómeno social le llamamos medicalización y conviene reflexionar sobre sus posibles causas y consecuencias
 
¿Siempre vale más prevenir que curar?
 
Una mala lectura de la medicina preventiva (siempre vale más prevenir que curar) es una de sus causas. Si su ideal es el riesgo 0 (no muerte, no enfermedad, no sufrimiento) todas las personas sanas deberían ser tratadas por “expertos” como enfermos potenciales. Uno puede imaginar cómo se amplía el negocio de quien obtenga beneficios de la enfermedad (o de los riesgos) creando dependencia de sus productos. Es clásico el ejemplo de invención de enfermedades (por ejemplo, el colesterol, la tristeza, la timidez o la menopausia), pero podría ser extensible a los alimentos-medicina, el fitness o la biotecnología. Una sociedad “en riesgo” es una sociedad asustada en busca de seguridad y dispuesta a pagar por “su salud”. La prevención es uno de los grandes avances de la medicina, pero no todo es prevenible y siempre hay que valorar si es peor el remedio que la enfermedad.
 
Si esto se mezcla con el “todo aquí y ahora”, máxima del consumo moderno, se olvida el principio básico de la medicina: que el cuerpo humano tiene gran capacidad de autocuración, pero que ello lleva su tiempo. Cada vez está más lejos la imagen del médico que cuida “expectante”.
resfriado
 
La responsabilidad de los profesionales
 
Los y las profesionales han colaborado con la medicalización. Los servicios sanitarios cada vez están más fragmentados con pérdida de la visión global del ser humano, cada vez son más especializados y con menos orientación hacia la salud pública y la promoción de salud. Este es el campo que la medicalización necesita.
 
Los médicos, bien con prácticas defensivas o directamente influidos por la industria farmacéutica, hacen cada vez más, usando pruebas diagnosticas y terapéuticas que a veces no tienen justificación y causan enfermedad. Además, la práctica profesional moderna se sustenta menos en la experiencia y más en guías y protocolos que muchas veces están basados en ensayos clínicos no fiables. Sabemos de la no publicación de resultados que no benefician a los patrocinadores y del uso de metodologías sesgadas y no válidas. Es el inconveniente de dejar la investigación en manos de los grandes grupos de presión con intereses en el sector.
 
Son claros los perjuicios de la medicalización para la sociedad. La hiperutilización de los servicios sanitarios que cierra un círculo vicioso de más diagnósticos, más pruebas, más intervenciones, más efectos adversos: no hay límite para la intervención médica, aunque siga la ley de los rendimientos decrecientes. La iatrogenia (enfermar por intervenciones medicas) es una causa importante de muerte en los países desarrollados. El gasto sanitario se dispara: si la única intervención al envejecimiento es la respuesta médica, el crecimiento de los costes públicos será insostenible (y el negocio de la industria más rentable cada vez). Crecerá la desigualdad: a las últimas tecnologías solo tendrán acceso quien pueda pagarlas.
 
Es paradójico que cuando se habla tanto de empoderamiento de la ciudadanía, este proceso de medicalización en el fondo lo que haga sea expropiar a las personas de su salud y hacerlos cada vez más dependientes (de los servicios que pueden contratar, del dinero que se pueden gastar, de los profesionales disponibles…).
 
Una visión que implica la negación del sufrimiento, la frustración, el miedo, la enfermedad y la muerte como realidades humanas, lleva a la construcción de un mundo virtual no humano que ninguno deseamos, pero al que ya nos acostumbran las series de televisión.
Frente a la medicalización, la Asociación para Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (ADSP-IB) plantea 3 propuestas a la sociedad:
 
La primera va dirigida a la ciudadanía (sus instituciones, organizaciones y también sus políticos) y tiene como objetivo poner en valor la promoción de la salud para afrontar los retos del futuro (envejecimiento, enfermedades del desarrollo, dependencias, accidentes y violencias, desigualdades crecientes). Es una estrategia no sanitaria que implica el aumento de la actividad física, la mejora de las relaciones sociales y personales, la dieta mediterránea, el respeto al medio ambiente, equidad… Busca la autonomía y el empoderamiento de las personas, la recuperación de las terapias no farmacológicas para la resolución de los problemas comunes.
 
También busca el consenso, un acuerdo entre todos para la mejora de la salud.
 
La segunda concierne a los profesionales y tiene como objetivo no medicalizar sin necesidad las consultas sanitarias. Proponemos sumarse activamente a iniciativas nacionales e internacionales cómo no hacer que se pretende disminuir las intervenciones innecesarias, aquellas que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste-efectivas.
 
La tercera es una llamada a la Administración Sanitaria para que impulse decididamente unos servicios sanitarios públicos, independientes de los grupos de presión de la industria, en todos los ámbitos asistenciales y de gestión de los servicios de salud. Basados en la atención primaria de salud como eje y ordenación de la asistencia sanitaria, mejorando la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada / hospitalaria. Y orientados hacia los factores de mayor valor e importancia para la salud pública y la promoción de la salud.

Los años de la crisis en Atención Primaria. (1) Evolución del gasto sanitario de AP

Fecha de Publicacion : 21/03/2019
Fuente: https://www.actasanitaria.com/los-anos-de-la-crisis-en-atencion-primaria-1-evolucion-del-gasto-sanitario-de-ap/
Autor: Carlos Sánchez Fernández, David García Espada y Marciano Sánchez Bayle

Con este trabajo se inicia una serie de tres que, sobre la situación de la Atención Primaria, se ha elaborado desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

La Atención Primaria (AP) esta viviendo una crisis que viene de lejos, pero que se ha agudizado en este ultimo año. Seguramente en su origen están las grandes expectativas que generó su puesta en funcionamiento hace ya 40 años y la contradicción entre un modelo esencialmente solidario y comunitario con una sociedad consumista y donde el peso del neoliberalismo en lo económico, político y social ha ido ganando terreno. También, por supuesto, el envejecimiento de los profesionales que la pusieron en marcha y la llegada mayoritaria de otros nuevos, que no han elegido de manera prioritaria la AP, sino que no han podido optar a otra especialidad y que viven su práctica diaria con una mezcla de frustración y de intento de convertirla en otra que responda más a sus perspectivas.

Una cuestión fundamental en esta evolución de los profesionales de AP tiene que ver con la escasa consideración que ha recibido la misma desde las autoridades sanitarias, que puede decirse que la han marginado en su consideración dentro del sistema sanitario público, bien porque, al ser una partida menos relevante del gasto, no le prestaron la atención debida, bien porque tenían puesto su objetivo en la mercantilización y privatización de la asistencia sanitaria y les molestaba una AP que difícilmente encajaba en este paradigma.

Evolución presupuestaria negativa

Esta escasa consideración se ha evidenciado en la evolución de los presupuestos sanitarios, y así puede observarse en la siguiente tabla que recoge el porcentaje del gasto sanitario público destinado a la AP (recogido con los datos del Ministerio de Sanidad), como disminuyó el porcentaje (que ya era bajo proporcionalmente) de una manera sustancial durante los años más intensos de la crisis, y que no se ha recuperado cuando ya se supone que se había producido la salida de la misma, sino que disminuyó aún más, de manera que en 2016 el promedio destinado a la AP en 1,21 puntos de promedio.

Gasto sanitario público en Atención Primaria en % sobre el gasto sanitario público total.

En este contexto llama la atención la gran variabilidad de los porcentajes según las distintas CCAA, variabilidad que se mantiene en el tiempo, aunque cambien las CCAA que se sitúan en los máximos y mínimos. En 2010, entre el 18,41% de Baleares y el 12,74% de Murcia (ratio máximo /mínimo 1,44); en 2012, entre el 16,76% de Extremadura y el 10,52% de Cantabria (ratio 1,59) y en 2016 entre el 17,7 de Cantabria y el 11,64% de Madrid (ratio 1,52). Es decir, la diferencia entre la que más dedica y la que menos lo hace se ha incrementado en estos años, lo que evidentemente fomenta la desigualdad.

Mayor disminución del porcentaje

La tabla siguiente recoge la diferencia entre el gasto de 2010 y el momento de mayor disminución del porcentaje sobre gasto sanitario público (que sucedió en 2012 o 2013 según las CCAA) y la diferencia con 2016.

Lo primero que llama la atención es que, en 2016, 12 de las 17 CCAA seguían destinando a la AP un porcentaje inferior al de 2010 (7 de ellas más de un punto menos) y dos (Baleares y Aragón) más de 4 puntos menos.

La última tabla recoge la evolución de los e/habitante ya año de gasto sanitario de AP (como es conocido, hay una gran diferencia en los presupuestos y gasto sanitario per cápita entre las CCAA, ver Los Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2019 y por ello conviene ver el gasto real en €/per cápita porque porcentajes altos de CCAA con un gasto sanitario bajo pueden en realidad ser insuficientes en la práctica.

En la tabla se observa que se ha reducido globalmente el gasto por habitante y año entre 2010 y 2016 en 3,68 € (un 1,84%) de nuevo con una gran variabilidad.  Ha disminuido el gasto por habitante en 8 CCAA, y el máximo y el mínimo siguen estando demasiado abiertos, aunque han disminuido algo (0,26 puntos): en 2010, máximo 252,57 de Extremadura, mínimo 141,84 de Madrid (ratio 1,78) y en 2016 máximo 254,17 Cantabria y mínimo 167,15 Madrid (ratio 1,52). Llamativa es la situación de Madrid que permanece la última desde 2010 a pesar de que esta situada la tercera por la cola en presupuestos totales per cápita en 2016.

Gasto y color político

Si analizamos la influencia del color político tanto sobre el porcentaje de gasto dedicado a la AP como el gasto per cápita en 2010 y 2016, vemos que no parece haber una influencia determinante. En 2010, el 71,42% de las CCAA gobernadas por la izquierda se encontraba por encima de la media (el  25% de las gobernadas por el PP, solo o en coalición) en cuanto a % de gasto sanitario en AP, y en 2016 eran el 55,55% (el 66,66% de las gobernadas por el PP);, mientras que, si vemos el gasto per cápita en 2010, estaban por encima de la media el 66,66% (55,5% en el caso del PP), y el mismo porcentaje en 2016 (66,66% del PP).  Aparte quedan las 2 CCAA gobernadas por nacionalistas: País Vasco por encima de la media en los 2 aspectos y Cataluña, por debajo (ambas en 2010 y 2016). Hay que tener en cuenta que algunas de las CCAA cambiaron el color de sus gobiernos en estos años y parece que los datos señalan tendencias de cada comunidad autónoma con alguna influencia, pero menor, de los gobiernos de izquierda en cuanto a mayor sensibilidad por la AP.

En resumen, el gasto dedicado a la AP disminuyó entre 2010 y 2016, tanto en porcentaje sobre el gasto sanitario total como en gasto por habitante y año, con gran variabilidad entre las CCAA y, probablemente. esta desatención presupuestaria está en el fondo del deterioro y del descontento que se vive en la AP en todo el país.

La trampa de los recortes

Fecha de Publicacion : 20/03/2019
Fuente: https://www.saludadiario.es/opinion/la-trampa-de-los-recortes
Autor: Miguel González Hierro
 

No, voy a denunciar –una vez más- lo obvio. Que ha habido recortes, que no se ha recuperado lo que se quitó. Que estos recortes están teniendo en el medio plazo efectos demoledores sobre el sistema sanitario público. Y, presumiblemente, sobre la salud de la población.

Se ha venido denunciando desde que comenzaron estos recortes en financiación sanitaria, desde 2009. El pasado año se recuperó la inversión en Sanidad de aquel año. ¡¡10 años después!!

La desinversión en Sanidad no tiene efectos inmediatos, ni tampoco tiene una visualización fácil.

Se decía por algún responsable político ante estas denuncias: "No hemos cerrado ningún centro". Naturalmente, faltaría más. No se cerraron, pero el recorte en financiación, en supresión de profesionales, en cierre de camas, en disfunción de servicios, equivale a que se hubieran cerrado totalmente el 10% de los centros sanitarios. Es decir, uno de cada diez centros de salud, por ejemplo. Pero no, el recorte incide en un 10% de menos recursos en cada uno de los centros. Y digo 10% por recoger una cifra fácil. Los recortes han oscilado entre el 5 y el 15%.

Ahora que confluyen un cúmulo de circunstancias desfavorables: falta de financiación, escasez de profesionales, jubilaciones extensas, minoración de plantillas. Y por qué no decirlo –a ello habría que dedicar algún análisis, aunque sea políticamente incorrecto, impopular-, el incremento incontrolable de la demanda sanitaria por parte de la población. Ahora, aparecen en toda su intensidad los efectos devastadores de estas fallas de financiación y de gestión durante los últimos diez años.

Por cierto, habría que pedir –exigir más bien- a la Administración sanitaria que midiera el efecto negativo sobre la salud de estos recortes. Medios tiene para hacerlo, cuerpos técnicos infrautilizados, como la Inspección Médica. Evaluación del impacto en pérdidas de salud, en errores médicos, en calidad, en incrementos de demoras, en alteraciones de salud de los facultativos…

Pero siendo grave lo dicho hasta aquí, lo realmente grave desde la óptica de este articulista, es que esta pérdida de recursos, esta pésima situación de la Atención Primaria y de los hospitales (en el hospital de Salamanca, el último recorte de la plantilla orgánica fue de 12 especialistas), ha llevado a la población y, especialmente, a los profesionales de la Sanidad, a reivindicar que se recuperen los niveles anteriores, recuperar el número de profesionales y de financiación.

Y esta es la gran trampa. Ya no clamamos por la reordenación de un sistema sanitario que precisa una reorientación severa. Ya no exigimos que se impulse la atención integral. Ya no instamos a que se potencie la educación, promoción y prevención en salud, el sistema más eficaz y eficiente para mejorar la salud de la población.

Nos han desviado los esfuerzos de reivindicación. Ahora hay que recuperar lo perdido. Gran trampa. Y ello, para regocijo de los intereses sanitarios privados que, con esta situación, ven crecer sus cuentas de resultados.

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