Estos últimos días los medios de comunicación y mucha gente en este país han estado sumamente preocupados por la caída y posible rescate de un pequeño niño. Aunque le he dado vueltas a este artículo no me he decidido a escribirlo hasta ahora que ya conocemos el desenlace, sobre todo para evitar entrar en la orgía de morbo con que se ha manejado todo el tema.

Vayamos primero a los hechos. La caída de una persona desde 71 metros de altura provoca la muerte en más del 95% de los casos, y el resto se quedan con secuelas gravísimas, si quien se cae es un niño de 2 años, lo mas probable es que lo haga de cabeza (la cabeza tiene un mayor peso relativo en los niños pequeños), si lo hace en un túnel de 25 centímetros de diámetro es casi seguro que choque repetidas veces con las paredes, provocándose múltiples traumatismos, y que la estrechez del canal le impida poner las manos por delante para amortiguar el golpe. Es decir, desde el principio se conocía que las circunstancias del hecho casi aseguraban (con una probabilidad superior al 99%) la muerte de la criatura. Si a ello le unimos que pasaban los días, sin agua ni alimentación e incluso, probablemente, sin oxígeno, carecía de sentido un seguimiento informativo empeñado en mantener la esperanza de encontrar con vida al accidentado (obviamente se hacía para incrementar la audiencia porque una persona viva genera más empatía e interés que alguien ya fallecido).

A mantener esta ficción, por supuesto, han colaborado algunos “expertos”, deseosos de tener su minuto televisivo, que planteaban todo tipo de fantasiosas “posibilidades” de que todo fuera bien, cuando la realidad conocida indicaba todo lo contrario. Lógicamente, las cadenas, les daban pábulo porque había que mantener el espectáculo y cuanto más morbo mejor para los índices de audiencia.

Desgraciadamente ya sabemos lo que pasó, pero convendría hacer hincapié en algunos aspectos positivos que podrían servirnos para el futuro.

El primero, por supuesto, es tener en cuenta la necesidad de extremar el control en los niños pequeños. Desde que comienzan a andar hasta los 5-7 años (depende de la maduración de cada cual) los niños intentan relacionarse con el mundo con una gran curiosidad y sin conciencia de sus limitaciones, ni de los peligros que corren, por eso es fundamental una cuidadosa vigilancia que les evite los numerosísimos problemas para su salud que les puede producir el entorno en el que se mueven. Como pediatra he visto, durante 45 años, ingesta de diferentes productos corrosivos, medicamentos, alcohol, de infinidad de objetos punzantes, incluso hachís y cocaína y accidentes innumerables (de tráfico, en casa, en la calle, en el campo…), mordeduras de todo tipo, etc., a veces con gravísimas consecuencias para su vida y su salud.

El segundo es la capacidad de los sistemas públicos y de las administraciones para afrontar estas situaciones, capacidad que se basa en una potente administración y servicios públicos de seguridad y asistencia que se sufragan con nuestros impuestos y que pueden peligrar debido a políticas irresponsables que intentan disminuirlos: sin impuestos suficientes no tendremos servicios públicos de calidad.

El tercero es la importante ola de solidaridad que generan estas situaciones y que son muy positivas, expresión de una población muy comprometida con los demás. No obstante, cabría preguntarse si el niño se hubiera llamado Mohamed, fuera de tez más oscura y hubiera nacido en Marruecos, Senegal o Libia, esta solidaridad hubiera sido la misma. Deberíamos ser conscientes de que nada podemos hacer ya por Julen, pero sí por muchos niños, centenares, que mueren todos los días, de hambre, enfermedades perfectamente previsibles, o ahogados en el Mediterráneo. Podemos evitarlo. Hagámoslo ya. Quien salva a un niño se salva a sí mismo y a toda la Humanidad.

Las recientes elecciones andaluzas han conducido a un cambio en el gobierno autonómico que pasa ahora a estar constituido por partidos políticos de derecha y extrema-derecha (PP-Cs-Vox).

El desarrollo de la Sanidad Pública en Andalucía, y en España, es el resultado del esfuerzo inversor mantenido durante décadas por toda la población española para generar una de las piezas fundamentales del sentimiento de igualdad y del bienestar que nos mantiene unidos a todos. No obstante, a partir de 2010, la política central (PSOE-PP) y autonómica (PSOE-Cs) ha conducido, mediante graves y continuados recortes presupuestarios, aún presentes, al consecuente deterioro de la Sanidad Pública que hoy padecemos. Esto ocurre desde que se decide políticamente que es prioritario pagar una deuda contraída sin responsabilidad por parte de la ciudadanía, antes que mantener el sector público que es un factor esencial para mantener una calidad de vida digna para la mayoría. Las consecuencias, entre otras muchas, ha sido que en Andalucía, y en España, han crecido de forma alarmante las desigualdades sociales; es decir, los poderosos son más y más ricos, mientras la mayoría de la población es cada vez más pobre. A pesar de que en este tiempo la economía ha crecido, el deterioro de los servicios públicos no ha sido restituido y solucionado.

No queremos generar alarma social, pero sí alertar a la población y proponer un movimiento activo para evitar la pérdida de derechos elementales, como es el de recibir una asistencia sanitaria universal, gratuita en el momento de recibirla, con financiación y provisión de servicios públicos, con las instalaciones sanitarias públicas abiertas a pleno rendimiento, vía impuestos y con espíritu solidario (por eso en el sostenimiento del sistema, los que más tienen son los que más deben aportar).

Decimos esto porque lo que se va conociendo de los programas avanzados por el tripartito que ha tomado el poder en Andalucía (acuerdo PP-Cs, profundamente condicionado por el de PP-Vox) permiten ya temer un empeoramiento del actual deterioro del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA).

En primer lugar, se proponen rebajar varios impuestos a los que más tienen, lo que redundará sin duda en menor inversión pública. En segundo lugar se propone la extensión del incentivo de exclusividad a aquellos médicos del SSPA que además trabajan en el sector privado, atacando así el principio de incompatibilidad pública-privada; es algo así como si la Coca Cola fomentara que sus empleados trabajaran también en Pepsi Cola. En tercer lugar, y conociendo lo realizado por los partidos actualmente en el poder en otros lugares (modelo Alcira Madrid, Valencia, Galicia), sus propuestas en cuanto a las “unidades de gestión sanitaria con mayor autonomía” o “el abordaje urgente de las listas de espera”, que en esos lugares ha llevado a derivar importantes recursos públicos, de forma poco transparente y con claros sobrecostes a empresas multinacionales sanitarias, disparan todas las alarmas de que no se trate de otra forma de desviación de fondos públicos al sector privado.

Por último, la proclamada “libertad de prescripción” y “supresión de la subasta de fármacos” va a representar un claro aumento del empleo de fondos públicos andaluces en pagar a las grandes corporaciones farmacéuticas. Habrá que estar atentos a la existencia de relaciones entre el nuevo Gobierno y la industria farmacéutica.

Nos esperan tiempos de movilización

En resumen, basados en el análisis de estas propuestas iniciales, tememos que el nuevo gobierno andaluz sea cómplice en la estrategia de primero deteriorar la sanidad pública para después justificar las privatizaciones posteriores y, así, derivar beneficios al sector privado, un esquema ya ensayado y, parcialmente desarrollado en otros lugares de España con pésimas consecuencias.

La estrategia está clara, primero se deteriora la sanidad pública para justificar su posterior privatización. No hay ningún elemento para deducir que el nuevo gobierno andaluz vaya a desarrollar otras políticas sanitarias. Por eso estamos convencidos que nos esperan tiempos de movilización.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), desde los años 80, y las Mareas Blancas andaluzas, dese hace varios años, vienen reclamando que se reconozca el deterioro de la atención sanitaria que se ha producido después de diez años de recortes permanentes. Conocemos y valoramos mucho nuestra sanidad pública y es por ello por lo que reivindicamos su recuperación inmediata. El gobierno andaluz socialista en el poder hasta ahora, en lugar de reconocer el deterioro existente, nos ha criticado y ninguneado. Esperamos que exista una autocrítica que sepa reconocer el error estratégico cometido y que nos unamos en la misma lucha todas las organizaciones que defendemos lo público para asegurar el bienestar social de la población. La ciudadanía y los profesionales sanitarios comprometidos deberían acompañarnos en nuestras justas reivindicaciones. Nos jugamos mucho; nos jugamos la Salud de todos.

Recientemente la prensa recogía una noticia de que un laboratorio (Aspen) multiplicó sus ingresos retirando cinco anticancerígenos del mercado español para así obligar a comprarlos en otros países donde los fármacos eran mucho más caros. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) inició un expediente por estas prácticas, pero será la Comisión Europea la que asuma el procedimiento para investigar todo el Espacio Económico Europeo. De hecho, el único país que quedará al margen de la investigación es Italia, porque su Autoridad de Competencia ya multó con 5 millones de euros a este laboratorio por estas prácticas, incluyendo incrementos de precios de hasta el 1.500%. El laboratorio presionaba a la Agenzia Italiana del Farmaco con la retirada de los productos como estrategia negociadora para lograr el incremento de los precios regulados.

Si se demuestran los abusos mediante precios excesivos, la empresa se enfrenta a sanciones que pueden llegar al 10% de su cifra de negocios global. Lo relevante no son solo las sanciones (que revierten en el erario público) sino sobre todo el efecto disuasorio sobre esta y otras empresas, que es más probable que se abstengan de acometer este tipo de prácticas. Las empresas farmacéuticas tienen derecho a una remuneración justa de sus productos, que compense los costes de su investigación, pero no a un aumento excesivo de precios sin justificación alguna.

Finalmente, esto pone de manifiesto la utilidad de la pertenencia a la Unión Europea, incluso en un ámbito como la sanidad donde las competencias no son ni siquiera nacionales sino autonómicas. La táctica de la empresa ha sido presionar a los distintos países (como Italia o España) con la retirada de sus productos en sus respectivos mercados para obligarles a comprarlos en otros mercados donde sus precios eran elevados. En Italia logró con esa amenaza un aumento de los precios regulados. La ventaja de disfrutar de un Mercado Único es que esa táctica puede acabar siendo infructuosa. De ello se beneficiarán los países donde los fármacos se retiraban (si se considera esta una práctica abusiva y por tanto ilegal) y los países donde los fármacos se comercializaban muy caros (pues los precios excesivos también pueden ser ilegales).

Todo ello nos hace quedarnos más tranquilos, en el sentido que frente a estas prácticas abusivas existen mecanismos legales que nos defienden y que pueden frenarlas.

Esto no es nuevo para los estudiantes de Medicina, ya que desde el primer día en la universidad (probablemente incluso desde el instituto) la gente que nos rodea nos mete en la cabeza que es una carrera muy competitiva, donde hay que intentar "ser el mejor" por encima de los demás.

Por eso circulan historias en las universidades, con mayor o menor grado de veracidad, pero sin duda exageradas, sobre estudiantes que no comparten sus apuntes, o que incluso tienen versiones erróneas para confundir a los demás. Apuntes tomados en verde para que no salgan en las fotocopias (¡hablamos de cuando las notas se tomaban a mano!), estudiantes que poseen modelos de examen que no quieren compartir…

Pero creo que la mayoría estará conmigo en que la realidad es muy diferente: la tónica dominante es compartir. Tanto a la hora de obtener apuntes como de compartir cualquier información relativa a las prácticas o exámenes.

Y a pesar de ello, cuando se acerca la época del MIR, la presión social sigue: te intentan convencer de que la residencia es una carrera en la que corres solo y compites contra los demás. Pero no hay nada más lejos de la realidad. La residencia es una experiencia única, un camino que recorres con tus compañeros, con quienes compartes muchos momentos, sensaciones, conocimientos, inseguridades… y en la que existe un alto grado de colaboración y comprensión mutua. Incluso en los mejores hospitales, de los que se piensa que son los más competitivos, los residentes mayores ayudan y enseñan a los que llegaron más tarde.

Y es que, lejos de lo que cree una gran parte de la opinión pública, la Medicina actual es un trabajo de equipo. Todos los profesionales aprendemos unos de otros, de interactuar con colegas de nuestra especialidad y de otras, o con otros profesionales sanitarios, como enfermeros, técnicos, auxiliares… O incluso de otras disciplinas, como físicos, químicos… No me cabe ninguna duda de que la mejor Medicina es la que se hace en equipo.

Y por eso, a los futuros residentes les diría que tengan esto siempre presente, porque así serán mejores médicos y, además, disfrutarán más de su profesión.

Como discípulo aplicado de la política neoliberal, Alberto Núñez Feijoo, desde que recuperó el poder en la Xunta de Galicia, puso en marcha una estrategia sanitaria basada en reducir la parte publica y potenciar la privada; abandonar la promoción y prevención de la salud para centrar el sistema en la reparación de la enfermedad para hacer negocio (como saben las multinacionales americanas que gestionan hospitales); y trasformar el sistema sanitario en una gran oportunidad de negocio para las empresas como aparece recogido sin pudor ni tapujos en la reforma de la Lei Galega de Saude aprobada recientemente.

En este escenario, la Atención Primaria (AP) y la Salud Pública tienen poco que hacer absorbidas por unos hospitales en los que las multinacionales y fondos de inversión están desembarcando, bien a través de la Colaboración Público Privada como es el caso de Vigo construido y gestionado por Concessia o por la compra de centros privados concertados como el Hospital Domínguez de Pontevedra o el Quirón de A Coruña adquiridos por la multinacional Fresenius.

Para facilitar esta política, Núñez Feijoo ha puesto en práctica tres medidas fundamentales:

1.- Paralizar el Plan de Mellora de Atención Primaria consensuado entre la anterior administración y todas las organizaciones de AP que contemplaba aumento de personal, inversiones en nuevos centros y equipamiento, y mejorar su capacidad resolutiva acabando con las restricciones en el acceso a pruebas diagnósticas y la reducción de la carga de trabajo burocrático delegado desde los hospitales.

2.- Acabar con la autonomía de gestión de la Atención Primaria, creando las Estructuras de Gestión Integrada (EOXIs) que suprimieron sus gerencias que fueron absorbidas por las Hospitalarias, lo que supuesto la pérdida de autonomía, de poder de decisión y el recorte de recursos humanos y presupuestarios de este nivel (el gasto en AP supone el 12,4% del total sanitario, cuando en el Plan de Mellora se estimaba en el 25%).

3.- Hacer desaparecer la Salud Pública a pesar de que algunos indicadores de salud, como la obesidad, el cáncer de pulmón, el tabaquismo o e sedentarismo, estamos a la cabeza del Estado y de Europa.

Como consecuencia son de sobra conocidas por los trabajadores de los centros de salud que tienen que atender medias de 40 a 50 pacientes diarios lo que impiden una atención de calidad y limita cualquier posibilidad de realizar actividades de promoción, prevención, investigación o trabajo comunitario. Por su parte la población debe esperar días para ser atendidos, soportan una masificación inaceptable o riegos para su salud como se demostró en el PAC de A Estrada por falta de personal para atender emergencias. En algunas áreas sanitarias como las de Vigo se han puesto medidas dirigidas a limitar el traslado de pacientes o las consultas con los servicios hospitalarios.

La dispersión del sector y la falta de respaldo las organizaciones que representan los intereses de la Primaria (unido a cierta incapacidad y errores en las mismas) determinó una escasa respuesta a esta situación cada vez mas inaceptable.

Pese a todo la realidad se ha impuesto en los Centros de Salud, de la frustración se pasó a la indignación y de esta a la rebelión: creación del movimiento PAC en pie de guerra y convocatorias de paros y encierros en los Centros de Urgencias de Primaria; convocatorias de huelgas con escaso seguimiento; y finalmente la dimisión del 80% de los jefes de Servicio de los Centros de Salud, chispa que ha incendiado un escenario propicio a la extensión del fuego. En todas las áreas se están celebrando reuniones del personal facultativo y convocando acciones reivindicativas, movimiento que se extiende sin control por todo el sistema.

CRECE LA INDIGNACIÓN SOCIAL

Pero la medida que ha provocado más cólera y enfado profesional y social con esta situación se mostró el 27 de diciembre en Vigo donde más de 50.000 personas (37.000 según la policía municipal que siempre es muy prudente en estas estimaciones) mostraron su rechazo a la marginación de la Atención Primaria y a la privatización del sistema.

Aunque organizaciones sociales como la Plataforma SOS Sanidade Pública y profesionales como la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública o la Asociación Galega de Medicina Familiar y Comunitaria, han desarrollado desde hace tiempo una serie de medidas de denuncia y de movilización social (la última el pasado mes de febrero en Santiago de Compostela), nunca ha habido una situación como la actual de rechazo y hartazgo con las políticas de la Xunta de Galicia, la Conselleria de Sanidade y las Gerencias de los EOXIs, que es necesario aprovechar para cambiar de política sanitaria.

No hay que llamarse a engaño, o cambiamos de gobierno o es casi imposible modificar la situación, pero mientras tanto es necesario obligar a Núñez Feijoo a abrir un proceso de diálogo con toda la AP, sin exclusiones, para acordar medidas urgentes para mejorar la situación en los centros de salud.

Desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública proponemos como algo imprescindible incrementar el presupuesto de AP, aumentar y recuperar el personal recortado en centros de salud, pediatría y PAC, acabar con la precariedad e inestabilidad laboral que obliga a los profesionales a emigrar fuera de Galicia, planificar nuevas plazas de formación MIR en Medicina Familiar y Comunitaria, sobre todo renegociar un Nuevo Plan de Mellora de AP que ponga las bases para poner el nivel en el centro del sistema.

Mientras tanto y para alcanzar este objetivo consideramos necesario mantener y extender la movilización en una gran alianza social y profesional contra la marginación de la Primaria, la privatización y el desmantelamiento del sistema sanitario público gallego.

Se estima que en la Comunidad de Madrid hubo en 2015 un total de 5.416 muertes por alta contaminación, lo que supone un promedio de 14,83 muertes al día en ese año por este problema. De esas muertes, 3.914 fueron culpa del PM10, 1.250 se debieron al Dióxido de Nitrógeno y 252 al Ozono. Según la AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) unos 15 millones de españoles respiran un aire que la Unión Europea considera insalubre. Las áreas más afectadas son Madrid y Barcelona.

En el año 2014, según la OMS, se estima que dos de las partículas materiales de diámetro inferior a 10 micras, el Ozono y el Dióxido de Nitrógeno, fueron responsables de 1.800 y 8.900 muertes prematuras en España, respectivamente. Las partículas PM2.5 también causaron el fallecimiento precoz de 27.900 personas en nuestro país, que se sitúa como el quinto país europeo donde más impacto tiene este tipo de contaminantes.

En total, la exposición prolongada a la contaminación atmosférica ha provocado la muerte prematura de 518.700 personas en 41 países de Europa en 2015, según el informe anual de calidad del aire realizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Entre los países más afectados nos encontramos con Italia, con un total de 84.300 muertes prematuras por contaminación, seguido de Alemania, con un total de 78.400 muertes, y en tercer lugar Polonia, con 47.500 muertes prematuras. España se sitúa en el sexto lugar de la tabla y en 2015 se incrementaron las muertes producidas por contaminación en un 23%.

DIFERENTES EFECTOS SOBRE LA SALUD

La contaminación atmosférica tiene diferentes efectos sobre la salud, causando muchas molestias en una gran proporción de población afectada. En el nivel más bajo podemos encontrar muchos tipos de molestias debido a la contaminación en un gran círculo de población. En menor medida, la contaminación atmosférica puede provocar cambios fisiológicos de significación incierta y cambios fisiopatológicos, que afectan a un número menor de población, pero tienen una mayor gravedad. La morbilidad y la mortalidad afectan a muy poca densidad de población, aunque son las causas más peligrosas del aire en mal estado.

Dentro del amplio rango de los efectos nocivos sobre la salud, cobran especial relevancia aquellos que se producen sobre el sistema cardiovascular y el tracto respiratorio, tanto superior, como inferior, algo que ya ha sido publicado por diferentes autores. Es cierto que las infecciones del tracto respiratorio son consideradas la principal causa de estos procesos; no obstante, ha sido descrito un efecto aditivo o sinérgico con los contaminantes.

Además, la alta contaminación puede producir una serie de daños que se van agravando con los años en los sujetos expuestos. En el útero puede ser la consecuencia de una microcefalia en el embrión o un menor peso al nacer y cambios en el epigenoma que pueden producir cáncer posteriormente. Cuando la persona aún es un bebé, la alta contaminación puede producir problemas de desarrollo, mayor frecuencia de sibilancias y de tos. En un niño ocasionará comúnmente un desarrollo más lento de la función pulmonar, así como mayor incidencia de asma e inicio de aterosclerosis, así como problemas en el desarrollo intelectual. Los niños pequeños respiran más aire en relación con su peso corporal que las personas de otros grupos de edad. Esto significa que respiran más contaminantes, por lo que la contaminación del aire les afecta más. La defensa del cuerpo y los sistemas pulmonares tampoco están completamente desarrollados todavía, y por otro lado permanecen más a tiempo al aire libre lo que les expone más a la contaminación. Por lo tanto, los niños pequeños no pueden combatir fácilmente las enfermedades que pueden resultar de la contaminación del aire.

Al llegar a la edad adulta, el haber estado expuesto a una alta contaminación podrá desencadenar en una disminución acelerada de la capacidad pulmonar, asma, una diabetes tipo 2, ataques al corazón y el comienzo de un cáncer pulmonar, también se ha señalado relación con otros tipos de cáncer (vejiga, leucemia, mama, etc), enfermedades neurodegenerativas y alteraciones en la espermiogenesis (mala calidad del esperma). Por último, en una persona mayor afectará directamente a su capacidad cognitiva, tendrá un alto riesgo de ataques al corazón e insuficiencias cardiacas, así como un cáncer de pulmón. Las personas mayores pueden tener pulmones, corazón y sistemas de defensa más débiles. También pueden tener una afección pulmonar o cardiaca no diagnosticada.

43% DE LAS MUERTES POR EPOC

La OMS recuerda que la contaminación provoca el 43% de las muertes por enfermedad pulmonar destructiva crónica (EPOC), el 29 % de las muertes y enfermedades por cáncer de pulmón, el 25 % de las muertes y enfermedades por cardiopatía isquémica, el 24 % de las muertes por ictus, y el 17 % de las muertes y enfermedades por infecciones respiratorias agudas.

Cansancio, dolor de cabeza, mareos, irritación de algunas zonas… Todos estos síntomas pueden ser fruto de un espacio altamente contaminado. Estos síntomas pueden ser más acusados si se ha pasado mucho tiempo en las áreas afectadas. Las personas con enfermedades pulmonares o cardíacas pueden experimentar síntomas más frecuentes y graves que pueden incluso ser mortales.

Las partículas inhaladas tienen dos efectos: la disolución y entrada en el torrente sanguíneo y la inflamación pulmonar. Las partículas inhaladas que entren por el torrente sanguíneo penetrarán en el Sistema Nervioso Autónomo, provocando o cambios en la resistencia vascular, causando una hipertensión en el afectado, o cambios en el ritmo cardiaco, que desencadenará un aumento en la frecuencia cardiaca, y por lo tanto una arritmia.

Por otro lado, las partículas inhaladas que están en contacto con los pulmones van a ocasionar una inflamación pulmonar y una liberación de mediadores, donde se puede originar una coagulación sanguínea que puede formar una trombosis en los vasos coronarios, creando así una enfermedad isquémica del corazón.

Es evidente que la capital de España ha sido configurada durante años para favorecer el tráfico rodado y más específicamente los vehículos particulares por lo que si queremos abordar en serio el problema tenemos que cambiar este panorama.

Las principales medidas a tomar son:

1.- Priorizar el transporte público en la ciudad
2.- Establecer medidas disuasorias para el uso de los vehículos privados.
3.- Fomentar y favorecer la movilidad andando
4.- Favorecer el uso de transportes no contaminantes como la bicicleta o los coches eléctricos
5.- Utilizar medidas puntuales de limitación de velocidad y de prohibiciones de acceso de los vehículos privados al centro de la ciudad, en los momentos con mayor contaminación.
Por eso parece necesario apoyar la actual iniciativa de Madrid Central, que supone un paso adelante en la buena dirección, pero a la vez hay que plantearse su ampliación cuando menos al área interior de la M30 si queremos abordar seriamente el problema.

De estos datos nos sorprende, sobre todo, el elevado porcentaje de médicos de la lista que trabajan en la sanidad privada y el de los que trabajan, simultáneamente, en ambas. También llama la atención el bajo número de mujeres (18), sobre todo teniendo en cuenta que la proporción de médicas en nuestro país es de más de la mitad de los colegiados (50,4% en el año 2017).

Ante esto se nos plantean varias preguntas. Lógicamente la primera es que desconocemos los criterios seguidos para la elaboración de la lista. Si no ha existido ninguna intención propagandística nos da por pensar si no estará habiendo una deriva de los profesionales hacía la sanidad privada ocasionada por una sensación de maltrato y una búsqueda de mejores condiciones económicas, laborales y de desarrollo profesional. Lo que desde luego crearía una preocupante y peligrosa situación para nuestra sanidad

La frecuente situación de desabastecimiento farmacéutico (el ultimo ejemplo es la escandalosa actuación de Aspen) y el elevado gasto en medicamentos, que tiene un muy preocupante crecimiento (14% entre 2014 y 2017 y el 22,7% solo en farmacia hospitalaria) obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto se ha planteado la idea de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.

1. Para garantizar la seguridad de los medicamentos. El reciente caso del Valsartan ha puesto de relieve como con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países conde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.
2. Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de la farmacéutica se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de las farmacéuticas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de Aspen de utilizar el desabastecimiento para presionar en la consecución de aumentos de precios es el ultimo escándalo conocido al respecto. Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada aunque no tengan rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
3. Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria publica valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
4. Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos, una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
5. Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer un aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los mismo (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%) Otro ejemplo, en Brasil recientemente una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vende el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio).

La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el Gobierno en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir la “quiebra de la patente” ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en la misma situación de no poder atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc.). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.

Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado numero de medicamentos existentes (mas de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), seria un obstáculo difícilmente salvable. No obstante conviene recordar que la ultima lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433 medicamentos, y que ese elevado numero de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente demasiado restrictiva, no tiene interés la producción pública de mas de 1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública, debería de comenzar por un listado mucho mas limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.

La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando pasos. Ahora bien, fiarlo todo a este cambio en las relaciones que regulan el comercio y la investigación en el ámbito global, me parece una actitud demasiado pesimista, porque es improbable que se consiga a corto y medio plazo. Algunas cosas pueden y deben hacerse aquí y ahora, propiciar un industria pública farmacéutica es una de ellas, y por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrara con una gran resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria.

La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado.

Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país.

La frecuente situación de desabastecimiento farmacéutico (el ultimo ejemplo es la escandalosa actuación de Aspen) y el elevado gasto en medicamentos, que tiene un muy preocupante crecimiento (14% entre 2014 y 2017 y el 22,7% solo en farmacia hospitalaria) obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto se ha planteado la idea de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.

1. Para garantizar la seguridad de los medicamentos. El reciente caso del Valsartan ha puesto de relieve como con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países conde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.
2. Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de la farmacéutica se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de las farmacéuticas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de Aspen de utilizar el desabastecimiento para presionar en la consecución de aumentos de precios es el ultimo escándalo conocido al respecto. Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada aunque no tengan rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
3. Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria publica valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
4. Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos, una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
5. Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer un aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los mismo (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%) Otro ejemplo, en Brasil recientemente una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vende el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio).

La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el Gobierno en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir la “quiebra de la patente” ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en la misma situación de no poder atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc.). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.

Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado numero de medicamentos existentes (mas de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), seria un obstáculo difícilmente salvable. No obstante conviene recordar que la ultima lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433 medicamentos, y que ese elevado numero de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente demasiado restrictiva, no tiene interés la producción pública de mas de 1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública, debería de comenzar por un listado mucho mas limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.

La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando pasos. Ahora bien, fiarlo todo a este cambio en las relaciones que regulan el comercio y la investigación en el ámbito global, me parece una actitud demasiado pesimista, porque es improbable que se consiga a corto y medio plazo. Algunas cosas pueden y deben hacerse aquí y ahora, propiciar un industria pública farmacéutica es una de ellas, y por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrara con una gran resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria.

La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado.

Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país.