La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), dado el éxito, en el día de hoy, de la huelga de la Sanidad madrileña a la que estaban convocados todos los centros sanitarios públicos de la región, tiene que resaltar que:

1.      La masiva respuesta de los trabajadores sanitarios (mas del 75% de los trabajadores en huelga a pesar, una vez más, de los elevados servicios mínimos impuestos) pone en evidencia el rechazo de la mayoría de los trabajadores de la salud ante la intención del gobierno del PP de la Comunidad de Madrid de privatizar numerosos centros hospitalarios y de Atención primaria en Madrid y de desmantelar y descapitalizar la Sanidad Pública.

2.      Pese a los servicios mínimos abusivos y las presiones de la administración, que tergiversan y manipulan las cifras de participación, miles de trabajadores de la sanidad pública madrileña y gran parte de la ciudadanía se han sumado al paro y a la protesta, en forma de concentraciones, en las puertas de los hospitales y centros de salud.

3.      Consideramos que, el  rechazo al desmantelamiento  y privatización de la sanidad pública han tenido un papel muy importante durante los últimos meses y, por ello, hacemos un llamamiento para mantener la  movilización y la alianza sindical, profesional, ciudadana y política en contra del desmantelamiento de uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Estas movilizaciones y huelgas, deben ser el principio del fin del experimento neoliberal  de poner a todo el país al servicio de los bancos y especuladores nacionales e internacionales.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante la muerte de un inmigrante no regularizado debida presuntamente a una deficiente atención derivada de su situación irregular, tiene que señalar:

1)      Desde la FADSP cuando se aprobó el RD Ley 16/2012 ya denunciamos que de su aplicación de iba a generar desatención a los colectivos de personas en situación irregular, problemas de salud y previsiblemente muertes que podrían haberse evitado.

2)      Este es el segundo caso en el que se produce un fallecimiento que se ha denunciado a resultas  de  problemas en la atención sanitaria en este grupo de población (el anterior en Valencia), pero no puede asegurarse que no se hayan producido mas casos que no se han conocido.

3)      Desde el RD Ley existe una situación dramática de desatención sanitaria de este colectivo, porque aunque en el mismo se asegura, teóricamente, la atención en algunas circunstancias, existe mucha evidencia de que hay casos de negativa a la atención en urgencias, embarazadas y menores, así como el hecho de que frecuentemente se les pretende facturar y/o cobrar la atención recibida, y con mas frecuencia aún se les ponen todo tipo de trabas a la asistencia sanitaria, lo que dado el caso de que se trata de personas en situación irregular, que temen que el exigir sus derechos sea aprovechado para expulsarlos del país, hace que demoren y/o no acudan a los centros sanitarios cuando lo necesitan.

4)      En el último caso denunciado, una muerte por tuberculosis, se trata de una muerte evitable y de un problema de salud pública que no ha sido atendido adecuadamente.

La Comunidad de Madrid acaba de quitar las prolongaciones de servicio activo a más de 800 facultativos de los centros sanitarios públicos.

El asunto, aparte de las malas maneras con las que se hizo (se comunico a las 13,30 hs del martes día 30 de abril en Administración de los centros, en algún caso a las 15 hs mediante una llamada al domicilio, sin tiempo para organizar los servicios y sin explicación alguna a los interesados) es especialmente grave si se tiene en cuenta que estas jubilaciones forzosas no van a ser cubiertas y en algún servicio alcanzan al 50% de las plantillas impidiendo así su normal funcionamiento.

Se trata de un paso más en el desmantelamiento de la Sanidad Pública madrileña cuyos efectivos se hacen cada vez insuficientes. Y todo ello, y de manera contradictoria, sucede en un momento en el que la versión oficial del gobierno es que hay que prolongar la edad de jubilación para hacer sostenibles las pensiones

El Gobierno de Núñez Feijoo va a aprobar, gracias a su mayoría absoluta , la denominada Ley de Garantías de Prestaciones Sanitarias destinada, teóricamente, a fijar un máximo de 60 días de espera para intervenciones quirúrgicas y 45 para consultas y pruebas diagnósticas; posibilitar la libre elección de médico, profesional de enfermería y hospital; acceso a una segunda opinión sobre determinadas enfermedades ; posibilidad de manifestar instrucciones previas ; y a recibir información sobre derechos y deberes de los pacientes.

1.- La Ley es innecesaria y supone un refrito legislativo dado ya que todas estas medidas están recogidas y garantizadas en múltiples leyes Estatales y Autonómicas plenamente vigentes, entre ellas la Ley Galega de Saude.

2.- La única novedad es que acorta el tiempo en lista de espera facilitando a los pacientes que superen los límites de tiempo a ir a un centro privado y que los costes sean pagados con dinero público. La Xunta sabe que los tiempos fijados imposibles de llevar a la práctica con los actuales recursos, sobre todo tras los recortes de personal y de la actividad de los centros públicos por la tarde, que han hecho crecer de manera importante los tiempos de espera (por poner un ejemplo en Vigo el 68% de los pacientes espera más de una año y el 22,8% más de dos, con un crecimiento del 63,9%). Ni hay dinero ni los centros privados pueden absorber el volumen de actividad necesaria para ello. La Ley solo beneficiará a determinados pacientes (que podrán permitirse el lujo de adelantar el pago de las intervenciones y esperar a que el sistema se las devuelva) y centros privados que recibieran dinero público para sus negocios empresariales.