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Así como medicamentos asequibles y baratos que se pueden comprar en línea.

Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia

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El Gobierno de Canarias privatiza la vacunación contra el coronavirus

adspCanariasLas mutuas y servicios médicos de empresas privadas se ofrecen a vacunar y el Gobierno de Canarias lo acepta dejando que ocupen esta competencia de la Sanidad Pública, ignorando además a las muchas voluntarias y voluntarios pertenecientes al personal de enfermería de la Sanidad Pública que se han ofrecido para hacer dicha tarea de modo añadido a su trabajo habitual.

El Gobierno canario accede así al ofrecimiento, sin dudas interesado, de la patronal que sigue escalando peldaños, ahora a través de las CCAA, en su objetivo de la llamada “colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios  a la misma porque además de continuar relegando la potenciación de la Sanidad Pública mediante los necesarios recursos humanos y materiales a efectos de cumplir con la función que le asigna democráticamente nuestra sociedad, deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión de la vacunación la exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.

Esta nueva privatización se añade a la que denunciamos en mayo del año pasado siendo entonces 33, y ahora 127, los laboratorios y clínicas privadas ajenas al Servicio Canario de la Salud autorizadas a realizar pruebas para la detección de la Covid-19, el "mercado" manda con nuevos "nichos de negocio" basados en los requerimientos de las empresas para sus trabajadores y en las solicitudes de particulares asintomáticos que se pueden costear las pruebas y que se llegan a facturar hasta por unos 200 euros cada diagnóstico del coronavirus.

En Canarias, y en el conjunto del Estado, lo que se debe hacer es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (noprofitonpandemic.eu/es/) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la Unión Europea, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de países como Rusia, China o Cuba. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables.

Insistimos en que estamos ante una iniciativa que no es altruista dado que supone una penetración, a través de ese caballo de troya llamado “colaboración pública-privada”, en las competencias de la Sanidad Pública como vía de ampliación del acceso privado a los fondos públicos. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 22 de marzo de 2021

La FADSP rechaza el papel de las mutuas y empresas privadas en la vacunación

 

VacLa patronal ha propugnado la intervención de las Mutuas y los servicios médicos privados en las empresas en la vacunación de la covid19, una iniciativa en línea de la llamada “colaboración pública-privada" con los fondos europeos para la recuperación económica y del empleo que es lo que está detrás de la llamada iniciativa “Sumamos Salud y Economía” que apadrina la Fundación CEOE presidida por la ex ministra de Rajoy Fátima Báñez.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública consideramos que esta privatización de la vacunación produce graves perjuicios a la misma porque utilizara fondos económicos y recursos humanos y materiales necesarios para la Sanidad Pública en detrimento de esta, y deja el campo abonado para que con el protagonismo privado en la gestión del acceso de la población al derecho público a la vacunación, lo exponga a la arbitrariedad, favoritismos y otras formas de corrupción.

Lo que se debe hacer en nuestra opinión es por un lado exigir la universalización de las vacunas como se exige en la Iniciativa Ciudadana Europea (La FADSP secunda la inciativa ciudana europea non profit on pandemic.eu) para que la Unión Europea declare Licencias Obligatorias para las mismas, lo que permitiría fabricarlas a todos los países a precios asequibles y justos. Además la UE, por motivos geoestratégicos e ideológicos solo ha comprado vacunas investigadas en Europa o USA, ignorando las vacunas de terceros países de eficacia similar. Este monopolio favorece unas condiciones de distribución y unos precios totalmente inaceptables. Es evidente que hasta ahora los problemas de la vacunación han venido por la falta de vacunas disponibles y no por la ausencia de un dispositivo sanitario para administrarlas.

El mecanismo natural de vacunación son los centros de salud, es decir la Atención Primaria, que tiene la experiencia, los conocimientos y la cercanía a la población (accesibilidad), que se precisa en una campaña de vacunación masiva. Evidentemente es necesario un refuerzo de medios humanos y de material que en algunas CCAA, desgraciadamente no en todas, se ha realizado.

Por lo tanto rechazamos totalmente una maniobra más de privatización sanitaria que se utiliza para ampliar la derivación de fondos públicos hacia el sector privado. La verdadera apuesta por la Salud y la Sanidad Pública pasa por garantizar vacunas suficientes para todas y todos y una Sanidad Pública debidamente dotada de recursos para cumplir con el objetivo de administrarlas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Marzo de 2021

La FADSP ante la aprobación de la ley orgánica de regulación de la Eutanasia

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La aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia es una buena noticia porque responde a una reclamación que veníamos haciendo hace tiempo desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica:

La Ley supone un alivio para todas aquellas personas que no quieren verse sometidas a un sufrimiento innecesario cuando no tienen otra alternativa razonable a su enfermedad grave e incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Y por otro lado un reconocimiento del derecho a decidir que asiste a cada persona en relación con el hecho de cuándo, cómo y dónde  morir si nos encontramos ante procesos, como los señalados, causantes de sufrimiento y pérdida de calidad de vida. Por otro lado, la Ley no obliga a nadie y concede al profesional sanitario la posibilidad de ejercer su derecho a la objeción de conciencia.

Por eso rechazamos los posicionamientos de los Colegios de Médicos y del Comité de Bioética, que solo pretenden imponer sus particulares convicciones ideológicas al resto de la población

Los cambios de la Ley durante su debate son más bien de matiz y responden sobre todo a criterios garantistas que son entendibles ante decisiones que por sus propias características son irreversibles. En este sentido consideramos importante el que se asegure la información necesaria, así como el que se hayan acotado los plazos, aunque la ausencia de una situación terminal debería de haberse recogido de una manera más clara.

La decisión del lugar donde debe practicarse la prestación tampoco esta claramente resuelta, y en todo caso deben de primarse las garantías sanitarias y la intimidad.

La objeción de conciencia, que entendemos debe protegerse, tendría que ser regulada de manera más detallada, pues ha servido en algún caso del que hay experiencia (la regulación del aborto) para impedir su práctica en los centros públicos y entendemos que ello debería de garantizarse, en ambos casos (aborto y eutanasia).

En todo caso la Ley debe de asegurar el acceso a la prestación de todas las personas que reúnan los requisitos establecidos, en todas las CCAA, y evitar las maniobras de dilación y/o entorpecimiento que son de esperar en alguna de ellas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

18 de Marzo de 2021

 

Reclamamos vacunacion universal

 
 
 
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ADSP Navarra: El hospital del futuro. Reformas necesarias

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A la Ciudadanía de Madrid. 14 de Marzo

 
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La Atención Primaria en las Comunidades Autónomas. Informe 2021

 
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INFORME 2021. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES


Gasto sanitario


1. El gasto sanitario en AP ha disminuido en el periodo analizado en proporción sobre el gasto sanitario público (0,98% entre 2010 y 2018), si bien ha habido un ligero aumento desde 2016 (0,23%). Hay una gran dispersión en este porcentaje entre CCAA, yendo desde el 17,45% de Andalucía hasta el 11,48% en Madrid. La diferencia entre 2010 y 2018 va desde el – 6,51% de Baleares al + 1,27% de Cantabria. En 2018 solo 6 CCAA superan el porcentaje de 2010.


2. En cuanto al gasto sanitario por habitante y año en 2018 fue de 206,73 € oscilando entre 261,75 de Extremadura y 147,97 en Madrid, siete de las CCAA están situadas por debajo de la media y son llamativos los casos de Madrid y Baleares (178,38€). Unas diferencias tan importantes generan necesariamente desigualdad en las prestaciones de la AP

Recursos


1. En 2019 se había producido una pequeña disminución en el número de tarjetas sanitarias individuales (TSI) por profesional en medicina de familia, pediatría, enfermería y administrativos respecto a 2010 (- 51, - 57, - 121 y – 266 respectivamente), con una gran variabilidad entre las CCAA. De todas maneras las ratios (TSI/profesional) siguen siendo muy elevadas en todas ellas)


2. En medicina de familia, en 2019, la ratio oscila entre 1.762 de Baleares y 907 de Castilla y León (media 1.342). El porcentaje de profesionales con más de 1.500 TSI es muy elevado y globalmente inaceptable (el 38,83%) y en algunas de las CCAA realmente escandaloso (Baleares 88,28%, Madrid 56,75%), en esta ultima comunidad están el 52,9% de quienes tienen más de 2.000 TSI/profesional


3. En pediatría la ratio también es elevada, a pesar de la bajada de natalidad que obviamente favorece una disminución de las mismas, las ratios oscilan entre 1.149 de Cataluña y 766 de Valencia. De nuevo Baleares y Madrid concentran los mayores porcentajes con más de 1.250 TSI, siendo Madrid la que acoge al 56,89% con más de 1.500 TSI


4. En enfermería existe una anomalía crónica en el sistema sanitario español, ya que la ratio de TSI por profesional es mayor que la de medicina, cuando lo habitual en otros países (UE, OCDE) es que sea 1,5 inferior, a pesar de ello la ratio ha aumentado en 4 CCAA entre 2010 y 2019. La ratio de TSI profesional es muy elevada en 2019 (1.485 de promedio) y varia entre 1.113 de Canarias y 2.016 de Madrid


5. El personal administrativo también presenta ratios muy elevadas (2.779 de promedio en 2019) con gran variabilidad (máximo de 5.026 en la Rioja y mínimo de 1.720 en Canarias). La escasez de personal
administrativo es precisamente una de las causas de la sobrecarga burocrática del personal asistencial.


Actividad


1. El número de consultas realizadas en AP disminuyo globalmente entre 2010 y 2019 (- 4,62%), si bien lo hizo a costa de las consultas médicas (- 8,11%), porque se objetivo un aumento del 2,23% en las de enfermería, lo que se evidencio en todas las CCAA. No obstante el número de consultas de medicina continuo siendo muy superior al de enfermería (1,76 veces mayor).


2. La frecuentación obviamente es mayor en las consultas médicas que en las de enfermería ((5,06 versus 2,87), y es mayor entre la población de más de 65 años. Oscila en las CCAA entre 6,8 de Extremadura y 3,84 de Cataluña en el caso de las de medicina y 4,1 en Castilla y León y 2,08 en Cataluña en el caso de enfermería. La frecuentación esta influida positivamente por la edad, y negativamente por el nivel socioeconómico, las mayores demoras en las citaciones y el grado de privatización en AP.


3. La tasa de urgencias y emergencias es elevada, en 2019: 44,51/1.000 habitantes son resueltas por los centros coordinadores y 102,84 precisaron de un desplazamiento de profesionales sanitarios.


4. La tasa de interconsultas por 1000 habitantes se mantuvo prácticamente estable pasando de 386,48 en 2013 a 381,31 en 2017 (primer y ultimo año disponibles). Las CCAA con mayores tasas en 2017 fueron Canarias y La Rioja (564 y 474 respectivamente) y la que menos Extremadura (265,06).


Gasto farmacéutico


1. El gasto farmacéutico por recetas que es el que depende sobre todo de AP ha experimentado un crecimiento del 12,6% en el conjunto del país, oscilando entre el 24,1% de Valencia y un ligero decrecimiento (- 0,7%) de Navarra. En todo caso el crecimiento promedio se ha situado por delante del aumento del presupuesto.


2. El gasto por habitante y año paso de 2007,1 € en 2014 a 233,4 en 2019, oscilando entre 319,7 en Extremadura y 202,6 en Madrid, y es superior en todas las CCAA al gasto realizado en AP


Opinión de la ciudadanía


1. La no publicación de los Barómetros sanitarios desde 2018 en el habitual ejercicio de transparencia de nuestras administraciones públicas limita bastante su análisis, en todo caso resaltar que en el barómetro sobre Civid19 del CIS un 71,7% de las personas que creían padecer la enfermedad acudieron a AP (frente a solo un 4,6% que acudieron a un medico privado) lo que significa una gran confianza de la población en la misma, estos datos oscilaban entre el 82,5% en Aragón y el 44,6% en Cantabria.


Los problemas detectados en la AP son probablemente una de las causas de las dificultades para atender la pandemia y para realizar el seguimiento y detección de casos durante la misma.
DIECIOCHO RECOMENDACIONES PARA MEJORAR Y CONSOLIDAR LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD
Una. Deben de incrementarse notablemente los presupuestos sanitarios para la AP, una cifra que se estima razonable es en torno al 20-25% del presupuesto sanitario público, lo que debe de realizarse de una manera escalonada. En todo caso seria importante una financiación sanitaria finalista para poder garantizar los presupuestos destinados a la AP y acabar con la excesiva variabilidad actual.


2. Es fundamental disminuir la presión asistencial en la AP, para ello se precisa, aparte de unos mayores presupuestos, un incremento sustancial de las plantillas que establezca un máximo de 1300 TSI para profesionales médicos y de enfermería y de 1.000 para pediatría (por supuesto lo ideal seria establecer unos limites de acuerdo con el perfil de la población: edad, morbilidad, dispersión, etc.). Esto significa a corto plazo un aumento de al menos 2.000 profesionales de medicina y 4.500 de enfermería en AP en todo el país. A medio plazo deberíamos avanzar hacia una relación de profesional de enfermería/ de medicina de 1,5


3. A corto plazo debe garantizarse también que no existan profesionales médicos y de enfermería con más de 1.500 TSI asignadas.


4. Deben de ser convocadas todas las plazas de formación MIR acreditadas para pediatría, medicina de familia y enfermería comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados en AP


5. Asimismo hay que realizar aumentos en el personal administrativo para lograr una ratio de 1.700 TSI /administrativo y el compromiso de recuperar las citaciones desde los centros de salud.


6. La accesibilidad y la continuidad son dos características principales de la AP que hay que garantizar, por lo que habría que asegurar que más del 95% de la demanda se atenderá en 48 horas.


7. La AP debe de recuperar las actividades de promoción y prevención, así como la visita domiciliaria y la atención comunitaria


8. Hay que aumentar de manera significativa la capacidad de resolución de la AP y para ello es necesario ampliar y homogeneizar el acceso a técnicas diagnosticas y terapéuticas, y a recursos tecnológicos.


9. Deben mejorarse los protocolos de utilización de medicamentos en AP porque debería reducirse la excesiva variabilidad entre CCAA detectada


10. Hay que restablecer las áreas sanitarias como espacio físico, poblacional donde planificar y asignar recursos y coordinar la actividad de los dos niveles asistenciales en función de las características y necesidades de la población.


11. La AP debe de asumir la coordinación de la atención sociosanitaria y el control asistencial de las residencias de mayores y dependientes.


12. Deben de mejorarse de manera sustancial los mecanismos de coordinación entre la AP y la especializada para mejorar el seguimiento de los problemas de salud de la población.


13. Hay que promover el trabajo en equipo, asignando unos roles que garanticen el uso racional y eficiente, así como la atención integral de salud.


14La participación comunitaria es una de las premisas para conseguir una AP de calidad al servicio de la población y es indisoluble con la autonomía de gestión


15. LA AP debe de tener un mayor protagonismo en el abordaje de los determinantes de salud, de la salud medioambiental y de la salud laboral.


16. Se necesita una mayor transparencia en la información del funcionamiento de la AP, tanto en cuanto a recursos, actividad, calidad y resultados en salud.


17. Hay que aumentar los profesionales de las Unidades de Apoyo de AP (fisioterapeutas, odontología, protésicos, psicología, matronas, etc) estableciendo criterios homogéneos de dotación de las mismas


18. Hay que potenciar la investigación en AP para potenciar un mejor abordaje de los problemas de salud más prevalentes y sus determinantes.

 

Descarga el Informe :

 

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Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública


Marzo de 2021

La Gobernanza de la Pandemia

 
2021Urgencias
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Desmantelamiento de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid

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Un nuevo 8 de marzo en plena pandemia

 
 
 

     Las profesiones sanitarias, sociosanitarias y cuidados en general son sectores altamente feminizados, por eso durante esta pandemia generada por el SARS-CoV-2 les ha puesto en primera línea para combatirla, poniendo de manifiesto algo que ya veníamos diciendo desde la crisis del 2008 los recortes en sanidad y servicios sociales, precariedad en el empleo y la escasez tanto de recursos materiales y técnicos, como de personal.

     En sanidad aproximadamente el 75% del personal sanitario son mujeres, aumentando en enfermería, técnicas, TCAE , lavandería, cocina o limpieza en general pero también en los profesionales de medicina que va aumentando del 50% a al 68% en las promociones jóvenes que se van incorporando.

     Esto mismo pasa con otras profesiones sanitarias como farmacia aproximadamente un 75-80% o las trabajadoras dedicadas a los cuidados en residencias y de grandes dependientes alcanzan el 84%.

     Pero feminización no es lo mismo que igualdad, hay también en este sector un techo de cristal, los puestos directivos siguen siendo mayoritariamente ocupados por hombres (un 80% frente al 20% las mujeres).

     Los periodos dedicados por la mayoría de las mujeres a la maternidad o cuidados de hijos y mayores suelen coincidir justo cuando se podrían plantear una promoción en este sentido, al finalizar los largos años dedicados a la formación (MIR, EIR, doctorado…)

     La maternidad y el tiempo dedicado a los cuidados no deberían ser un obstáculo, ni un problema para las administraciones. Estas deberían tenerlo en cuenta para la provisión de plazas, unido a políticas de corresponsabilidad de hombres y mujeres, para que no sean las mujeres siempre las que tengan que conciliar. Profesionalidad y cuidados solo será compatible cuando haya un reparto equitativo de las cargas familiares y domesticas entre mujeres y hombres.

     Paralelamente hay una brecha salarial aproximadamente de unos 10.000€/año en palabras del exministro Illa para las médicas, también para el resto de profesionales. No porque los salarios sean diferentes entre hombres y mujeres, sino por la dificultad de acceso a otros puestos mejor remunerados y a complementos.

     Son las profesionales sanitarias quienes atienden en primera instancia a mujeres que han sufrido violencia de género y en algunos casos con déficit de formación o protocolos no actualizados

     Algunas consecuencias de la pandemia y que ha afectado también a las mujeres de estos sectores por estar en primera fila (al ser mayoría) y tener más exposición al contagio por este trato directo. Se han visto obligadas a doblar turnos de trabajo y a realizar horas extras, creando graves problemas emocionales y psicológicos.

     Durante la pandemia debido a confinamientos, abandonos y sensación de abandono tanto de familiares como de los servicios de salud al suspender o realizar las mínimas visitas presenciales, todo ello unido a duelos patológicos y la ansiedad generada por el estrés, ha impactado especialmente y de una forma preocupante en la salud mental de la población en general pero también de las sanitarias y los sanitarios.

     La desatención de las enfermedades no covid que han pasado a un segundo plano, aumentando así mismo su morbilidad y en alguna medida la mortalidad. El abandono de los programas de prevención y control de determinadas patologías en Atención Primaria, suspensión de talleres de preparación al parto o de ayuda a la lactancia y otros han contribuido al incremento de esta morbilidad.    

     La vacunación necesaria para frenar la pandemia, debe ser equitativa y llegar a todos los países, independientemente de su riqueza y accesibilidad. Pero para ello se deben liberalizar las patentes, para que puedan ser fabricadas en más sitios, de manera que permita rebajar costes y facilitar el acceso a ellas a todos los países.

Por ello:

     1.- Debe evitarse la brecha salarial, con programas de promoción y equidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades para acceder a determinados puestos.

     2.- Eliminar la precariedad laboral y las contrataciones precarias, reponiendo las plantillas y convocando las plazas no solo de reposición, sino las de incremento anual pactadas y no cubiertas.

     3.-Potenciar y facilitar el acceso a los servicios de salud mental no solo a personas enfermas, también a las y los profesionales sanitarios y sociosanitarios.

     4.- Material de prevención para todas las trabajadoras y trabajadores sanitarios y sociosanitarios independientemente de su categoría profesional y en contacto con personas de riesgo.

     5.- Actualización continuada de los protocolos en violencia de género, así como la formación de las y los profesionales para detectar y atender adecuadamente la violencia de género.

     6.- Eliminación de las patentes farmacológicas y creación de un sistema farmacéutico público.

     Por una Sanidad Pública, Universal y de Calidad, donde no quede ninguna mujer y ningún hombre fuera del Sistema Sanitario Público. Se debe revertir la lógica del beneficio sobre los cuidados, poniendo los cuidados y las personas en el centro de su actividad.

 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

6 de Marzo de 2021


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