Seguimos manifestando nuestra indignación respecto a las decisiones del equipo de Gobierno municipal de hacer negocio con el derecho a la salud de su ciudadanía, fomentando el negocio sanitario privado con la cesión de terrenos públicos al Grupo Quirón (de la multinacional alemana Fresenius que facturó en 2018 más de 3.000.000.000 euros con 413 millones de beneficios).

Sobre todo nos parece un insulto el que se haya realizado esta operación especulativa en unos momentos en que la sanidad pública, gracias sobre todo a su personal, ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener la epidemia del Covid, (habiendo soportado anteriormente grandes recortes de personal, de camas hospitalarias y abandono de sus servicios de Atención Primaria y de Salud Pública). Lamentamos que se apueste por un equivocado modelo hospitalocéntrico privado con el objetivo de obtener beneficio económico con la salud de la población, cansada y falta de atención dado el agotamiento y colapso de sistema público, mientras el sistema privado no ha dado respuesta a la situación (los hospitales privados de Madrid con el 27% de las camas de esta Comunidad, solo han cubierto el 10% de los ingresos).

Por lo visto, dicha sanidad privada está a la espera de las concertaciones con los procesos que no ha podido atender la sanidad pública (cuestión que supone una sangría económica y mayor deterioro de la misma).

Vemos con estupefacción, al presidente del Gobierno de Aragón Sr. Lambán decir que no se opondría a la operación del macro hospital, y a la Consejera de Sanidad Sira Repollés acudir a celebrar la inauguración de un nuevo hospital privado en Zaragoza (en este caso del Grupo HC - Hernán Cortés) mientras la DGA desvía otros 32 millones más a la Sanidad privada y aprueba, a primeros del mes de septiembre, aumentar un 21% el gasto en ‘derivaciones a dicha sanidad (durante los próximos cuatro años por un importe estimado de 31,4 millones de euros). Mientras tanto, el Hospital de Alcañiz y el de Teruel acumulan décadas de retraso sufriendo en la actualidad una situación difícilmente soportable.

En un momento en que es preciso y urgente paliar las carencias de asistencia social a la gran cantidad de población vulnerable, el consistorio municipal va a aplicar un gasto extra para costes de urbanización de los terrenos del hospital privado de alrededor de siete millones de euros, que recaerán completamente en las arcas del Ayuntamiento.

La población en Aragón ya se ha pronunciado mayoritariamente sobre sus preferencias de ser tratados en la sanidad pública (en 2018 la elección de la Sanidad Pública para atención hospitalizada fue del 67,8% en Aragón).

Múltiples colectivos vecinales, plataformas profesionales sanitarias y la ciudadanía de Aragón en general también han demostrado en la calle, en diversas ocasiones, su rechazo a las políticas del Ayuntamiento y de la DGA favorecedoras del traspaso de recursos a la sanidad privada. Sr Lamban y Sr Azcón, déjense de apoyar negocios privados porque es la hora de arrimar el hombro junto con el personal agotado de la sanidad pública y hacerles la tarea menos costosa invirtiendo todo el presupuesto posible en el aumento de dicho personal (ahora y en el futuro porque queda mucho por hacer con el abordaje de las inhumanas listas de espera) y de medios suficientes para el funcionamiento al máximo de nuestra sanidad pública.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA)

noviembre de 2020

Aunque Rosy Cubas es única, desgraciadamente hay muchos casos como el suyo. En suma, se trata de la falta de camas hospitalarias de media y larga estancia que son los indicados para personas enfermas como Rosy, en su caso de una enfermedad muy invalidante que además sufrió una caída en su casa de Santa Cruz de Tenerife hace aproximadamente dos semanas golpeándose la rodilla izquierda, no puede caminar ya que tiene la rodilla inflamada y no tiene familia en Tenerife ni recursos para procurarse los cuidados necesarios. De modo que desde entonces, a pesar del alta, está en el Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria reclamando una solución a su situación que repetimos es la de muchas personas que acuden a nuestra Sanidad Pública y se les da el alta sin ofrecerles una continuación de cuidados mediante una estancia hospitalaria al salir del hospital de agudos de tercer nivel en el que se considera la estancia media de 7 días como máximo. Además, para más inri, Rosy ya está propuesta para intervención quirúrgica e incluso tiene el preoperatorio hecho.

Los Centros de media estancia son para aquellas patologías que estando ingresadas en uno de tercer nivel o directamente de urgencias puedan requerir una estancia superior a 7 días e inferior a los 21, son para post tratamientos tanto quirúrgicos como médicos oncológicos etc. que no necesitan cuidados muy especiales y que no son crónicos. Dada nuestra insularidad serían fundamentales para pacientes de otras islas con ese perfil.

Tenemos un déficit muy importante de camas hospitalarias, la mayoría de ellas de larga y media estancia. El posible bloqueo de camas de los hospitales de agudos por los pacientes contagiados por el coronavirus y la paralización de la atención a enfermos con otras patologías plantea la necesidad de crear una red de camas de crónicos de las que apenas disponemos que sirva de colchón para futuras pandemias y mejore la eficiencia hospitalaria. 

En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado fundamentalmente el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la Sanidad Pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del "Pacto de las flores" marca distancias con los anteriores al promover la llamada "colaboración público-privada" en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, de marcado carácter continuista. Como lo es el proyecto de Ley de Presupuestos de la CAC para 2021 y que analizaremos próximamente.

Todo depende de la voluntad política del Gobierno de Canarias y no queremos perder la esperanza acerca de la capacidad de la ciudadanía y de las fuerzas sociales para “encaminarla” hacia el interés general. El “caso” de Rosy Cubas lo ha vuelto a recordar.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a  11 de noviembre de 2020

Lo que sí y lo que no significa que la vacuna contra la covid-19 tiene una eficacia del 90 %

El anuncio de Pfizer y BioNTech de que su vacuna frente al coronavirus covid-19 presenta unos resultados preliminares de un 90 % de eficacia ha disparado las expectativas más optimistas del mundo mundial. Las bolsas han empezado a posicionarse. La industria farmacéutica y la tecnoestructura sanitaria calculan lo que se llevarán al bolsillo. Los políticos encuentran un asidero donde asegurar su futuro y con el que prolongar la confianza en sus medidas. El ministro Illa anuncia que en mayo (2021) la mayoría de los españoles podría estar vacunado. Los sanitarios mantienen su fe en la eficacia de una medida, aunque todavía no hay publicaciones sujetas al estándar científico aceptado que hayan proporcionado datos al respecto. Y, sobre todo, la población encuentra una vía de esperanza para evitar la enfermedad y salir cuanto antes de esta situación anómala obligada por la gravedad de la pandemia.

Con anuncios como este: 90 % de eficacia de una medida asistencial, se ha construido gran parte del arsenal terapéutico disponible. Anuncios simples como este han logrado introducir en el mercado farmacéutico miles de productos cuya eficacia es en muchas ocasiones muy inferior a la promocionada, si nos atenemos al balance entre beneficios, riesgos, inconvenientes y costes del producto. Lamentablemente, la administración sanitaria y los profesionales del sector, especialmente médicos, no han sabido o no han querido leer con la profundidad que se requiere los resultados de los estudios en que se basan las terapias aceptadas, muchas de ellas forman parte del catálogo de medicamentos de receta que pagamos entre todos.

En espera de la publicación de resultados más definitivos, podemos decir que la vacuna anunciada no es tan maravillosa como parece.

Se suele recurrir al valor del riesgo relativo para promocionar un producto; en este caso sería la probabilidad de adquirir la enfermedad entre los vacunados respecto a los no vacunados, cuando lo que importa es la probabilidad de que un vacunado adquiera la enfermedad, el riesgo absoluto. También interesa conocer el número de pacientes a tratar para lograr un beneficio (NNT).

Con los datos de la vacuna de Pfizer proporcionados por la empresa y que no han sido confirmados por otros estudios independientes: 43.528 personas sanas, sin antecedentes de infección; la mitad (21.764) asignada al grupo de vacunados y la otra mitad al grupo al que se le administró placebo. Si el riesgo relativo fue del 90% y hubo 94 enfermos, en el grupo vacunado debió de haber 8 enfermos y 86 casos de covid en el grupo placebo. El riesgo absoluto entre los vacunados fue aproximadamente 0,04 % y en el grupo placebo 0,39 %; la reducción absoluta de riesgo 0,35 % y el NNT 279. Es decir 1 persona entre 279 vacunadas no tendrá enfermedad leve; las otras 278 vacunadas no obtendrán ningún beneficio de la vacuna, entendido por tal padecer la enfermedad leve (no hablamos de evitar muertes o enfermedad grave).

No sabemos aún la duración de la inmunidad, ni los posibles efectos adversos (los inconvenientes como los debidos a la inyección, por ejemplo, o a otras posibles complicaciones, como convulsiones, etc…), aunque si podemos conjeturar, por lo que se sabe, que un inconveniente importante será mantener la cadena de frío a muy bajas temperaturas, lo que implica problemas añadidos de logística en la distribución que pueden encarecer mucho el coste de la vacuna.

Con estos pocos datos conocidos, no parece justificado el gran ruido mediatico y los supuestos grandes beneficios para la salud de esta vacuna (que si lo son para la cuenta de resultados de la empresa farmacéutica) que ha acompañado el anuncio de la supuesta eficacia de la vacuna, sobre todo por parte de la administración sanitaria, que debería velar por el rigor de las propuestas vacunales para administrar a toda la población, con los datos conocidos hasta ahora eso no es posible. Hay que tener mucha precaución con los posicionamientos, con crear expectativas infundadas, sobre todo cuando comprometen la salud de la población y los fondos del erario público. No sabemos dónde estaban los asesores científicos del ministro Illa y de la UE cuando se anuncia la compra masiva de la vacuna. Deberia de imponerse la prudencia.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

11 de Noviembre de 2020

Ante la información de que algunas administraciones sanitarias pretenden utilizar las farmacias para realizar test diagnósticos de COVID, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar:

   1.- Que según la legislación española las farmacias son establecimientos para la dispensación de medicamentos y venta de otros productos sanitarios o no sanitarios, a las que no se exigen las especiales condiciones de seguridad de los centros sanitarios

   2.- El personal que trabaja en las farmacias, tanto el farmacéutico como el auxiliar, carece de formación y habilidades para realizar intervenciones o pruebas sanitarias

   3.- Estas dos características de estos establecimientos hacen que no reúnan cocciones para realizar pruebas diagnósticas relacionadas con la endemia del COVID:

Mezclarían a las personas sospechosas de COVID (sintomáticos y asintomáticos) con las que acuden a recoger recetas o a comprar productos no directamente sanitarios (cremas, bronceadores, cepillos dentales, etc). Esto incrementaría el riesgo de contagios, al tratarse de un virus muy transmisible, especialmente en espacios cerrados. La realización de estas pruebas exige de unas condiciones que garanticen la seguridad de todas las personas que acudan a estos los establecimientos y también de los trabajadores de las farmacias.

La falta de formación y capacitación en la toma de muestras pueden inducir a errores en los resultados

La toma de la muestra es relativamente invasiva por lo que su realización por personal no capacitado puede ocasionar daños a las personas a las que se les practique.

Estas propuestas vuelven a mostrar la falta de recursos de la Sanidad Pública sometida a recortes por los anteriores gobiernos y un intento de incorporar al sector privado a la asistencia pública en la senda de la privatización, así como la improvisación con que se está abordando un problema tan serio como esta pandemia.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

10 de Noviembre de 2020

Se han recogido datos de 34 Centros de Salud (CS) de las 7 direcciones asistenciales. Se recogieron los datos la semana del 3 al 6 de Noviembre.

El primer hecho llamativo es la gran dispersión de las citas para la vacunación que van desde 1 semana (en uno de los CS) hasta el 20 de diciembre en dos de los evaluados. La media de demora de las citaciones fue de 25,6 días, y del total de las citas en 18 CS (52,94%) superaban el mes.

Por otro lado, se han detectado problemas con el stock de vacunas que se había acabado en alguno de los CS. En una de las direcciones asistenciales el stock estaba previsto que durase hasta el 10 de noviembre, por lo que se estaban anulando citas a partir de esas fechas, lo que obviamente incrementara las demoras.

Parece obvio que se ha producido una contradicción entre el llamamiento que se ha hecho a la población a vacunarse de la gripe y las previsiones organizativas y de vacunas realizadas para responder al previsible aumento de personas dispuestas a vacunarse. No tiene sentido hacer campañas publicitarias llamando a la población a vacunarse si no se le dotan al sistema sanitario de los medios para responder adecuadamente.

Todo ello en una Atención Primaria saturada por la covid19 y las demás enfermedades a las que se ha postergado su atención, que no ha recibido refuerzos y que está realizando en muchos casos labores de rastreo ante la insuficiencia de rastreadores en una Comunidad que tampoco ha admitido la ayuda que en este terreno les ofreció el Ministerio de Defensa.

Otro ejemplo más de mala gestión por parte de la Consejería de Sanidad madrileña, que desatiende la AP, y que explica la cascada de dimisiones de los responsables que intentaban hacer su trabajo con un mínimo de profesionalidad.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

9 de Noviembre de 2020