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Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia

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La Atención Primaria en la encrucijada tras la epidemia del COVID-19

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La FADSP propone 10 medidas urgentes para contener la pandemia

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Propuestas de la FADSP para modificar los actuales modelos de atención a la dependencia

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La ADSPM ante la polémica del "dumping" fiscal: necesitamos más recursos para la Sanidad Publica de Madrid

 

HaciendaMd  La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante la polémica creada por el denominado “dumping” fiscal de la Comunidad de Madrid tiene que señalar lo siguiente:

        1.- La Comunidad ha realizado una política de rebajas fiscales que han producido una continuada disminución de la recaudación respecto a otras CCAA. Esta menor recaudación se viene produciéndose los últimos 17 años, y en 2018 alcanzó los 4,571 millones €.

        2.- La rebaja fiscal se ha trasladado en gran parte a una infrafinanciación de la Sanidad Pública madrileña, que en 2020 tenía un presupuesto 1.691 millones € menor que el que le correspondería si hubiese presupuestado por habitante y año el promedio de las CCAA.

        3.- Puede calcularse el total de lo no recaudado entre 2010 y 2019 en 39.516 millones €, de manera que para alcanzar el promedio de los presupuestos sanitarios per capita de las CCAA solo habrían sido necesarios destinar el 27,39% de esos ingresos fiscales no recaudados.

        4.- Nos encontramos pues ante una política intencionada de la Comunidad de Madrid de disminuir la recaudación y consecuentemente hacer lo mismo con los presupuestos sanitarios públicos.

        5.- La resistencia de la Sra Ayuso a una armonización fiscal solo puede relacionarse con su interés en preservar los intereses de los más ricos (los que realmente se benefician de sus rebajas fiscales) en perjuicio de los servicios públicos y la salud de población.

   Por todo ello entendemos que hay que exigir unos servicios públicos suficientemente financiados y por lo tanto una recaudación fiscal que lo permita, y que esta debe de ser progresiva, para que quienes realmente tienen más dinero contribuyan más al mantenimiento de unos servicios públicos de calidad.

   Para defenderlos y acabar con la política de recortes, deterioro y privatización de la Sanidad Pública acude a la Marea Blanca el día 29 de Noviembre (a las 12 hs desde Neptuno a la Plaza de Colón).

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

26 de Noviembre de 2020

Nota AGDSP Expediente ginecólogo Verin

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         Ante la información de que la Gerencia del Área sanitaria de Ourense ha abierto un expediente disciplinario al Jefe del Servicio de Ginecologia del Hospital de Verin Dr. Javier Castrillo, desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública queremos comunicar que:

1.- Consideramos que esta medida disciplinaria, que puede privar del derecho a realizar su labor profesional por un periodo de dos años, es una represalia por haber participado en las movilizaciones de hace dos años contra el cierre del paritorio del hospital.

2.- Entendemos también que un segundo objetivo de la apertura del expediente es enviar un mensaje de advertencia a los trabajadores del sistema sanitario para que no pongan en cuestión y ni participen en movilizaciones contra decisiones adoptadas por la administración.

3.- Resulta inaceptable que el SERGAS pretenda coartar la libertad de expresión y de manifestación que tiene la ciudadanía, incluyendo a los trabajadores sanitarios.

4.- Manifestamos nuestro apoyo y agradecimiento al Dr. Castrillo por su defensa de un servicio necesario para las mujeres del área y exigimos la retirada de esta medida de clara intencionalidad política 

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

Valoración del Anteproyecto de Presupuestos de Salud del Gobierno de Navarra 2021

 
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La FADSP exige que las vacunas y medicamentos contra la COVID19 no tengan patentes

 

VacCovid19

 

1.- El Gobierno de España se ha posicionado con el resto de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Japón y otros países ricos en contra de la exención de patentes de las vacunas contra la covid19 mientras dure la pandemia en la una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2.- Esta medida supondrá dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las vacunas. Además esta en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

3.- Consideramos que esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabara afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España que es un importante receptor de migrantes.

4.- Además hay que considerar los interrogantes que existen sobre la eficacia práctica y la calidad de unas vacunas al haber sido investigadas y desarrolladas a toda prisa por los laboratorios más poderosos para quedarse con el mercado, cuyas informaciones proceden de los propios laboratorios, y están bastante sesgadas por la guerra comercial desatada entre las empresas farmacéuticas.

Entendemos que en este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra la covid19 sean bienes públicos de carácter universal y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos e impiden su acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

22 de Noviembre de 2020

La FADSP ante las listas de espera en el SNS en la pandemia de la COVID19

sislessnsEl Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las listas de espera del SNS, quirúrgica (LEQ) y de primeras consultas externas (LECE) a junio de 2020 y de los datos ofrecidos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- Las listas de espera, LEQ y LECE han incrementado el tiempo de demora y el porcentaje que espera más tiempo (6 meses y 60 días respectivamente), aunque el numero de las personas que se encuentran en las mismas ha crecido poco (LEQ) o ha disminuido (LECE) comparando los datos con los de junio de 2019, evidentemente porque no han entrado en las mismas 568.000 personas en el caso de la LEQ y 804.000 en las LECE, un grave problema que evidencia la desatención durante la pandemia de las enfermedades no covid19.

2.- La LEQ incrementa ligeramente el numero de personas en la misma (20.014 más), aumenta la demora media (170 días versus 115 de junio de 2019), y se duplica el porcentaje de personas que esperan más de 6 meses (33,8 versus 15,8%). La tasa de entrada por 1000 habitantes baja 10,2 puntos (de 34,8 en 2019 a 22,6 en 2020) y el número de intervenciones realizadas disminuye en el mismo periodo en 324.848.

3.- Por CCAA la que presenta mayor tiempo de demora es Castilla la Mancha (269 días) y la que menos Madrid (42 días) aunque este dato es engañoso porque la tasa de pacientes en espera/1000 habitantes es en Madrid la menor del país 9,15 frente a una media de 15,22 (21,76 en Castilla la Mancha), lo que evidencia que no se produjeron prácticamente entradas en la LEQ en Madrid.

4.- En cuanto a la LECE se observa un aumento importante en el número de días de demora (115 en junio de 2020, versus 81 en junio de 2019), con un aumento de 10,1 puntos en el porcentaje de quienes esperan más de 60 días (52,7 versus 42,6) y una disminución en el numero de personas /1000 habitantes en LECE(de 61,84 pasan a 46,45), obviamente por una disminución en las entradas, si bien en este caso no se ofrece el dato de las consultas externas realizadas en ambos años.

5.- Por CCAA hay que tener en cuenta que faltan datos de la Comunidad Valenciana, pero con esta limitación la mayor demora esta en Cataluña (158 días) y la menor en La Rioja (32 días) siendo llamativa la disparidad en la tasa de pacientes en LECE /1000 habitantes que va desde el 4,44% del País Vasco hasta el 67,89% de Asturias que pese a ello tiene unos buenos datos (38 días de demora y un 13,1% con citas en más de 60 días).

En resumen, aunque los datos tienen algunas insuficiencias e incongruencias llamativas, confirman básicamente lo que se había calculado desde la FADSP en cuanto a intervenciones quirúrgicas y consultas externas no realizadas y evidencia un panorama extremadamente preocupante en el que se evidencia el abandono de la asistencia sanitaria a las personas con enfermedades no covid 19, que no debemos olvidarlo, continúan siendo las principales responsables de la morbilidad y mortalidad en nuestro país, así como la necesidad como ya venimos reclamando desde la comparecencia en la Comisión de Reconstrucción de la necesidad de que la Sanidad Pública organice urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable, para lo que es preciso reforzar presupuestariamente y en recursos humanos la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Noviembre de 2020

Propuestas de la FADSP para modificar los actuales modelos de atención a la dependencia

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TENEMOS QUE MODIFICAR LOS ACTUALES MODELOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisaran atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar a cerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención, presentes en las distintas CCAA.

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.

La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenia como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.

Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de ”bajo coste”, ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesita o porque los servicios que se prestan son mínimos.

Cobertura de los servicios residenciales

Leer más:  Propuestas de la FADSP para modificar los actuales modelos de atención a la dependencia

Marea Blanca en defensa de una Sanidad Publica Universal y de calidad. 29 de Noviembre. Madrid 12 hs

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Las organizaciones de la alianza Más Sanidad ponen rostro al colapso sanitario

 
Dar La cara

  • Lanzan la campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’, que recoge el testimonio de diferentes víctimas de la Covid-19, profesionales y pacientes, que asisten perplejas a cómo vuelven a repetirse las escenas que vivieron hace ocho meses.
  • Las organizaciones recuerdan que el incremento en gasto sanitario de 64 euros por habitante al año que contiene el borrador de los presupuestos está muy lejos del necesario aumento de 1.000 euros por habitante al año que vienen reclamando.
  • Critican también que cada comunidad autónoma pueda decidir unilateralmente a qué destinar los fondos que recibe del Gobierno y que suponen más del 80% del gasto sanitario público.
 

18/11/2020. Ocho meses después, la segunda ola de la Covid-19 vuelve a causar un imparable aumento del número de contagios y fallecidos, a sacudir la vida de las residencias de personas mayores, a llevar al límite al personal sanitario y a poner contra las cuerdas al sistema público de salud. Este escenario, como denuncian hoy las veinticinco organizaciones que conforman la alianza Más Sanidad Pública y Universal, tiene su origen en la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.

La campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’ pone nombre y rostro a diferentes profesionales y pacientes víctimas de la Covid-19 y pide a los representantes políticos que les miren a la cara y les expliquen por qué no han puesto en marcha acciones que amortigüen los efectos de esta segunda fase de la crisis. Sus protagonistas son personas como María José, cuyo padre de 91 años contrajo la enfermedad el pasado mes de marzo. Al llamar al hospital, le advirtieron de que estaban desbordados y su padre no quiso ir por miedo a morir solo. Finalmente, falleció en casa sin que llegaran a hacerle un test para confirmar el diagnóstico y sin recibir la máquina de oxígeno que le habían prometido desde el centro hospitalario.

Son personas como Esther, enfermera, que durante la primera ola trabajó en un gimnasio habilitado con camas para pacientes con Covid-19 porque no había sitio en las UCI, usando trajes improvisados con bolsas de basura como única protección. Hoy vuelve a estar en primera línea, viendo día a día cómo la moral de sus compañeros y compañeras y la suya propia se va resquebrajando por la falta de personal, recursos y material. Una experiencia muy similar a la de Elena, médico especializada en enfermedades tropicales, que recuerda la incertidumbre ante la llegada de los primeros pacientes de Covid-19 a su hospital, sin protocolos ni conocimiento suficiente sobre el virus y las jornadas maratonianas sin descansar más de cuatro horas seguidas. Ahora, la desconfianza en la gestión política y el hartazgo es total, asegura.

O personas como Orquídeo, que perdió su empleo en la hostelería, se contagió y debido a sus patologías previas acabó en la UCI. Ahora, a pesar de haberse recuperado, sigue esperando en una lista por una operación del corazón que no parece llegar.

 

Hemos analizado los presupuestos para Sanidad

Estas historias ponen rostro a las consecuencias que está teniendo la pandemia. Desde su inicio, las organizaciones de la alianza venimos proponiendo una serie de recomendaciones para reforzar el sistema sanitario público y hacer frente a la crisis sanitaria. Lo hicimos durante el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y lo volvimos a hacer hace tan solo unas semanas cuando enviamos un documento al Gobierno con propuestas para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los presupuestos generales, que estos días se negocian en el Congreso de los Diputados, recogen tímidos avances en esta materia pero todavía siguen siendo insuficientes.

Buena muestra de estos avances es el aumento de la partida de Sanidad que irá destinado a materias clave, como el refuerzo de la atención primaria con 1.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19, a la que se destinan 1.011 millones; o la renovación de las tecnologías sanitarias, que contará con 400 millones de euros.

Sin embargo, dejando a un lado los fondos europeos —que tienen carácter extraordinario— y el aumento de 49,5 millones de euros del presupuesto de MUFACE (organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre ellas, la sanidad), esta cuantía supone solo un incremento de 64 euros por habitante al año, muy lejos de los 1.000 que viene reclamando la alianza. Una cifra, recuerdan las organizaciones, que situaría a España en la media del gasto sanitario de los países de nuestro entorno y que ayudaría a recuperar una sanidad pública de calidad.

      

La responsabilidad de las autonomías en la distribución de los fondos

También advierten de que uno de los principales escollos se encuentra en la partida que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que supone más del 80% del gasto público total. Al tratarse de fondos no finalistas, el destino de estas partidas es responsabilidad de los gobiernos regionales a través de los presupuestos autonómicos, algo que puede generar una desigualdad enorme entre las comunidades en función de cómo decidan distribuirlas cada una de ellas. En ese sentido, la alianza reclama que se establezcan mecanismos de financiación finalista que garanticen que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave.

Asimismo, las organizaciones respaldan la exención de los copagos a nuevos colectivos de personas vulnerables, ya que acabar con esta barrera disminuirá significativamente el número de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos por problemas económicos.

Según las entidades de la alianza, estos presupuestos mejoran los anteriores, pero siguen siendo insuficientes para devolver a la Sanidad al lugar que le corresponde como pilar fundamental del Estado social. Es necesario, añaden, un mayor incremento de la financiación acompañado, además, de la urgente reforma de la política farmacéutica y de medidas que aseguren el blindaje frente a las privatizaciones y una potenciación real de la Atención Primaria. Solo así, concluyen, podremos acabar con los problemas estructurales que afectan a la sanidad española y hacer frente a esta y a futuras pandemias.

Organizaciones firmantes

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Consejo General del Trabajo Social, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), FACUA, Coordinadora Andaluza en Defensa de la Sanidad Pública, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea (Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra), A voz da Sanidade de Cangas, Plataforma Garanticemos las Pensiones, Mayores de Getafe, ARI-Perú, Red Transnacional de Mujeres (Network Woman), Red Acoge, Medicusmundi, Plataforma Salud Universal de Aragón, Plataforma de Salud Mental de Aragón; Federación de Planificación Familiar Estatal.

 

 

 

 

 

Defiende tu Centro de Salud. Manifestación Pamplona 25 de Noviembre

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Nota AGDSP sobre las muertes en residencias de mayores en Galicia

 

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Núñez Feojoo se ha erigido de portavoz mediático de la epidemia de COVID en Galicia, emulando a Fernando Simon en el Ministerio de Sanidad, dando el parte diario. Con esta mediática pretende sacar rentabilidad partidista de las especiales condiciones geográficas, poblacionales y sociales de nuestra CCAA, que nos han protegido relativamente de la difusión del COVID.

1.- Da consejos a las autoridades ministeriales y de otras CCAA sobre decisiones epidemiológicas relacionadas con la epidemia, imbuido de una suerte de autoridad científico-sanitaria. Mientras tanto se desconoce la composición y los criterios del Comité de Expertos en los que se basa para adoptar decisiones que afectan a población y sanitarios.

2.- Anuncia continuos cambios legislativos, que nunca concreta, para endurecer castigos por presentas transgresiones o regaña a grupos poblacionales a los que culpa del problema

3.- A pesar de que las medidas restrictivas para la circulación de la población y la actividad económica (que suponen grandes sacrificios personales y económicos) Feijoo sigue sin adoptar medidas contundentes sobre las Residencias de Mayores donde se concentran las muertes por la infección, para no dañar el negocio. Perece urgente actuar sobre sus condiciones estructurales, de recursos y funcionamiento, dados los rebrotes de casos y muertes por COVID que se producen en ellas (de los 1.060 muertos 470 fallecidos)

4.- Esta segunda ola la mortalidad (mas de 150 desde junio) se ha cebado en determinadas residencias gestionadas por casi las mismas empresas multinacionales o eclesiásticas con impotentes focos de infección y mortalidad en poblaciones como Ribadumia, Mos o San Salvador de Gutin.

5.- Ahora ha decidido dejar de intervenirlas (como en el caso de la residencia de Mos pese a presentar 145 contagiados entre usuarios y trabajadores).

6.- Por ultimo consideramos escandaloso que, mientras se culpa de los contagios a las familias y personal de las residencia, el Partido Popular defienda a las empresas que gestionan residencias, en la Comisión Parlamentaria creada para analizar las causas y consecuencias de la pandemia.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

18 de Noviembre de 2020


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