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ACDESA-PV: Mesa Atención Primaria y Participación Comunitaria. 27/1/2021:17,30HS

 
 
Desde ACDESA-PV os invitamos a participar en la 
MESA DE ATENCIÓN PRIMARIA Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
miércoles 27 de enero de 2021 a las 17:30 h

MODERADOR: Aurelio Duque Valencia. Vocal de ACDESA-PV.

·       Dra. Carolina Mir. Médica de Familia y Comunitaria del CS Serrería.

·       D. Juan Antonio Caballero.  Presidente de CAVE-COVA (Asociaciones Vecinales y Consumidores)

·       Dña. Ana I. Cava Ros. Trabajadora Social. Delegada en València AETSS.

·       D. Manuel Corell Raga. Secretario: Experiencia Consejo de Salud República Argentina.

·       Dña. Pilar López Sánchez. Enfermera del CSP València. AEC (Asociación de Enfermería Comunitaria). 

·       Dña. Elena Pérez. Representante DG. Salud Pública

 

Balance 2020: Vacunas COVID19

 

 

 

 

La FADSP ante el cambio en el Ministerio de Sanidad

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La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante los cambios previsibles en el Ministerio de Sanidad tras la presentación de Salvador Illa a las elecciones catalanas, tiene que hacer las siguientes consideraciones:

1. No parece que la actual situación sanitaria, inicio  del programa de vacunación y la más que previsible tercera ola en enero tras finalizar las festividades, sea un buen momento para hacer cambios en el Ministerio de Sanidad, antes al contrario se precisaría abordar con contundencia y experiencia estos retos sanitarios.

2. Además la persona que parece va a sustituir al ministro Illa tampoco parece que tenga especiales conocimientos sanitarios lo que sería deseable, aunque es cierto que posee experiencia en relaciones con las CCAA, cuya falta de coordinación ha sido uno de los problemas detectados durante la pandemia.

3. Creemos que el Ministerio de Sanidad debe de abordar cuatro retos prioritarios: enfrentar con eficacia la pandemia, estableciendo medidas de contencion suficientes para doblegar el ascenso de contagios;  reforzar la Sanidad Pública, especialmente la Atención Primaria y las necesidades de personal de los centros públicos; establecer mecanismos eficaces de coordinación de todo el Sistema Nacional de Salud; y asegurar la atención sanitaria de calidad a todos los problemas de salud, no solo a los enfermos de covid19.

Esperamos que la nueva titular del Ministerio de Sanidad de una respuesta adecuada a estas cuestiones y desde la FADSP actuaremos para conseguirlo.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

31 de Diciembre de 2020

ADSP Murcia: COVID-19. Vacunación sí, con equidad y mucha transparencia

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Visitas a Residencias de mayores

 
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2020: Un año de desastres para la Salud y la Sanidad Pública

 
feliz2020
 
 

Hacer un balance de 2020 es inevitablemente hacerlo del impacto de la pandemia del covid19 en nuestro país.

España ha sido uno de los países de la UE con mayor impacto de la covid19. según los datos de Health at a Glance 2020 (OCDE) éramos, a principios de octubre de 2020, el 3º país con más casos por millón de habitantes, el 2º en muertes por millón y el primero en exceso de mortalidad por millón de toda Europa, y aunque los datos admiten valoraciones diversas (el número de casos esta obviamente relacionado con la política de realización de test diagnósticos; las muertes por coronavirus igualmente con la precisión de los diagnósticos; y el exceso de mortalidad también con la desatención de enfermos con otras patologías) es evidente que nuestro país ha sido uno de los más afectados de Europa y de todo el mundo, y que no es relevante si estamos en tal o cual lugar del ranking, porque lo que no tiene discusión es que somos uno de los países que más han sufrido la pandemia.

Otro asunto muy importante es el impacto sobre la economía que ha sido especialmente relevante en nuestro caso, sobre todo porque tenemos un empleo muy precario, y una gran parte de la economía enfocada hacia el turismo, que se ha desplomado con la pandemia.

Hay muchas y muy diversas explicaciones del porque de esta situación, pero habría que resaltar:

· Los recortes previos. El sistema sanitario había sufrido importantes recortes presupuestarios que no se habían recuperado desde la crisis anterior y se habían trasladado a menos camas hospitalarias, menos personal, mayores listas de espera, etc

· Las privatizaciones habían disminuido aún más los recursos de la Sanidad Pública y aumentado los sobrecostes.

· Las deficiencias en Salud Pública y Atención Primaria. La salud Pública estaba prácticamente abandonada y la Atención Primaria, ya de por si infradotada sufrió de manera especial las reducciones de efectivos.

· Se tardo en reaccionar. La reacción de las autoridades sanitarias fue lenta, y luego la desescalada fue demasiado rápida lo que favoreció la segunda ola.

· Un enfoque inapropiado del sistema sanitario, pensado para atender enfermedades crónicas y degenerativas, y no emergencias infectocontagiosas, con poca atención a la epidemiología y a la información sanitaria.

· La ausencia de elementos de protección que se produjo en la primera ola y que explica en parte el elevado numero de sanitarios contagiados (79.771 caso a 1/11) un 15,52% de los trabajadores del sistema sanitario (26,02% en la Comunidad de Madrid).

· La situación de las residencias, privatizadas con escaso o nulo control que fueron y siguen siendo uno de los principales focos de mortalidad.

· La desatención a los determinantes de salud que ha favorecido contagios y una mayor incidencia y mortalidad en los grupos más desfavorecidos.

· Falta de coordinación entre las CCAA y el Ministerio de Sanidad, que ha fomentado descoordinación de las estrategias para afrontar la pandemia. Casos especialmente negativos han sido la actuación de la Comunidad de Madrid y durante la primera ola también la de Cataluña.

· Los enfrentamientos partidarios que han utilizado la pandemia como arma política, lo que favorece la desconfianza de la población ante las medidas de las autoridades sanitarias y dificulta la ya problemática coordinación.

      Todas ellas han tenido influencia en la extensión y gravedad de la pandemia, con diferencias importantes en cada una de las CCAA. Algunas de estas cuestiones tienen su origen en el hecho de que estábamos ante una enfermedad nueva y desconocida, otras son específicas de nuestro país, y otras son de ámbito bastante general y responden a los planteamientos neoliberales y la ilusión tecnológica que impregna nuestras sociedades.

      Las actuaciones ante la pandemia han variado mucho en las CCAA, algunas de las cuales han afrontado el problema con responsabilidad, y otras en cambio han favorecido la confusión y han antepuesto los intereses económicos  y los enfrentamientos políticos por encima de la salud, como ha sucedido y sigue pasando en Madrid, empeorando la situación.

      Parece que ya se ha aceptado que la tercera ola es inevitable tras las vacaciones navideñas, y de nuevo las medidas que se adoptan para evitarla  y/o controlarla son insuficientes y descoordinadas.

      Aparte de las respuestas concretas, desde el punto de vista sanitario y de las medidas de control de la movilidad, la respuesta institucional ha sido la Comisión de Reconstrucción organizada en el Congreso de los Diputados, desgraciadamente sus recomendaciones han sido poco relevantes y claramente insuficientes para abordar el necesario reforzamiento de la Sanidad Pública, por otro lado los aspectos más positivos de las mismas no se han trasladado a medidas concretas.

      Como resultado de la pandemia se ha producido una desestructuracion de la Atención Primaria con una drástica reducción de la asistencia presencial y aumento de las demoras, y en atención especializada se ha incrementado de manera notable las listas de espera (quirúrgica, de consultas y pruebas diagnósticas) lo que conlleva una desatención de las enfermedades no covid19 con graves repercusiones sobre la morbilidad y la mortalidad.

      Además, algunas CCAA como Madrid, Cataluña y Andalucía han aprovechado la situación para aumentar las privatizaciones, debilitando aún más la Sanidad Pública, y esta es por supuesto una de las amenazadoras salidas de la situación actual, que se utilicen los daños producidos por la pandemia para desmantelar y depauperar aun más nuestro sistema sanitario público.

      Por otro lado, los presupuestos para 2021 suponen una importante inyección económica para el sistema sanitario, pero de nuevo con gran variabilidad entre CCAA, y con un compromiso con la Sanidad Pública bastante difuminado. No esta nada claro que respondan a las necesidades principales que tiene ahora la Sanidad Pública y que desde la FADSP venimos reiterando:

1.      Establecer mecanismos eficaces para la contención de la covid19 que deben de pasar por restricciones de movilidad, generalización de las medidas de protección y sistemas eficaces de detección de casos e identificación y seguimiento de sus contactos (al menos 40 rastreadores/100.000 habitantes). No se puede dejar todo en manos de las alternativas farmacológicas, que en el mejor de los casos tardaran bastantes meses en ser efectivas en el control de la pandemia.

2.      Necesitamos un sistema de información potente y homogéneo para todo el Sistema Nacional de Salud que permita, a las autoridades sanitarias, a los profesionales de la salud y a la población, tener un conocimiento actualizado sobre la evaluación de esta y de las demás enfermedades, así como de los principales parámetros de funcionamiento del SNS:

3.      La aprobación de unos presupuestos que garanticen una financiación suficiente de la Sanidad Pública, crónicamente subfinanciada y recortada, que estimamos en un aumento de 1.000 € por habitante y año para poder afrontar las necesidades de salud de la población en este momento.

4.      Establecer mecanismos de financiación finalista que permitan asegurarse de que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave (refuerzo de la Atención Primaria, Salud Pública, Investigación, aumento de camas hospitalarias en centros públicos).

5.      Reforzar especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública, pero también el conjunto del sistema sanitario incrementando las plantillas de todas las categorías para evitar una situación de colapso.

6.      La mayoría de las necesidades asistenciales de la población no están relacionadas con la Covid19, sin embargo, se está produciendo una postergación en la asistencia sanitaria de la población que padece otras enfermedades, en muchos casos de mayor gravedad. Se precisa organizar urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable.

7.      Debemos considerar los determinantes sociales de la salud como un factor clave en la expansión del virus, frente a los discursos y políticas que estigmatizan a los colectivos más vulnerables. En este sentido es importante la aprobación de un Plan Integrado de Salud con dotación económica para el cumplimiento de sus objetivos

8.      Hay que potenciar una mejor coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, mejorando las condiciones de las residencias y su control, y potenciando la ayuda domiciliaria.

9.      Adoptar medidas legislativas de protección del SNS frente a la privatización y para recuperar de la sanidad privatizada.

10.La protección de la salud es un derecho de la ciudadanía reconocido constitucionalmente, y en última instancia el gobierno del país es el garante del mismo. El Ministerio de Sanidad y el Gobierno deben de arbitrar mecanismos que aseguren su tutela efectiva, mediante la coordinación y la integración de las estrategias de política sanitaria con las CCAA, y si fuera preciso mediante la intervención directa.

      Es urgente cambiar la política sanitaria. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias de nuestro sistema sanitario que hay que solventar reforzando la Sanidad Pública, especialmente la Atención Primaria y la Salud Pública. Desde la FADSP hacemos un llamamiento a las autoridades sanitarias y responsables políticos, a los trabajadores de la Sanidad y a la población, para que trabajen para poner en marcha estas medidas que consideramos son imprescindibles para responder adecuadamente a la situación actual

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Diciembre de 2020

La FADSP secunda la inciativa ciudana europea non profit on pandemic.eu

  1.  

todosCOVID1 — Salud para todos y todas

La salud es un derecho. En una pandemia, la investigación y las tecnologías deberían compartirse ampliamente, rápido, a través del mundo. Una compañía privada no debería tener el poder de decidir quién tiene acceso a tratamientos o vacunas, ni a qué precio. Las patentes otorgan a una sola compañía el poder y monopolio sobre productos farmacéuticos esenciales. Esto limita su disponibilidad e incrementa su coste para las personas que los necesitan.

2 — ¡Transparencia ya!

La información sobre los costes de producción, las contribuciones públicas y la efectividad y seguridad de las vacunas y medicamentos debería ser pública. Los contratos entre autoridades públicas y compañías farmacéuticas también deben publicarse. 

3 — Fondos públicos, control público

Los y las contribuyentes pagan con sus impuestos enormes sumas para la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos. Lo que la gente paga, deber ser para la gente. No podemos permitir que las compañías farmacéuticas privaticen tecnologías médicas cruciales que han sido desarrolladas con recursos públicos.

4 — Que nadie se lucre con la pandemia

Las grandes compañías farmacéuticas no deberían lucrarse con esta pandemia, a expensas de la salud de la gente. Una amenaza colectiva requiere solidaridad, no lucro privado. La financiación pública debería darse solo con la garantía de que el producto final tendrá disponibilidad y un precio asequible. No se debería permitir que el Big Pharma saquee nuestros sistemas de seguridad social.

PUEDES ADHERIRTE FIRMANDO EN ESTE ENLACE:

https://eci.ec.europa.eu/015/public

 

REDER: El camino hacia la Sanidad Universal en España. 3/12/2020

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Analizando el plan de vacunación

planvacunacion
 

 

 

 

Valoración del Anteproyecto de Presupuestos de Salud del Gobierno de Navarra 2021

 
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La FADSP exige que las vacunas y medicamentos contra la COVID19 no tengan patentes

 

VacCovid19

 

1.- El Gobierno de España se ha posicionado con el resto de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Japón y otros países ricos en contra de la exención de patentes de las vacunas contra la covid19 mientras dure la pandemia en la una reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

2.- Esta medida supondrá dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las vacunas. Además esta en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

3.- Consideramos que esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabara afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España que es un importante receptor de migrantes.

4.- Además hay que considerar los interrogantes que existen sobre la eficacia práctica y la calidad de unas vacunas al haber sido investigadas y desarrolladas a toda prisa por los laboratorios más poderosos para quedarse con el mercado, cuyas informaciones proceden de los propios laboratorios, y están bastante sesgadas por la guerra comercial desatada entre las empresas farmacéuticas.

Entendemos que en este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra la covid19 sean bienes públicos de carácter universal y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos e impiden su acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. 

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

22 de Noviembre de 2020

La FADSP ante las listas de espera en el SNS en la pandemia de la COVID19

sislessnsEl Ministerio de Sanidad ha hecho públicas las listas de espera del SNS, quirúrgica (LEQ) y de primeras consultas externas (LECE) a junio de 2020 y de los datos ofrecidos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

1.- Las listas de espera, LEQ y LECE han incrementado el tiempo de demora y el porcentaje que espera más tiempo (6 meses y 60 días respectivamente), aunque el numero de las personas que se encuentran en las mismas ha crecido poco (LEQ) o ha disminuido (LECE) comparando los datos con los de junio de 2019, evidentemente porque no han entrado en las mismas 568.000 personas en el caso de la LEQ y 804.000 en las LECE, un grave problema que evidencia la desatención durante la pandemia de las enfermedades no covid19.

2.- La LEQ incrementa ligeramente el numero de personas en la misma (20.014 más), aumenta la demora media (170 días versus 115 de junio de 2019), y se duplica el porcentaje de personas que esperan más de 6 meses (33,8 versus 15,8%). La tasa de entrada por 1000 habitantes baja 10,2 puntos (de 34,8 en 2019 a 22,6 en 2020) y el número de intervenciones realizadas disminuye en el mismo periodo en 324.848.

3.- Por CCAA la que presenta mayor tiempo de demora es Castilla la Mancha (269 días) y la que menos Madrid (42 días) aunque este dato es engañoso porque la tasa de pacientes en espera/1000 habitantes es en Madrid la menor del país 9,15 frente a una media de 15,22 (21,76 en Castilla la Mancha), lo que evidencia que no se produjeron prácticamente entradas en la LEQ en Madrid.

4.- En cuanto a la LECE se observa un aumento importante en el número de días de demora (115 en junio de 2020, versus 81 en junio de 2019), con un aumento de 10,1 puntos en el porcentaje de quienes esperan más de 60 días (52,7 versus 42,6) y una disminución en el numero de personas /1000 habitantes en LECE(de 61,84 pasan a 46,45), obviamente por una disminución en las entradas, si bien en este caso no se ofrece el dato de las consultas externas realizadas en ambos años.

5.- Por CCAA hay que tener en cuenta que faltan datos de la Comunidad Valenciana, pero con esta limitación la mayor demora esta en Cataluña (158 días) y la menor en La Rioja (32 días) siendo llamativa la disparidad en la tasa de pacientes en LECE /1000 habitantes que va desde el 4,44% del País Vasco hasta el 67,89% de Asturias que pese a ello tiene unos buenos datos (38 días de demora y un 13,1% con citas en más de 60 días).

En resumen, aunque los datos tienen algunas insuficiencias e incongruencias llamativas, confirman básicamente lo que se había calculado desde la FADSP en cuanto a intervenciones quirúrgicas y consultas externas no realizadas y evidencia un panorama extremadamente preocupante en el que se evidencia el abandono de la asistencia sanitaria a las personas con enfermedades no covid 19, que no debemos olvidarlo, continúan siendo las principales responsables de la morbilidad y mortalidad en nuestro país, así como la necesidad como ya venimos reclamando desde la comparecencia en la Comisión de Reconstrucción de la necesidad de que la Sanidad Pública organice urgentemente circuitos asistenciales para los enfermos no-covid19 que permitan su atención en un tiempo razonable, para lo que es preciso reforzar presupuestariamente y en recursos humanos la Sanidad Pública y la utilización intensiva de sus recursos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de Noviembre de 2020

Propuestas de la FADSP para modificar los actuales modelos de atención a la dependencia

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TENEMOS QUE MODIFICAR LOS ACTUALES MODELOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisaran atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar a cerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales, y sobre los variados modelos de atención, presentes en las distintas CCAA.

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.

La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenia como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.

Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de ”bajo coste”, ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesita o porque los servicios que se prestan son mínimos.

Cobertura de los servicios residenciales

Leer más:  Propuestas de la FADSP para modificar los actuales modelos de atención a la dependencia

Marea Blanca en defensa de una Sanidad Publica Universal y de calidad. 29 de Noviembre. Madrid 12 hs

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Las organizaciones de la alianza Más Sanidad ponen rostro al colapso sanitario

 
Dar La cara

  • Lanzan la campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’, que recoge el testimonio de diferentes víctimas de la Covid-19, profesionales y pacientes, que asisten perplejas a cómo vuelven a repetirse las escenas que vivieron hace ocho meses.
  • Las organizaciones recuerdan que el incremento en gasto sanitario de 64 euros por habitante al año que contiene el borrador de los presupuestos está muy lejos del necesario aumento de 1.000 euros por habitante al año que vienen reclamando.
  • Critican también que cada comunidad autónoma pueda decidir unilateralmente a qué destinar los fondos que recibe del Gobierno y que suponen más del 80% del gasto sanitario público.
 

18/11/2020. Ocho meses después, la segunda ola de la Covid-19 vuelve a causar un imparable aumento del número de contagios y fallecidos, a sacudir la vida de las residencias de personas mayores, a llevar al límite al personal sanitario y a poner contra las cuerdas al sistema público de salud. Este escenario, como denuncian hoy las veinticinco organizaciones que conforman la alianza Más Sanidad Pública y Universal, tiene su origen en la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.

La campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’ pone nombre y rostro a diferentes profesionales y pacientes víctimas de la Covid-19 y pide a los representantes políticos que les miren a la cara y les expliquen por qué no han puesto en marcha acciones que amortigüen los efectos de esta segunda fase de la crisis. Sus protagonistas son personas como María José, cuyo padre de 91 años contrajo la enfermedad el pasado mes de marzo. Al llamar al hospital, le advirtieron de que estaban desbordados y su padre no quiso ir por miedo a morir solo. Finalmente, falleció en casa sin que llegaran a hacerle un test para confirmar el diagnóstico y sin recibir la máquina de oxígeno que le habían prometido desde el centro hospitalario.

Son personas como Esther, enfermera, que durante la primera ola trabajó en un gimnasio habilitado con camas para pacientes con Covid-19 porque no había sitio en las UCI, usando trajes improvisados con bolsas de basura como única protección. Hoy vuelve a estar en primera línea, viendo día a día cómo la moral de sus compañeros y compañeras y la suya propia se va resquebrajando por la falta de personal, recursos y material. Una experiencia muy similar a la de Elena, médico especializada en enfermedades tropicales, que recuerda la incertidumbre ante la llegada de los primeros pacientes de Covid-19 a su hospital, sin protocolos ni conocimiento suficiente sobre el virus y las jornadas maratonianas sin descansar más de cuatro horas seguidas. Ahora, la desconfianza en la gestión política y el hartazgo es total, asegura.

O personas como Orquídeo, que perdió su empleo en la hostelería, se contagió y debido a sus patologías previas acabó en la UCI. Ahora, a pesar de haberse recuperado, sigue esperando en una lista por una operación del corazón que no parece llegar.

 

Hemos analizado los presupuestos para Sanidad

Estas historias ponen rostro a las consecuencias que está teniendo la pandemia. Desde su inicio, las organizaciones de la alianza venimos proponiendo una serie de recomendaciones para reforzar el sistema sanitario público y hacer frente a la crisis sanitaria. Lo hicimos durante el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y lo volvimos a hacer hace tan solo unas semanas cuando enviamos un documento al Gobierno con propuestas para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los presupuestos generales, que estos días se negocian en el Congreso de los Diputados, recogen tímidos avances en esta materia pero todavía siguen siendo insuficientes.

Buena muestra de estos avances es el aumento de la partida de Sanidad que irá destinado a materias clave, como el refuerzo de la atención primaria con 1.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19, a la que se destinan 1.011 millones; o la renovación de las tecnologías sanitarias, que contará con 400 millones de euros.

Sin embargo, dejando a un lado los fondos europeos —que tienen carácter extraordinario— y el aumento de 49,5 millones de euros del presupuesto de MUFACE (organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre ellas, la sanidad), esta cuantía supone solo un incremento de 64 euros por habitante al año, muy lejos de los 1.000 que viene reclamando la alianza. Una cifra, recuerdan las organizaciones, que situaría a España en la media del gasto sanitario de los países de nuestro entorno y que ayudaría a recuperar una sanidad pública de calidad.

      

La responsabilidad de las autonomías en la distribución de los fondos

También advierten de que uno de los principales escollos se encuentra en la partida que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que supone más del 80% del gasto público total. Al tratarse de fondos no finalistas, el destino de estas partidas es responsabilidad de los gobiernos regionales a través de los presupuestos autonómicos, algo que puede generar una desigualdad enorme entre las comunidades en función de cómo decidan distribuirlas cada una de ellas. En ese sentido, la alianza reclama que se establezcan mecanismos de financiación finalista que garanticen que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave.

Asimismo, las organizaciones respaldan la exención de los copagos a nuevos colectivos de personas vulnerables, ya que acabar con esta barrera disminuirá significativamente el número de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos por problemas económicos.

Según las entidades de la alianza, estos presupuestos mejoran los anteriores, pero siguen siendo insuficientes para devolver a la Sanidad al lugar que le corresponde como pilar fundamental del Estado social. Es necesario, añaden, un mayor incremento de la financiación acompañado, además, de la urgente reforma de la política farmacéutica y de medidas que aseguren el blindaje frente a las privatizaciones y una potenciación real de la Atención Primaria. Solo así, concluyen, podremos acabar con los problemas estructurales que afectan a la sanidad española y hacer frente a esta y a futuras pandemias.

Organizaciones firmantes

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Médicos del Mundo, Salud por Derecho, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Yo Sí Sanidad Universal, Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Consejo General del Trabajo Social, Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), FACUA, Coordinadora Andaluza en Defensa de la Sanidad Pública, Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea (Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra), A voz da Sanidade de Cangas, Plataforma Garanticemos las Pensiones, Mayores de Getafe, ARI-Perú, Red Transnacional de Mujeres (Network Woman), Red Acoge, Medicusmundi, Plataforma Salud Universal de Aragón, Plataforma de Salud Mental de Aragón; Federación de Planificación Familiar Estatal.

 

 

 

 

 

Defiende tu Centro de Salud. Manifestación Pamplona 25 de Noviembre

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Presupuestos sanitarios 2021, no es oro todo lo que reluce

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Llama particularmente la atención el maltrato del que es objeto el Hospital Universitario de Canarias HUC.

Aunque se produce un incremento de 139 millones de euros hay que analizar si ese dinero está bien asignado y si por los antecedentes registrados va a estar bien gestionado. La mayoría de ese incremento irá a Atención Primaria y a Salud Pública que queda con una asignación de 35,5 millones, claramente insuficiente ya que aunque se sitúa por primera vez por encima del 1% (el 1,19%) está muy lejos del mínimo imprescindible que debe ser del 2,5% y con más razón en medio de una pandemia.

Por otro lado se mantiene la desviación de fondos públicos al sector privado, aumentando la transferencia de capitales del capítulo VII correspondiente a asistencia sanitaria. Según el 7º informe (2020) de la FADSP sobre privatización sanitaria (https://fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2355-la-privatizacion-sanitaria-de-las-ccaa-2020-7-informe), Canarias sigue estando en el grupo de CCAA con un elevado grado de privatización, la cuarta en porcentaje de camas privadas (34,3 %), la cuarta en porcentaje de gasto en conciertos con empresas privadas (9,3%), etc.

En cuanto al HUC, recientemente desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias volvíamos a denunciar su grave problemática asistencial y estructural(http://www.asociacionparaladefensadelasanidadpublicadecanarias.com/uncategorized/por-un-proyecto-participativo-para-el-nuevo-huc/) planteando la absoluta necesidad de abordar una inversión urgente en recursos materiales y humanos que sirviera de soporte transitorio hasta que se llevara adelante la inaplazable construcción de un nuevo hospital que cubra la zona norte de Tenerife así como a la isla de La Palma. Es incomprensible e indignante que los presupuestos solo asignen 500.000 euros, absolutamente insuficientes, para el mal llamado hospital del Norte y 250.000 euros para el Plan Director del nuevo HUC. Es decir que el viejo HUC ya se puede seguir hundiendo mientras se elabora un plan director para el nuevo HUC que puede llevar años y hasta que pasen otros tantos para que sea realidad la construcción del nuevo hospital.

Debe tenerse en cuenta, a título de ejemplo ilustrativo, lo que podría ocurrir ante un cero energético, como los que reiteradamente hemos sufrido, sumado al fallo que puede ocurrir en cualquier momento de unos grupos electrógenos obsoletos. Sería una verdadera catástrofe, con graves perjuicios para los pacientes incluso con probables víctimas mortales. Por otro lado la, en su momento muy defectuosa, integración del HUC en el SCS determinó que arrastre un considerable desfase de inversiones que afecta también a los puestos de trabajo y a las ratios de personal.

Además cabe señalar que cuando aún pertenecía al Cabildo ya se elaboró un Plan Director para una obra nueva que además contó con una amplia participación (que llevó unos 3 años) de los distintos servicios pudiendo servir ahora, mediante la actualización correspondiente, para solventar dicha cuestión permitiendo ahorrar tiempo y dinero.

Evidentemente, visto lo visto, desconfiamos mucho de que el anunciado proyecto de nuevo HUC no sea más que una inversión propagandística que se quede en la más pura ilusión.

Por tanto, con los nuevos presupuestos sanitarios del Gobierno de Canarias estamos donde siempre, muchas palabras y promesas y luego nada, como diría Esopo Las palabras sin hechos son mentiras, lo que no nos sorprende viniendo del mismo equipo directivo de la Consejería de Sanidad en la anterior legislatura que por cierto fueron descalificados por los que hoy gobiernan. ¿Cómo se puede dejar la Sanidad Canaria en manos de los mismos que han sido responsables de su deterioro y de las practicas privatizadoras de la mano de CC?, ¿este es el Gobierno supuestamente progresista que iba a tomar medidas urgentes para solventar los problemas más acuciantes del HUC?. No se podía esperar otra cosa que el incumplimiento de sus promesas.

Justamente hace un año desde Marea Blanca promovimos la campaña SALVAR AL HUC mediante llamamientos a los ayuntamientos, profesionales y ciudadanía en general de la zona norte de Tenerife y de la isla de La Palma, luego se complicó todo mucho más con la llegada de la pandemia por coronavirus y en estos momentos necesitamos más que nunca al HUC que a su vez necesita más que nunca que luchemos por su presente y por su futuro, de modo conjunto ayuntamientos, ciudadanía, profesionales y sindicatos.

De nuevo exigimos al Gobierno de Canarias que termine con el continuismo en la Consejería de Sanidad, que si no hay hechos solo habrán mentiras y que aunque sea por vergüenza política piense en la salud de su pueblo y salve al HUC.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 16 de noviembre de 2020

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1ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña del pensamiento crítico en Salud. 8-12.12.2020

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3º Informe Observatorio ActuarCOVID Madrid (31.10 a 6.11)

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