El hospital es la gran obra de Salamanca en el primer cuarto de siglo y una aspiración colectiva de ciudadanos y profesionales, y debería serlo también de todas las instituciones implicadas: Junta, Ayuntamiento, Diputación, Universidad, etc. Por ello, nos gustaría creer que también lo ven así nuestros representantes políticos en las Cortes de Castilla y León, tanto los que pueden aportar soluciones elaborando el presupuesto de la Comunidad (PP y Ciudadanos) como los que pueden demandarlo activamente desde la oposición parlamentaria mediante enmiendas a los presupuestos (PSOE y Podemos).

La Consejería de Sanidad conoce perfectamente la especial sensibilidad que los temas sanitarios despiertan entre la población de Salamanca, de la que las mareas han sido un claro ejemplo. Conoce también de primera mano las preocupaciones de los profesionales que trabajan en el hospital, y la necesidad de un plan de choque que recupere parte de la ilusión que un nuevo hospital debería generar y que, en gran medida, se ha perdido. El escepticismo ha sustituido a la ilusión.

Un hospital nuevo es mucho más que una obra contratada con un presupuesto, implica una dotación tecnológica que cuesta mucho dinero (que hay que presupuestar) y en cuya elección no puede haber fallos ni por exceso ni por defecto; implica también un esfuerzo de acomodación de los procedimientos de trabajo para poder ofrecer una respuesta exacta a las necesidades actuales de los ciudadanos, pero implica también la previsión necesaria para que la inversión se ajuste a las necesidades de asistencia, docencia e investigación sanitaria durante, al menos, los próximos cincuenta años. Es una empresa difícil, pero a la vez ilusionante y que exige la mejor disposición colectiva. El hospital de Salamanca está suficientemente preparado para gestionar este proceso.

Salamanca no puede perder esta oportunidad; tampoco puede permitir retrasos injustificables cuando lleva muchos años sufriendo dilaciones desde que se anunció el Plan Director del Hospital. Si el hospital nuevo se veía necesario en el año 2000, imagínese en 2019. Por ello, la ciudadanía y sus instituciones deberían ser capaces de generar una dinámica positiva capaz de aunar esfuerzos para garantizar la apertura del hospital en 2020. A lo mejor es mucho pedir, aunque quizás, en ese caso, debería decir a lo peor.

Tampoco podemos olvidar que, una vez realizado el traslado al nuevo edificio, aún quedará pendiente otro donde se ubicarán las consultas, del que aún no se sabe nada y que debería iniciarse nada más derribar el actual Clínico. Esperamos que, en este caso, las instituciones sean más diligentes y no se sigan sumando años para la finalización de un proyecto que, en el mejor de los casos, habrá llevado casi 25 años. El Hospital de La Paz, mucho más grande y complejo y que, al igual que el hospital de Salamanca, se construirá en el mismo sitio que el actual, se prevé realizar en 12 años, un tiempo mucho menor. Por cierto, con arquitectos salmantinos.

El próximo 10 de noviembre volvemos a tener elecciones generales. Una convocatoria que es el exponente de una crisis de responsabilidad de los dirigentes políticos, puesto que todos ellos, en mayor o menor medida, han provocado esta situación.

En la nueva cita electoral hay que ir a votar y hacerlo a favor de la Sanidad Pública, porque aunque los temas relacionados con la sanidad y la salud tienen poco protagonismo en las campañas electorales, sin embargo están muy influidos por los resultados de las elecciones.

En esencia los resultados de las elecciones se decantaran a favor de uno de los dos modelos sanitarios que están presentes en nuestro país. Uno de ellos, el neoliberal, supone el deterioro intencionado del sistema sanitario público, su descapitalización y privatización, a la vez que se fomenta el sector privado, con lo que se producen exclusiones y desigualdades en el acceso de las personas a los servicios sanitarios de acuerdo con su nivel económico (las elevadas listas de espera en consultas, pruebas diagnosticas, intervenciones quirúrgicas, y ahora además en la primaria, desprestigian a la Sanidad Pública y expulsan a la población hacia la privada), con el claro horizonte de convertir el sistema público en una nueva beneficencia.

El otro modelo, el de la Sanidad Pública supone la potenciación de un sistema sanitario basado en la Atención Primaria, de cobertura universal y provisión pública, sin exclusiones y accesible según necesidad, que antepone el derecho a la protección de la salud por delante de los intereses empresariales, y que fomenta las labores de prevención y promoción.

Aunque ambos modelos se desarrollan con muchas contradicciones y matices según las CCAA, tenemos ejemplos bastante claros de cómo son en la práctica. Ahí están los 24 años de gobierno del PP, luego con Ciudadanos, de la Comunidad de Madrid y su corolario de desastres, los años del PP en Valencia, en Galicia, etc., y ahora los primeros pasos del tripartito de derechas en Andalucía. Tampoco deberíamos olvidar el negacionismo de temas cruciales para la salud como el cambio climático o la violencia de genero por los neoliberales de ultraderecha y las  consecuencias que ello tiene sobre la salud de las mujeres y del único planeta que tenemos.

Por otro lado conviene tener en cuenta que parece amenazarnos una recesión económica, y ya se sabe como reacciona en estos casos el neoliberalismo, recortes, exclusiones, deterioro, desmantelamiento y privatización de los servicios públicos, haciéndoles pagar a la mayoría de la población (los que tienen menos recursos, los trabajadores, los pensionistas, etc.) el peso de la crisis mientras que se favorece a las grandes empresas, y la experiencia la tenemos muy cerca con los tremendos recortes en sanidad que aun no se han recuperado, las exclusiones y copagos del RDL 16/2012, etc. Si vuelven a ganar lo que nos espera es la profundización en la liquidación del sistema sanitario público.

De lo que pase en estas elecciones se pueden derivar consecuencias muy importantes para nuestro sistema sanitario público, y en consecuencia para nuestra salud, por eso además quienes estamos comprometidos con la Sanidad Pública tenemos que votar y hacerlo de manera meditada y reflexiva para favorecer una Sanidad Pública de calidad para toda la población.

Uno de los mayores avances en la respuesta a la enfermedad de los seres humanos fue la creación y desarrollo de los Sistemas Nacionales de Salud en la segunda mitad del siglo XX en Europa. Los Sistemas Nacionales de Salud de iniciativa estatal se fundamentaron en los principios de universalidad, justicia y eficiencia. Tal esfuerzo de las sociedades provocó el reconocimiento y desarrollo del derecho a la protección de la salud. Así fue como la salud se convirtió en una obligación protectora del estado frente a la realidad humana de la enfermedad. Los pueblos consiguieron mejorar rápidamente los indicadores de salud y la esperanza de vida al nacer aumentó hasta niveles inesperados.

Uno de los países pioneros en la creación de un SNS fue Inglaterra. El Sistema Nacional de salud inglés, National Health Service (NHS), fué desarrollado por gobiernos laboristas y se fundamentó en el Informe Beverigde, con un enfoque a la cuestión de la enfermedad colectivo, social, nacional y  no individualista. El desarrollo del NHS supuso una gran transformación histórica llevada a cabo después de la Segunda Guerra Mundial. Sus principios fundamentales fueron que los servicios debían ser integrales, universales y gratuitos en el momento de la utilización. Fue todo un logro de los laboristas británicos y fundamentó el llamado “Estado del Bienestar” keynesiano , frente al “Estado de Guerra” de la Alemania Nazi. Algunos autores consideran que el desarrollo de los estados del bienestar con fuertes compromisos sociales fue la respuesta de los estados capitalista para contrarrestar las políticas sociales de la Unión Soviética durante la “Guerra Fría”, un peaje a pagar por el capitalismo tras la victoria del socialismo soviético. Pero fuere como fuere, se consiguió plantear una respuesta a la enfermedad de manera colectiva y no individualista, y fuere como fuere los Sistemas Nacionales de Salud se extendieron por numerosos países europeos, incluyendo el nuestro, consiguiendo resultados magníficos para la salud de los pueblos. La historia del ser humano es en ocasiones terrible y magnífica, después de una Guerra Mundial que asoló el mundo, las sociedades pudieron ofrecer una respuesta a la realidad humana de la enfermedad hasta el momento no conocida en la historia.

Pero esté horizonte de esperanza cambió tras evidenciar una terrible contradicción: los sistemas sanitarios públicos financiado a través del esfuerzo colectivo de una sociedad (impuestos), estaban rodeados de un sistema capitalista de libre mercado que los observaban como una oportunidad de negocio. Las tensiones no se hicieron esperar y se concretaron en cada país de manera similar. La privatización de los servicios publicos fue la norma en casi todos lo países en consonancia con los nuevos tiempos del neoliberalismo globalizado, quizás por ello afirma A. Pollock que “separar la financiación de la provisión (quien suministra y abastece) es el primer paso para la privatización total de la Sanidad Pública, pues favorece la pérdida de control del sistema y el desarrollo de un mercado interno fácil de desarrollar para el interés privado”.

Para conocer mejor como afecta la privatización de la sanidad pública a los objetivos históricos de un país, de una sociedad o de un colectivo, es preciso conocer cuáles son los sistemas y relaciones económicas que afectan al sistema sanitario. Sin este conocimiento, tan solo se puede llegar a una visión parcial del asunto y las conclusiones solo pueden servir para captar reflejos de la realidad pero sin conseguir modificarla[1]. Es por ello que conviene recordar un poco la historia.

En Inglaterra, tras décadas de desarrollo, en los años 70 y 80, bajo los gobiernos liberales de Margaret Teacher, el NHS sufrió una gran transformación al incorporar nuevas fórmulas de gestión privada que supusieron la apertura del sistema sanitario público a las empresas sanitarias privadas. Posteriores gobiernos laboristas no modificaron la dirección política de esta reforma sanitaria inglesa. La reforma neoliberal sanitaria supuso un fracaso a nivel de eficiencia por incrementar los costes y fragmentar el sistema sanitario complicando su gobernanza, no mejoró los resultados de salud de los ciudadanos ingleses, aumentando las desigualdades en salud y abriendo el negocio de la salud a empresas transnecionales[2].

En España, en 1986 entró en vigor la Ley General de Sanidad, inspirada en el modelo Beveridge. La financiación de la sanidad pública en estos sistemas de salud procedía directamente de los impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, y la asistencia sanitaria también se prestaba en condiciones de universalidad, equidad y gratuidad. En España este modelo sustituyó al modelo franquista de sanidad para los asegurados. La rápida mejoría de los resultados de salud de la población a un coste social aceptable demostró la eficiencia del Sistema Nacional de Salud, pues aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos y consolidó el denominado “Estado de bienestar” en España. El Sistema Nacional de Salud español, desde sus comienzos, también manifestó la contradicción de ser un sistema público de salud rodeado de un sistema capitalista de libre mercado.

En 1991, con el PSOE en el gobierno comenzó la reforma neoliberal mediante un informe redactado por una comisión presidida por Fernando Abril Martorell y presentado en el Congreso de los Diputados, el Informe Abril, que marcó la hoja de ruta para privatizar la Sanidad Pública. Este informe fue muy criticado por lo que fue relegado a un aparente olvido alejado de la opinión pública, pero sus medidas se han ido aplicando en las últimas décadas. Ejemplo de ello son las normativas privatizadoras como la “Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud “(VI legislatura del gobierno del Partido Popular), que abrió las puertas a la participación privada en la gestión de la asistencia sanitaria. Estas normativas debilitaron los principios de la Ley general de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud y tuvieron su culminación en el “RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, que supone el fin de la universalidad al volver al modelo de asegurado y legitima el inefectivo impuesto a la enfermedad también llamado “copago”[3].

La mercantilización de las cuestiones humanas y la alienación de las mismas, es una herramienta poderosa de la ideología dominante para conseguir objetivos políticos. Al mercantilizar la sanidad y la salud, se le desposee de su autentico valor inmaterial para reducirlas a un precio, a una mercancía, quizás por ello afirmaba el profesor Antonio Machado aquello de “tan solo el necio confunde el valor con el precio”.La situación de los derechos sociales no pasa por unos de sus mejores momentos en la actualidad las desigualdades avanzan de norte a sur. Este país está a la vuelta de elecciones, pero parece que no serán unas meras elecciones legislativas. En un reciente artículo publicado por el profesor universitario Héctor Illueca, se expone el nudo en el que se encuentra España, cito aquí su análisis textual: “Desde que empezó la crisis económica, nuestro país ha experimentado una profunda transformación en los dos grandes pilares que vertebran y sostienen cualquier constitución democrática: la constitución económica y la constitución territorial. En lo que respecta a la primera, la reforma del artículo 135 CE acometida en 2011 por el PP y el PSOE supuso la derogación de facto de la cláusula del Estado social prevista en el artículo 1.1 de la Ley fundamental. En su formulación clásica, esta cláusula implicaba el reconocimiento a nivel fundamental de los principales derechos sociales y la consagración de un nuevo tipo de Estado intervencionista y planificador, orientado a garantizar las principales condiciones de existencia a la ciudadanía. Pues bien, la tipificación del principio de estabilidad presupuestaria y el otorgamiento de absoluta prioridad al pago de la deuda pública desvirtúan cualquier compromiso social por parte de los poderes públicos, sometiendo nuestra Carta Magna al imperio de la economía. Desde el mes de agosto de 2011, España ya no es un Estado social. España es un Estado neoliberal”[4].

Frente a esta realidad, la necesidad de un resultado electoral favorable para proteger los derechos sociales por encima de los intereses económicos resulta no solo adecuada, sino imprescindible para preservar la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, el trabajo digno, el medio ambiente y reconstruir el Estado Social liquidado por un mercado reaccionario que engendra a su propio Leviatán[5].

[1] Gramsci, Antonio. Antología. Selección y traducción de Manuel Sacristán, Editorial AKAL. 2013.

[2] Las cuestiones clave de la sanidad pública: un diagnostico comparado de los Sistemas Públicos Sanitarios de España y el Reino Unido. Colección  Estudios nº54. Fundación 1º de Mayo. En http://www.pensamientocritico.org/salrua0515.pdf. Visitado en octubre 2018.

[3] Lorente P. Nueva Tribuna. 31 de marzo de 2018. En https://www.nuevatribuna.es/articulo/sanidad/modelo-alzira-cronica-fracaso-anunciado/20180331084325150297.html. Visitado en octubre de 2018.

[4] https://www.cuartopoder.es/ideas/2019/03/22/28a-elecciones-materialmente-constituyentes/

[5] Job 47. https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+41&version=DHH

Las crisis económicas afectan a la salud de la población y suele hacerlo, sobre todo, en las personas que quedan en desempleo y que, como se ha señalado, afecta de varias maneras, produciéndose un aumento de la mortalidad por todas las causas, de la mortalidad  especifica por las enfermedades cardiovasculares, la mortalidad infantil y la mortalidad perinatal.

Las crisis empeoran notablemente la alimentación, tanto por casos de hambre y desnutrición, los más infrecuentes en nuestro país, como por una peor calidad de los alimentos que se consumen ya que, frutas, verduras y pescado caen en picado en la dieta por sus precios elevados y se aumenta el consumo de los alimentos más baratos que suelen ser los peores nutricionalmente, a la vez que se incrementa el consumo de drogas, legales e ilegales, por ejemplo en España se ha producido un repunte del tabaquismo en los últimos años.

Pero, sobre todo, empeora la salud mental porque el paro aumenta los trastornos del sueño, las migrañas y las depresiones, y su expresión más grave, y más preocupante, es el suicidio.

Los datos sobre el suicidio son muy concluyentes, durante la crisis se conoce que el suicidio se disparó en Grecia donde, en 2011, se produjo un aumento del 35%. En España la tasa de suicidios es habitualmente baja (5,71 por 100.000 habitantes en 2010) y aumentó a 6,96 en 2013 (un 21,73%). Aunque ha disminuido algo en los últimos años, sigue en valores superiores a los de antes de la crisis (6,44 en 2017), probablemente como efecto de la mantenida precariedad y malas condiciones laborales que también se han relacionado con el suicidio.

En cuanto a la salud mental, los datos también han empeorado. Según la Encuesta Nacional de Salud, en 2006 el 8,4% de la población señalaba haber tenido un problema de salud mental, en 2011 la cifra aumentó al 9,6%, el 10,65% en 2014 y el 10,76% en 2017, siendo el trastorno más frecuente la ansiedad, seguida por la depresión. Los problemas de salud mental son más frecuentes en las mujeres y en las personas más pobres.

En la misma línea va el aumento de del uso de psicofármacos. El 10,7% de la población consumía en 2017 ansiolíticos, relajantes o pastillas para dormir, más las mujeres que los hombres (13,9% y 7,4% respectivamente). El uso de psicofármacos ha crecido de manera importante en los últimos años, pasando de 26,5 dosis por habitante y año en 2000 a 79,5 en 2013, uno de los más elevados de la OCDE. Un aumento que continúa (14,73% de aumento en consumo de antidepresivos entre 2012 y 2016 y un incremento del 9,73% en el caso de los ansiolíticos.

Sin embargo, las consultas al psicólogo, psicoterapeuta o psiquiatra siguen siendo pocas en relación con los países más desarrollados, aunque se ha producido una subida entre 2011 y 2017 pasando de 4,16 consultas por habitante y año en 2011 a 6,47 en 2017.

Los recursos sanitarios públicos de salud mental se han deteriorado en estos años, debido a los recortes económicos que han disminuido la capacidad de la Sanidad Pública para atender estos problemas, justamente en un momento en el que, como se ha visto, la demanda y la necesidad aumentaban. Un dato a tener en cuenta es que hay un gran déficit de recursos humanos, por ejemplo, en psicología clínica, donde existe, en nuestro país, una ratio de 4 profesionales por cada 100.000, mientras que la media europea se sitúa en 18 profesionales para 100.000 habitantes, lo que da lugar a plantillas infradotadas, totalmente saturadas con el aumento de demanda, generando desigualdades en la población. Los recortes se han trasladado a una demora en las citaciones de las consultas (más de 150 días para una primera consulta) y una menor capacidad de los dispositivos de salud mental para atender a los pacientes crónicos, siendo esto, probablemente, causa del aumento del uso de psicofármacos, porque siempre es más fácil y cómodo: desde luego requiere de menos recursos el recurrir a la medicación en lugar de la psicoterapia. Con todo, también, ha aumentado el porcentaje de personas que no pueden acceder a la atención de salud mental debido a problemas económicos pasando del 1,09% de la población en 2014 al 1,74% en 2017 (el porcentaje parece pequeño, pero trasladado a la población general son 800.000 personas). Precisamente, por todo lo anteriormente expuesto, cabe mencionar un estudio de la OMS que fue publicado en The Lancet donde se señala que cada dólar invertido en tratamiento correcto para un problema de salud mental supone cuatro de ahorro en recursos públicos.

La salud mental se ha visto empeorada con la crisis y con la salida que se le ha dado a la misma (más precariedad y peores condiciones laborales); así mismo, la capacidad de respuesta del sistema sanitario también se ha debilitado, derivándose hacia un peligroso incremento del consumo de psicofármacos que tienen muchos y peligrosos efectos secundarios. Sin embargo, siguen predominando las respuestas propagandísticas con escasa o nula repercusión sobre la realidad. Un buen ejemplo es la campaña sobre el suicidio, que no se ataja con campañas de imagen sino con unas mejores condiciones laborales, con mayor índice de empleo y con un sistema de salud mental accesible y de calidad.