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Unas listas de espera excesivas y que no mejoran

 
Fecha de Publicacion :03/12/2019
Autor: Marciano Sánchez Bayle
 
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El Ministerio de Sanidad acaba de hacer pública la situación de las listas de espera del Sistema Nacional de salud a 30 de junio de 2019, y aunque no esta de moda hablar de ello, resulta que es muy importante para la salud de la población, de manera que ante ello convendría hacer algunas consideraciones:

Una. Las listas de espera son el mecanismo que establecen los sistemas públicos de acceso universal para organizar los desajustes entre oferta y demanda de servicios sanitarios, que son inevitables porque es imposible planificar al detalle y prever las necesidades de servicios sanitarios en todo momento. La otra formula para organizarlo es el precio, y por eso en modelos liberalizados no hay listas de espera porque quienes carecen de medios económicos no tienen nada que esperar de sistemas sanitarios que los excluyen, y los demás esperan mas o menos en razón de lo que estén dispuestos y puedan pagar.

Dos. El problema de las listas de espera es cuando son tan excesivamente prolongadas que convierten el derecho a la asistencia sanitaria en un derecho meramente teórico, y favorecen la aparición de graves problemas y/o complicaciones durante las demoras. Por eso, aceptando que debe de haber listas de espera, hay que exigir que estas sean razonables y no favorezcan el empeoramiento de las patologías que las motivan, y ese es el gran reto a que se enfrenta la Sanidad Pública en España.

Tres. Si vemos los resultados que se han hecho públicos se observa que el número de pacientes en espera estructural en lista quirúrgica (LEQ) ha crecido en 3.206 personas desde diciembre de 2018 y alcanza la cifra de 671.494 personas (el 1,44% de la población), el número mas alto en LEQ desde diciembre de 2016, con una ligera disminución del número de días de demora media respecto a diciembre de 2018 (115 días versus 129), pero 22 días mas que hace un año. El porcentaje de pacientes con mas de 6 meses de espera baja respecto a diciembre (15,8 versus 20%) pero aumenta respecto a junio de 2018 (12,2%).

Diferencias entre CCAA

Las diferencias entre CCAA son muy notables. Así el porcentaje de pacientes por 1000 habitantes en LEQ va desde 23,32 en Cataluña a 8 en Madrid y 8,32 en Navarra. Asimismo la demora media va desde 164 días en Andalucía hasta 47 en La Rioja y 49 en el País Vasco, mientras que el porcentaje que espera mas de 6 meses se sitúa entre el 29,4% en Castilla la Mancha y el 1,4% en Asturias (País Vasco viene recogido como 0% pero faltan datos de la mayoría de las especialidades). También existe una amplia variación en las demoras por especialidades, en algún caso especialmente llamativas (cirugía plástica supera los 350 días de promedio).

Cuatro. La lista de espera de consultas externas (LEC) es también muy preocupante, pero hay que aclarar que recoge solo la espera para la primera consulta y no para las sucesivas, que en nuestra experiencia son mucho mas importantes. Con esta limitación, es de 81 días de promedio (recuérdese que el Consejo Interterritorial del SNS estableció en 15 días la demora aconsejable), 61,84 personas por 1000 habitantes y 42,6% que esperan mas de 60 días. Como en la LEQ los datos son ligeramente mejores que en diciembre de 2018, pero bastante peores que en junio de ese mismo año (57 días de espera media, 43,06 personas /1000 habitantes y 37,4% que esperan mas de 60 días).

Las diferencias entre CCAA son también notables. Según las CCAA la mayor espera en días de promedio es en Andalucía (130 días) y la menor en el País Vasco (23). La mayor tasa de población en LEC /1000 habitantes esta en Andalucía (86,19%) y la menor en el País Vasco (15,51%) y en cuanto al porcentaje que espera mas de 60 días oscila entre el 68,8% de Murcia y el 3,7% de Baleares. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología que superan los 70 días de promedio.

Cinco. En todo caso se trata de unas esperas muy elevada tal y como señalan las comparaciones internacionales (EU Health 2019) y que claramente no han mejorado en el ultimo año que es la comparación mas razonable (en diciembre el efecto de las vacaciones y el aumento de las patologías respiratorias produce un repunte, digamos que habitual de las listas de espera).

Seis. El estado de las LEQ y LEC es muy preocupante porque las demoras son excesivas de manera casi generalizada y suponen una situación intolerable en muchos casos. Por otro lado esta claro que las demoras reales que padecen los ciudadanos son la suma de todas ellas: demora en Atención Primaria + demora en LEC + demora en pruebas diagnósticas (que incomprensiblemente no recoge el Informe) + demora en las consultas sucesivas + demora en LEQ, y por lo tanto en muchos casos la espera para resolver el problema de salud superara el año e incluso los 2 años y más.

Siete. No es por lo tanto extraño el crecimiento de los seguros privados ya que muchos ciudadanos se sienten expulsados de la Sanidad Publica por estas demoras, y si su situación económica se lo permite, buscan una alternativa en el sector privado. Esta privatización de la asistencia (en este caso de la financiación y la provisión) aumenta la desigualdad y favorece que las personas con menos recursos y habitualmente con mayores problemas de salud no consigan acceder a la asistencia que precisan en el momento oportuno.

Todos estos resultados ponen en evidencia que nuestro sistema sanitario público no se ha logrado recuperar de los grandes recortes que sufrió con la excusa de la crisis y que el aumento presupuestario que se ha producido en los últimos años, tal y como ya hemos señalado reiteradamente desde la FADSP, se ha dirigido al aumento del gasto farmacéutico y a las privatizaciones, es decir a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población, por eso es imprescindible cambiar la política sanitaria y tomar medidas urgentes y radicales para atender las necesidades de salud de las personas, que tienen que pasar necesariamente por el uso intensivo de los recursos de la Sanidad Pública.

 

Medicamentos a un precio justo

 
Fecha de Publicacion :/03/122019
Autor: Carlos Sánchez Fernández
 

La Sanidad Pública tiene un serio problema con el gasto farmacéutico porque los precios de los nuevos medicamentos están creciendo de una forma exorbitante, con lo que se produce un verdadero agujero negro para el Sistema Nacional de Salud que pone en riesgo su sostenibilidad. Valgan algunos ejemplos: en 2019 se aprueba un medicamento (Kymriah, Yescarta)  con un precio de 320.000 euros y se anuncia para 2020 un medicamento con un precio de 2 millones de euros.  Por eso el gasto en medicamentos hospitalarios aumento un 24% entre 2014 y 2018 y sigue subiendo. Al final será imposible asumir estos precios por el sistema sanitario público que entrara en quiebra.

No se explican estos precios, que son meramente especulativos, y que no tienen relación ni con el coste en investigación y menos aún con el de producción: por ejemplo, el coste de fabricación de los nuevos medicamentos para la Hepatitis C es de 100 euros por tratamiento, sumando el coste de investigación, nos situaríamos en 300 euros por tratamiento. En España hemos pagado una media de 19.000 euros. Como se ha  tratado a más de 130.000 pacientes  el coste razonable sería de 39 millones de euros y hemos pagado 2.500 millones. Una situación intolerable.

Las empresas farmacéuticas consiguen gracias a este atropello unas ganancias del 40% sobre las ventas, mientras que las empresas industriales se mueven en torno al 5%. Ese fabuloso beneficio se dedica en buena parte a marketing, a propaganda, y a presión sobre políticos, médicos y opinión pública.

La industria dice que invierte mucho en investigación, pero no es cierto. Invierte alrededor del 16% en investigación frente al 23% en marketing (en propaganda, en “formación” de los que deciden sobre la prescripción, en viajes, en pseudo congresos científicos, etc). Esta documentado que a veces las empresas compran los resultados de investigación de los equipos públicos a precio de coste y luego ponen precios abusivos a los medicamentos desarrollados.

Los precios tan elevados producen efectos negativos sobre los enfermos: retrasan la aprobación de nuevos tratamientos, favorecen el racionamiento, y que las farmacéuticas retiren los medicamentos más baratos, que son igual de eficaces en muchos casos, produciendo desabastecimientos y forzando que se recete los más caros.

Las empresas también presionan a los médicos, para favorecer que receten de forma innecesaria, provocando efectos adversos indeseados (todos los medicamentos producen efectos secundarios que son peligrosos para la salud por lo que hay que valorar el riesgo/beneficio siempre que usamos un medicamento). Un dato, en la Unión Europea mueren más de 100.000 personas al año por efectos adversos evitables de los medicamentos.

Otros efectos de estos precios elevados es que los gobiernos pongan copagos a la población y se retiren medicamentos útiles de la financiación pública. En España sucedió con el RDL 16/2012 que aprobó el gobierno Rajoy, el resultado es que 1,4 millones de personas no retiraron los medicamentos prescritos en 2018. Y además lo que se paga de más en medicamentos se resta de los presupuestos sanitarios y la Sanidad Pública se queda sin dinero para personal, equipos, infraestructuras, de manera que se deteriora la calidad y aumentan las listas de espera

Unos precios tan elevados e injustos ponen en peligro la sostenibilidad y la calidad de la Sanidad Pública y por lo tanto plantean un problema muy grave para la salud.

¿Cómo se puede lograr un precio justo para los medicamentos?.

Tal y como se señala en la ILP hay que actuar desde ahora en 2 escenarios: A medio y largo plazo es preciso alcanzar un nuevo acuerdo internacional sobre acceso justo a los medicamentos en el marco de la UE y de Naciones Unidas. Este marco debería volver a prohibir la utilización de patentes en medicamentos, quitando el monopolio que permite el abuso de la industria. La financiación de la investigación tiene que hacerse con fondos públicos y de entidades sin ánimo de lucro, a través de un Fondo Global, con fijación de prioridades en función de necesidades de salud, y con investigación abierta y colaborativa. Las empresas deben facturar a precio de coste, con un beneficio industrial razonable, en torno al 5%. Mientras tanto es importante aumentar la capacidad de negociación de la Sanidad Pública  para negociar y fijar precios justos con la máxima transparencia posible. Para ello se ha propuesto la Iniciativa Legislativa Popular “medicamentos a un precio justo”.

La ILP propone cambiar la Ley del Medicamento para lograr

  1. Que los precios se fijen en relación con el coste de fabricación y los costes de investigación debidamente auditados.
  1. Que la negociación sea transparente. Las empresas deberán facilitar toda la información sobre estos costes al gobierno y el gobierno deberá publicar esta información, así como la deliberación seguida para fijar el precio. La información es poder. Y la transparencia en asuntos tan importantes es un derecho de ciudadanía.
  1. Que se cree un fondo para financiar investigación y formación independiente, para que ni los médicos ni las asociaciones de pacientes tengan que ser patrocinados “por las empresas” (con el dinero que les damos los pacientes y los sistemas de salud a través de los sobreprecios). Este fondo se financiará con el dinero ahorrado al fijar precios más justos, y con aportaciones por volumen de ventas de medicamentos al Sistema Nacional de Salud.

Si la ILP  prospera se podrían destinar 1.500 millones de euros anuales al fondo de investigación y formación independiente. La ILP pretende propiciar un amplio debate social , que permita movilizar un apoyo a las medidas que los gobiernos adopten para fijar precios justos. Solo de esta manera podremos mantener y mejorar una sanidad pública de calidad y para todos. Para que se discuta la ILP en el Congreso de los Diputados es preciso reunir 500.000 firmas entre ahora y julio de 2020. Para lograrlo se precisa la colaboración de todos.

Para más información: https://ilp.medicamentosaunpreciojusto.org/

Una situación difícilmente tolerable

 
Fecha de Publicacion :28/11/2019
Autor: Marciano Sanchez Bayle
 

El Ministerio de Sanidad acaba de publicar la situación de las listas de espera a 30 de junio de 2019, ante lo que conviene hacer algunas reflexiones. El número de pacientes en espera quirúrgica (LEQ) ha crecido desde diciembre del 2018 y alcanza 671.494 personas (el 1,48 % de la población), el mas alto desde el 2016, con una ligera disminución respecto a diciembre del 2018 (115 días frente a 129), pero 22 días más que hace un año. El porcentaje con más de 6 meses de espera baja respecto a diciembre (15,8 % frente a 20 %) pero aumenta respecto a junio del 2018 (12,2 %).

Hay muchas diferencias entre autonomías, tanto en el porcentaje de pacientes por 1.000 habitantes en lista de espera quirúrgica como por la demora media y el porcentaje que espera más de seis meses. Además hay una especialidad (cirugía plástica) que supera los 350 días de espera de promedio. Son esperas muy elevadas, tal y como señalan las comparaciones internacionales, y que no han mejorado en el último año.

La espera de consultas externas es también preocupante: 81 días de promedio (15 días es la demora aconsejable), 61,84 personas por 1.000 habitantes y 42,6 % que esperan más de 60 días. Como con la cirugía, los datos son algo mejores que en diciembre del 2018, pero peores que en junio de ese mismo año.

Las diferencias según las comunidades autónomas también persisten: en días de espera, población por 1.000 habitantes, en lista de espera de consultas externas y porcentaje que espera más de 60 días. Las especialidades con mayor demora son traumatología, urología, oftalmología y dermatología, que superan los 70 días de promedio.

La situación es grave, porque las demoras son excesivas de manera generalizada. Además, el tiempo de tardanza real que padecen los ciudadanos es la suma de todas ellas: demora en atención primaria + demora en consultas externas + espera en pruebas diagnósticas (que no recoge el informe) + espera quirúrgica, y por lo tanto en muchos casos será un año, e incluso dos o más.

En este contexto, no extraña el crecimiento de los seguros privados porque los pacientes que tienen dinero buscan alternativas en la sanidad privada, lo que aumenta la desigualdad e impide el acceso a las personas más pobres.

Estos resultados evidencian que nuestra sanidad pública no se ha recuperado de los recortes que sufrió con la crisis y que el aumento presupuestario posterior se ha ido a aumentar el gasto farmacéutico y a las privatizaciones, o sea, a los beneficios empresariales y no a mejorar la asistencia que recibe la población; por eso es necesaria una política sanitaria que tome medidas urgentes para atender las necesidades de salud de las personas.

El derecho a morir

 
Fecha de Publicacion :28/11/2019
Autor: Alicia Alonso
 
Alicia Alonso
 
El domingo publicaba El Norte de Castilla un artículo sobre la eutanasia, a propósito de la conferencia impartida en Salamanca por la asociación Derecho a Morir Dignamente. Me gustaría contaros mi primer contacto con un proceso de eutanasia aquí en Bélgica, donde ahora vivo y donde es legal desde 2002.

     Me hablaron de ello en mi servicio (Neurología) porque, como médica, puede corresponderme llevar a cabo el procedimiento en algún momento (aunque existe la posibilidad de declararse objetor de conciencia). La mayoría de los procesos de eutanasia se llevan a cabo por el médico de Familia en el domicilio del paciente. Pero tratándose las enfermedades neurológicas de la tercera causa para solicitar la eutanasia, solo es cuestión de tiempo que le corresponda al neurólogo. Y el otro día le llegó su primera vez a mi compañero de departamento. El Dr. Mertens (nombre ficticio) es un hombre tranquilo. De los que no se alteran con los contratiempos ni parecen estresarse con la carga asistencial.

     Sin embargo, esos días era obvio que estaba nervioso. Salía y entraba continuamente del despacho, y no paraba de darle vueltas al protocolo de 500 páginas sobre la eutanasia… Sus preocupaciones no eran baladíes: "¿Hago lo correcto como médico?", "¿es esto un fracaso de la Medicina?, ¿un fracaso mío?", "¿cómo será la situación…?".

     Todo el desasosiego que reflejaba su rostro se había desvanecido cuando le vi volver de ayudar a aquel paciente a tener su muerte digna. "¿Qué tal?", le pregunté. "Muy bien", me contestó, "había mucha paz".

     El paciente, que padecía una enfermedad neurodegenerativa sin cura conocida, había tomado la decisión de forma meditada hace tiempo. Sus familiares lo aceptaban. Ya todo estaba dicho, todos los abrazos y besos estaban dados. Las despedidas, los agradecimientos, las conversaciones pendientes… Todo había sido ya dicho como solo puede hacerse cuando conoces la fecha exacta de tu muerte. Y por lo tanto, en la habitación solo reinaba la paz. La paz con la que se va alguien cuyo derecho a poner fin a su vida se ha respetado.

¿Un país saludable?

 
Fecha de Publicacion :26/11/2019
Autor: Carlos Sánchez Fernández
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No hace mucho la Agencia Bloomberg (Bloomberg Healthiest Country Index 2019), público su clasificación de los países mas saludables del mundo colocando a España en la primera posición (en 2017 estaba situada en sexto lugar), desbancando a Italia que pasa a ser segunda y que en 2017 figuraba en el primer lugar.

Como siempre sucede ante este tipo de noticias, surgieron numerosas voces de incredulidad en nuestro país, mas acostumbrado a las quejas y lamentaciones que a la alegría y la satisfacción con el reconocimiento internacional de nuestros éxitos. Ya se sabe que todas las clasificaciones internacionales tienen problemas y todas son cuestionables por muchos y numerosos motivos, porque los criterios y las decisiones de incluir esta o la otra variable tienen siempre un componente importante de subjetividad. Siendo esto cierto conviene no olvidar que España en las comparaciones internacionales, que no utilizan siempre los mismos criterios ni los valoran de la misma manera, sale siempre bastante bien situada, en general en los 10 primeros puestos, y siempre muy por encima de lo que le correspondería por el PIB o por el gasto sanitario por habitante.

Un pequeño repaso a los datos de salud comparativos explican esta buena posición. La esperanza de vida es alta 83,4 años en 2018 en el total de la población (86,1 las mujeres y 80,6 los hombres) frente a la de la media de la OCDE (80,7 total, 83,4 en mujeres y 78,1 en hombres), es decir vivimos 2,7 años mas en total y las mujeres y 1,9 años mas los hombres. Nuestra mortalidad infantil es baja 2,7 por 1.000 nacidos vivos (1,1 por debajo del promedio) y los años potenciales de vida perdidosa los 75 años por 100.000 habitantes son claramente inferiores a los promedios de la OCDE tanto en mujeres (960,5 menos)  como en hombres (1.744,6 menos) y la tasa de suicidios, que aunque es cierto que aumento desde 2010, sigue siendo comparativamente baja (6,8 en 2018 por 100.000 habitantes frente a 11,5 de promedio).

Otros tres hechos que influyen en los buenos resultados son nuestro sistema sanitario, los hábitos alimenticios y una gran sociabilidad. Tenemos un buen sistema sanitario, muy amenazado por los recortes y las privatizaciones pero que sigue teniendo un diseño con hegemonía de la Sanidad Pública, cobertura universal, potente Atención Primaria y pocas barreras de acceso a las prestaciones sanitarias. Los hábitos alimenticios, pese a que han ido cambiando con la globalización y aún mas con la crisis que fomenta el consumo de la comida mas barata y menos saludable, siguen estando fundados en lo que se conoce como dieta mediterránea, es decir utilización de aceites de origen vegetal (especialmente en nuestro país de oliva), de frutas, verduras legumbres y hortalizas, así como el consumo de pescado. Por otro lado esta el elevado grado de sociabilidad de nuestro país que evita el aislamiento y fomenta las actividades en grupo de características muy variadas (hay mucha literatura científica que señala que la pertenencia a grupos organizados, sea el coro de la iglesia, una asociación de vecinos, o un sindicato, etc,  favorece la salud), es evidente que en España el buen clima que tenemos hasta ahora también ayuda.

Pero no todo es bueno. Para quienes gustan de las malas noticias hay que recordar que tenemos serias amenazas para la salud en un futuro próximo, la primera por supuesto es el cambio climático y la contaminación medioambiental que en España tienen unas expectativas bastante negativas, más aun con algunos gobiernos autonómicos y municipales que ejercen de un negacionismo militante; la segunda la importante tasa de obesidad que afecta a un 16,9% de la población  (índice de masa corporal > 30 kg/m2) y que ha aumentado en 1,2 puntos desde 2010; la tercera el tabaquismo que en 2019 afectaba al 23,3% de la población, que es muy elevado (promedio OCDE 2018 del 18,1%) y que este año había aumentado después de varios años de disminución; y por fin el consumo de alcohol que afecta a la mayoría de la población: el 75,6% en los últimos 12 meses, y el 25,6% de la población española de más de 15 años tuvo un episodio de ebriedad en los últimos 30 días, si bien es cierto que el consumo de litros de alcohol /habitante/año esta en disminución ( se paso de 9,8 litros en 2010 a 8,6 en 2018).

O sea que, aunque tenemos un país bastante saludable, si no nos esforzamos en corregir algunas peligrosas tendencias que desafían esta situación, las cosas pueden cambiar a peor de una manera importante. En nuestras manos y de las administraciones públicas esta el evitarlo.


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