El grupo Ribera Salud se hace con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira
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Ante la noticia en los medios de difusión de que El grupo Ribera Salud (formado a partes iguales por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell) se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan la sanidad pública en Torrevieja, Elche y Alzira al comprar las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones, según ha informado el propio grupo este viernes.
Desde ACDESA queremos manifestar que:
1. Desde la Conselleria de Sanitat y el actual gobierno en funciones no debe adoptarse ninguna medida que pueda hipotecar la acción del futuro gobierno electo.
2. La multinacional Centene Corporation ya hace tiempo que opera por estas latitudes, desembarco en nuestra comunidad en el 2014 y cuenta en su junta directiva con ex-políticos que nos recuerdan cada día lo que son las puertas giratorias entre el sector público y privado. Las maniobras comerciales de Centene reflejan una estrategia de posicionamiento en el sector sanitario publico español. Las multinacionales americanas toman posiciones en sectores estratégicos en espera del desarrollo del Tratado Trasatlántico de Libre Comercio ( TTIP en inglés) entre EEUU y la UE. El TTIP permite que Tribunales de Arbitraje supranacionales defiendan los intereses de las multinacionales saltando a los tribunales nacionales donde se protege el derecho y el interés sanitario.
3. Recientes noticias indican que ya se están firmando los acuerdos preliminares del TTIP. La autorización de la operación comercial por parte de un Gobierno Valenciano en funciones supone la complicidad con los intereses mercantiles americanos y es contraria a los intereses de la sanidad pública.
Por todo ello exigimos una explicación transparente e inmediata de la Conselleria de Sanitat sobre si ha autorizado esta compra de acciones, y en su caso en qué condiciones y porque motivos. Igualmente los miembros del nuevo gobierno deberán estudiar la legitimidad de la decisión adoptada al respecto.
Valencia a 1 de junio de 2015