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Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia

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Movilizaciones descentralizadas contra el CETA - 21 ENERO

TTIP

El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá, (CETA por sus siglas en inglés), y también conocido como el ”TTIP canadiense”, por sus similitudes con ese acuerdo, se encuentra en la fase final de su proceso de ratificación.

El CETA estuvo a punto de quedar bloqueado en el Consejo Europeo por la negativa del Parlamento de la región belga de Valonia a dar el visto bueno a su aprobación, pero finalmente las numerosas presiones internacionales forzaron a los belgas a aceptar el tratado.

El próximo 24 de enero el CETA será votado en la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo; la Campaña NO al TTIP, CETA, TiSA, así como muchas otras campañas europeas, convoca movilizaciones en todo el territorio el día 21 de enero para incidir sobre la votación del Tratado en febrero.

En la siguiente fase del proceso, la última antes de su aplicación provisional, el acuerdo en su totalidad (sin posibilidad de añadir enmiendas) será votado en el pleno del Parlamento Europeo,en los primeros días de febrero. En caso de ser ratificado, amplias secciones del tratado comenzarían a aplicarse provisionalmente, de forma previa a la ratificación final por parte de los distintos parlamentos nacionales.

El CETA ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

A pesar de que varios anexos y “declaraciones interpretativas” han sido añadidas al CETA a posteriori para tratar de sumar apoyos, estos textos no modifican sustancialmente el acuerdo, que continúa presentando numerosos problemas:

  • El CETA autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado (ICS) de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
  • En un neto contraste con los derechos de las corporaciones, las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no pueden ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedan en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los  derechos de los trabajadores o la protección del ambiente.
  • El CETA limita seriamente la capacidad de los gobiernos para crear, expandir y regular los servicios públicosy para revertir liberalizaciones y privatizaciones fracasadas.
  • El CETA hace que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros.
  •  Un estudio independiente de los impactos económicos del CETA predice que se perderán puestos de trabajo tanto en la Unión Europea como en Canadá, y que los pequeños beneficios del tratado seran fundamentalmente para los dueños del capital, con el consiguiente aumento de la desigualdad.
  •  El CETA podría aumentar el coste de las prescripciones de medicamentos e impactaría negativamente en derechos fundamentalescomo el derecho a la privacidad y a la protección de datos. También limitaría la capacidad tanto de la Unión Europea como de Canadá de actuar contra patentes excesivas.
  •  Las normas del CETA en cuanto a cooperación reguladora y  a las regulaciones nacionales pondrán obstáculos adicionales a las regulaciones y reforzarán el papel de los lobbistas corporativos en los procesos de elaboración de las políticas, socavando potencialmente la adopción de políticas de interés public.
  • En ambos lados del Atlántico, el CETA expondría a los agricultores a una presiones competitivas que minarían su modo de vida,obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el dersarrollo de una agricultura sostenible.
  • Las medidas de precaución para proteger a los consumidores, a la salud pública y al medio ambiente pueden ser puestas en cuestión por el CETA, ya que ni en el texto ni en las declaraciones anexas se protege explícitamente el del principio de precaución en la política regulatoria europea.
Por estos motivos, las organizaciones que formamos parte de la campaña NO al TTIP, CETA, TiSA convocamos un día de movilizaciones en todo el territorio el 21 de enero; mostramos nuestro rotundo rechazo a este acuerdo comercial, y conminamos al Parlamento Europeo, al Parlamento canadiense y a los parlamentos nacionales, provinciales y regionales, que tienen voz y voto en el proceso de ratificación, a defender los derechos y los intereses de las poblaciones que representan contra las amenazas que implica el CETA, votando en contra de la ratificación del tratado. 


Los intereses comerciales no pueden estar por encima de la democracia, los derechos de las personas y del planeta. Por eso decimos:

¡No al CETA!  !No al TTIP!

Tercera Manifestacion Multitudinaria en Granada

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Lo que está sucediendo en los Centros Sanitarios no es por la gripe, es por los recortes

Ante la saturación de los servicios de urgencias en gran parte de los hospitales públicos como consecuencia de la epidemia de gripe desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos denunciar que:

            1.- La acumulación de  pacientes en los pasillos atenta contra la dignidad personal de las personas enfermas, además de agravar el sufrimiento de los mismos innecesariamente.

            2.- Esta situación es la consecuencia de los recortes del sistema sanitario que supuso una reducción de más de 10.000 millones de euros (en torno al 18%) , de  6.000 camas operativas (5,1% de descenso), de más de 25.000 trabajadores, todo ello según el propio Ministerio de Sanidad, aunque las cifras de otras fuentes son muy superiores, y de la paralización del Plan de Mejora de los Centros de Atención Primaria (Estrategia AP- 21).

            3.- A estos recortes habría que añadir la ausencia de Planificación tanto a nivel Ministerial como de la gran mayoría de los Servicios de Salud Autonómicos, resultante de la estrategia de introducir los mecanismos de mercado en las relaciones sanitarias. Las epidemias de gripe son periódicas y estacionales y deberían obligar a los servicios sanitarios a tener previstos recursos para hacerles frente.

            4.- Es intolerable que los recortes de los servicios públicos para rescatar los bancos (en  más de 60.000 millones de euros como ha denunciado el Tribunal de Cuentas) repercuta en la salud de la ciudadanía, especialmente de los enfermos crónicos y las personas de mayor edad (que curiosamente son la base electoral del PP).

            5.- Exigimos un Plan de Emergencia para abordar las deficiencias de recursos del Sistema Nacional de Salud que incluya la reposición de personal, camas hospitalarias y centros de salud, antes que la situación de deterioro sanitario sea irreversible.

                                               No es la gripe, son los recortes

 Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

12 de enero del 2017

El aumento del copago penaliza a los más enfermos mientras se favorece a la industria farmacéutica

    Ante la información de que la nueva Ministra de Sanidad Dolors Montserrat pretende incrementar los copagos a los pensionistas que cobren más de 18.000 euros anuales,  desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar:

   1.- Que si lo que pretende la nuevas Ministra es racionalizar el consumo de recursos sanitarios tenemos que recordarle, por si lo desconoce, que desde hace años esta demostrada que estas medidas solo afectan a los grupos sociales de bajas rentas como los pensionistas, que por otra parte consumen más medicamentos (5,6 frente a 2,4 de la población general)  por ser el colectivo con mayor prevalencia de enfermedades crónicas (hipertensión, cardiopatías, enfermedades reumáticas, cáncer, , etc.)

   2.- Tras el Real Decreto Ley 16/2102 que, acabó con la universalidad de la atención  introdujo el copago a los pensionistas,  se evidencio que el ahorro potencial de esta medida, estimado por el Ministerio de 2.300 millones de euros fue realidad  de 363M   (de los que 198 fueron  por la desfinanciación de más de 400 fármacos de gran consumo por los pensionistas como son medicamentos para la tos, el estreñimiento, las diarreas o las hemorroides patologías que afectan  especialmente a los mayores), según datos del año 2013. Por otro lado entre el 15%  y el  25% de los pensionistas no retira los medicamentos prescritos  por sus médicos por no poder pagarlos.

   3.- No parece justo que se incremente un impuesto que grava la enfermedad y afecta especialmente a los sectores sociales con menos ingresos,  mientras se mantienen las exenciones fiscales a las grandes fortunas y empresas multinacionales (el impuesto de sociedades es irrisorio en nuestro país) o se tolera y alienta el fraude fiscal con sucesivas amnistías a los defraudadores.

   4.- Es incomprensible que el Gobierno de Rajoy vuelva a agredir al grupo social que más le apoya (se estima que más del 60% de su masas electoral tiene más de 65 años),  con nuevos impuestos,  después de que la subida de la pensiones para el año 2017 se haya fijado en un ridículo 0,25%,  muy por debajo del incremento de coste de la  vida.

   5.- Solo desde la ignorancia y desde la ideología más conservadora se puede entender esta medida, que representa un  nuevo paso en la generalización de los copagos por la utilización de los recursos sanitarios, como fórmula para continuar con la privatización sanitaria.

   6.- Desde la FADSP reiteramos nuestra exigencia de la derogación del Real Decreto 16/2012 que introdujo el copago farmacéutico a los pensionistas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

9 de enero del 2017

Manifestacion Atencion Primaria Vigo 11 de enero

20170111 manifestacion

No es la Gripe son los recortes

    Ante la saturación de los servicios de urgencias de los principales hospitales de la red púbica gallega por la epidemia de gripe  desde la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública que remos comunicar:

        1.- Que este colapso no tiene que ver con la gravedad de esta enfermedad que no supone ningún riesgo para la mayoría población, dado que las características del virus de la gripe de este año son similares a los de anteriores  y que gran parte de las personas más expuestas a complicaciones esta vacunada.

        2.- El problema del hacinamiento de pacientes afectados en pasillos y salas de los servicios de urgencias es el recorte de más de 400 camas, personal sanitario (más de 1,700) y centros de salud (de los 66 previstos en el Plan de Mellora apenas e han creado 6) asociado a  la reducción del presupuesto sanitario en un 18% en los últimos años,  para cumplir con el plan de austeridad y de reducción de la deuda impuesta por el gobierno de Rajoy.

        3.- Esta situación viene a  corroborar las advertencias que venimos realizando en los últimos años sobre los riesgos, para la asistencia sanitaria y la sostenibilidad de la sanidad pública,  de la política de recorte del SERGAS.

        4.- Exigimos una auditoria de la situación del mismo y la reposición de los recursos suprimidos.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

9 de enero del 2017

Con el nuevo consejero "a peor va la mejoría" de la Sanidad canaria

    El zorro al cuidado de las gallinas, nada más y nada menos que uno de los Vicepresidentes de la Gran Patronal de la sanidad privada en el Estado Español, la Alianza de la Sanidad Privada Española. Se trata del gallego José Manuel Baltar,gerente del Grupo Hospitales San Roque de Las Palmas de Gran Canaria desde hace dos décadas, en un contexto en el que en los últimos años tanto las políticas del Partido Popular, a nivel central, como los gobiernos autonómicos de CC y sus socios de distinto signo, han estado deteriorando el servicio público, un empeoramiento marcado por el auge de la sanidad privada en cuya dirección el nuevo consejero tiene mucho peso.

    En el conjunto del Estado la sanidad privada ha ganado mucho terreno al sector público, La evolución de los dos sectores ha sido diametralmente opuesta. Entre 2010 y 2014,el gasto sanitario público sufrió un recorte de 8.161 millonesde euros, según el informeSistema de Cuentas de Salud 2014, elaborado por el Ministerio de Sanidad, mientras que elgasto sanitario privado creció en 3.983 millones, en ese mismo periodo. El gasto privado en sanidad creció todos los años desde 2010, lo hizo una media anual de un 3’8%, a diferencia de la sanidad pública, que sufrió una caída anual de un 2’8%.

    La sanidad privada se ha beneficiado de un escenario de fuertes recortes de recursos públicos y Canarias no es ninguna excepción al respecto. Sin dudas, el señor Baltar no solo va a continuar en esa línea sino que va a potenciarla al máximo. En una coyuntura de nuevos y brutales recortes anunciados en sanidad, su posición de dominio del sector privado lo pone en inmejorables condiciones para proceder a la transferencia de cuantos recursos económicos, vía conciertos y para seguros privados, pueda acaparar dejando a la sanidad pública el papel de "beneficencia", de "sanidad para pobres" que será una "pobre sanidad", de muy baja calidad, sin apenas recursos. No podemos permitir que el modelo que fue derrotado tanto en Madrid como en Valencia se imponga en nuestras islas.

    Eso es lo que nos espera si no reaccionamos, el zorro se comerá nuestra sanidad y con ella la equidad en salud para nuestro futuro y el de nuestros descendientes. Aún estamos a tiempo de evitarlo mediante la movilización de profesionales y trabajadores sanitarios en alianza con la ciudadanía.

¡LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE!

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias
En Canarias a 4 de enero de 2017

Balance de la situación de la Sanidad Gallega en 2016

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Lo que necesita la Sanidad Pública en el 2017

La Sanidad Pública ha sufrido desde 2009 un proceso continuado de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que ha afectado a todas las CCAA aunque con una intensidad variable. El resultado del mismo es un empeoramiento significativo del funcionamiento del mejor sistema sanitario que ha tenido este país.

            En esta situación desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entendemos que  hay que cambiar esta política para lo que sería prioritario:

            1.- Acabar con los recortes recuperando cuando menos los presupuestos sanitarios de 2009 y establecer una formula más equitativa de financiación sanitaria en la línea de una financiación finalista.

            2.- Recuperar los fondos de cohesión sanitaria y elaborar un Plan Integrado de Salud para asegurar la equidad, coherencia y coordinación del Sistema Nacional de Salud.

            3.- Derogar el RDL 16/2012 para acabar con las exclusiones y avalar la universalidad del derecho a la atención sanitaria

            4.- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público comprometiéndose con la utilización intensiva de los recursos de la Sanidad Pública.

            5.- Paralizar los procesos de privatización sanitaria y recuperar los centros privatizados

            6.- Control del gasto farmacéutico priorizando el derecho de las personas al acceso a los medicamentos por delante de los beneficios empresariales de la industria.

            7.- Poner en funcionamiento sistemas eficaces de participación social y profesional en todo el sistema sanitario público.

            Algunas de estas medidas dependen directamente del Gobierno central, otras de las CCAA y otras de ambos, en todo caso entendemos que es el momento de apostar seriamente por la Sanidad Pública porque de ello depende la salud de la población.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

30 de Diciembre de 2016

La ADSP de Madrid apoya las medidas del ayuntamiento para proteger a la ciudadanía de la contaminación

        LaAsociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las limitaciones al tráfico en la ciudad impuestas por el Ayuntamiento de Madrid, tiene que señalar lo siguiente:

                        1. La contaminación producida por los vehículos de motor es una causa importante de mortalidad y morbilidad y un serio riesgo para la salud de todos los habitantes de la ciudad en todas las etapas de su vida, incluso para los que se encuentran en estado embrionario, tal como se ha demostrado y señalado reiteradamente por las autoridades sanitarias internacionales como la Organización Mundial de la Salud.

                        2. La actitud tomada al respecto en los gobiernos municipales precedentes ha sido intentar obviar el problema, a la vez que se fomentaba el uso del transporte individual y se facilitaba el acceso de los vehículos de motor al centro de la ciudad. Habría que analizar detalladamente su responsabilidad sobre mortalidad y morbilidad evitable en la ciudad de Madrid. 

                        3. Los poderes públicos tienen la responsabilidad de cuidar y proteger la salud de las personas y deben de actuar de manera decidida  cuándo se producen situaciones de emergencia sanitaria como la actual.
             
                        4. Es obvio que un complemento necesario de esta medida es planificar a medio plazo la ciudad y la movilidad en su interior para evitar estos picos de contaminación, y favorecer el transporte público como alternativa, asunto este en el que sería de desear la activa e imprescindible colaboración de la Comunidad de Madrid

            Por todo ello apoyamos la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid y reprobamos la actuación del PP que como siempre muestra su indiferencia ante la salud de las personas.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

28 de Diciembre de 2016

La FADSP rechaza la instauración de nuevos tramos de copagos a los pensionistas

            Ante las declaraciones de la ministra de Sanidad de aumentar los tramos de copagos para los pensionistas, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública tiene que expresar su más firme rechazo, porque:

                        1.   La puesta en marcha del actual modelo de copagos en el RDL 16/2012 ha supuesto no solo que se hayan incrementado notablemente las cantidades que los ciudadanos pagan por el acceso a las prestaciones sanitarias que precisa, sino además la exclusión del acceso a la prestación farmacéutica de un elevado número de personas (el 13,4%) con las negativas consecuencias para su salud que ello supone.

                        2.   Además hay que tener en cuenta que los copagos no han disminuido el gasto farmacéutico en recetas que se está incrementando en los 2 últimos años.

                        3.   La instauración de nuevos tramos de copagos significa aumentar la barrera económica para el acceso a los medicamentos de un sector, el de los pensionistas, que tiene bajos ingresos y serios problemas de salud

                        4.   Por otro lado significa disminuir el poder adquisitivo de unas pensiones ya de por si muy bajas en nuestro país.

                        5.   Contrasta todo ello con la prórroga del acuerdo con Farmaindustria garantizándole un incremento en relación con el crecimiento del PIB. Una vez más el PP demuestra que es complaciente con los poderosos y despiadado con los débiles e indefensos.

            Por todo ello entendemos que lo que tiene que hacer el Ministerio de Sanidad y el Gobierno es derogar el RDL 16/2012 y garantizar el acceso de los medicamentos necesarios a todas las personas dejando de lado una política que solo penaliza a los más pobres y los más enfermos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de diciembre de 2016


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