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Encuentro Ciudades Madrileñas comprometidas con el Refugio. Madrid 16.3.2017

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Un año después del acuerdo UE-Turquía,

“Refugio por Derecho Madrid” impulsa el

“Encuentro de Ciudades Comprometidas con la Acogida”


       - Más de 15 organizaciones sociales y políticas invitan a todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid a establecer un espacio de trabajo colaborativa en materia de acogida.

       - El proceso, que contará con varias fases, permitirá que desde las competencias de los municipios se pueda dar respuesta a las necesidades de las personas refugiadas y a los compromisos en materia de refugio y asilo.

MADRID, 10/03/2017. Diferentes organizaciones sociales, del ámbito del refugio, partidos políticos y sindicatos han impulsado esta iniciativa para dar una respuesta municipal a los compromisos del Estado español en materia de acogida. El “Encuentro de Ciudades Madrileñas Comprometidas” es un proceso a través del que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid pondrán en marcha medidas desde su ámbito competencial con el objetivo de facilitar la reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de protección internacional.

En la próxima semana, coincidiendo con el aniversario del acuerdo entre Turquía y la Unión Europea, se presentará este marco de trabajo en un acto en el que participarán representantes de Ayuntamientos involucrados. Se darán a conocer las actuaciones que se van a adoptar, que incluirán la elaboración de planes y protocolos específicos, la previsión de soluciones habitacionales o la incorporación de la participación ciudadana al proceso.

Según “Refugio por Derecho Madrid”, la agrupación de organizaciones promotora, “se trata de establecer acuerdos iniciales para construir el debate y la reflexión colectiva, en torno a las estrategias a desarrollar en materia de acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas”. El acompañamiento a estas personas y el seguimiento de las medidas llevadas a cabo son un elemento fundamental que deberá dotarse de recursos y fondos adecuados, así como de mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones.

Desde el comienzo de esta crisis, la ciudadanía se ha manifestado denunciando la falta de voluntad política y el cierre de fronteras como única respuesta a la situación de persecución y  de vulneración de derechos que sufren estas poblaciones. El Estado español se comprometió a acoger a 17.00 personas antes del final de 2017, aunque hasta la fecha solo lo ha hecho con 1.140. Alrededor del 10% de esas acogidas se han producido en la Comunidad de Madrid, según la Consejería de Asuntos Sociales. Por su parte, la Unión Europea también está incumpliendo el acuerdo inicial, al estar por debajo del 15% de su compromiso de acogida.

REFUGIO POR DERECHO MADRID

Organizaciones promotoras de esta iniciativa que forman parte del espacio colaborativo REFUGIO POR DERECHO MADRID:

CEAR Madrid, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Red de ONGD de Madrid, CEPAIM-Madrid, ACCEM, Madrid Paz y Solidaridad, Médicos del Mundo, Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSPM), FACUA Madrid, PSOE-M, Podemos Madrid, IU Madrid, EQUO Madrid, CCOO de Madrid, UGT-Madrid, USO-Madrid, Federación de Municipios de Madrid (FMM). 

La cortina de humo del Consejero Baltar

Una de cal y otra de arena, así se está anunciando la política sanitaria del gobierno minoritario de la CC del Sr. Clavijo y de su consejero estrella del ramo José Manuel Baltar. Primero nos dicen que dispondrán de la concertación "a discreción", sin temblarles el pulso, ante los escandalosos resultados de la famosa auditoría de listas de espera (que ahora de modo absolutamente increíble achacan a un problema informático) y a continuación llaman a la "elaboración de un documento" en un plazo que se extiende, con la que está cayendo, nada más y nada menos que hasta el 15 de septiembre, para dar respuesta a los problemas sanitarios de Canarias.

Han bastado dos escasos meses para que el nuevo Consejero de Sanidad se transmutara de "consumado gestor", como nos lo presentó el Presidente Clavijo, en político al uso, salto que ha dado con la formulación de una propuesta para un "proceso de reflexión con partidos, sindicatos, profesionales de la salud y organizaciones ciudadanas para definir las necesidades sanitarias" apostando por tocar la fibra populista pura y dura.

En definitiva la típica cortina de humo que se levanta cuando no se sabe qué hacer y al parecer ni siquiera cuales son las necesidades de salud y atención sanitaria de nuestra población, cosa que podría resolver en una semana basándose en la Iniciativa Legislativa Popular por la salud y la defensa de la sanidad pública canaria, avalada por más de 25.000 firmas y presentada en el Parlamento de Canarias en el año 2010, así como en el recientemente aprobado Plan de Salud de Canarias, ambos mejorables pero ya útiles para abordar la problemática señalada.

Por tanto, Sr. Baltar, no estamos ante propuestas constructivas ni a corto ni a largo plazo, son tan solo estrategias  que lo único que pretenden es por un lado crear coartadas para aumentar la política de conciertos y por otro lavar su cara y la del gobierno ya que está claro lo que necesita la Sanidad Canaria, se lo han dicho los diversos partidos del Parlamento, se necesita financiación y gestión cosa que contrasta con algunos nombramientos que ha hecho siguiendo la línea del clientelismo partidista, habitual por estos lares, en lugar de apostar por la gestión responsable.

Frente a una situación de emergencia pone usted el horizonte en los presupuestos de 2018 y afirma que "no cuenta con ficha financiera ni con límites económicos, aunque reconoce que la consejería de Hacienda será quien establezca hasta dónde puede llegar". Sr. Baltar, ¿nos toma por idiotas? Está usted vendiendo aire con un gobierno que hace dogma de fe insalvable del recorte de los servicios públicos.

Sr. Consejero, si reconoce que hace falta financiación es usted el que la tiene que pedir al gobierno, tenemos la impresión de que no se atreve a decir que el gobierno no le da lo que la gestión necesita. En definitiva, usted está tejiendo una madeja para seguir igual o peor que como estamos,  porque hasta el 15 de septiembre ¿qué va a ocurrir con las listas de espera, con las urgencias, etc., en una palabra, con la Salud de la población canaria?. Sr. Consejero, hable claro.

Hay un clamor popular en la ciudadanía, en los profesionales sanitarios, en las fuerzas políticas y sindicales que señalan insistentemente las deficiencias y precariedades, aportando soluciones que pasan por financiación y gestión eficaz, ¿no eran esas sus cartas de presentación?. Ya está bien de engaños, de verdades a medias que según dicen son las mayores mentiras.

Sr. Consejero no se oculte tras una cortina de humo, los problemas están claros y las soluciones también aunque comprendemos que es mucho pedir por nuestra parte teniendo usted como referencias a CC y a la patronal de la sanidad privada. Reconociendo su inteligencia, aunque usted no parezca actuar a la recíproca,  opinamos que debería seguir el ejemplo de sabiduría que dio aquel recién nombrado dirigente de la sanidad canaria que tardó apenas unos días en dimitir cuando las consignas de turno le dejaron claro lo que había.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 9 de marzo de 2017

Recuperar y universalizar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad de los pacientes

Respecto a las informaciones recientemente publicadas en medios de Castellón sobre la saturación de los Servicios de diálisis hospitalarios públicos, ACDESA-PV quiere manifestar que son el reflejo de una deficiencia que afecta a todo el País Valenciano y son fruto de la privatización perpetrada de estos servicios hace más de 20 años.

1. En los últimos años ha existido un incremento de pacientes que necesitan iniciar diálisis. Según los últimos datos del Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana (CV) en el 2015 comenzaron a tratarse 675 pacientes, el 73% con hemodiálisis, y las cifras de prevalencia indican que hay algo más de 6500 pacientes en tratamiento sustitutivo renal; la mitad en hemodiálisis, un 43% trasplantados y un 7% en diálisis peritoneal. Este aumento del número de pacientes que necesitan diálisis supone que la CV se sitúa a la cola de España en pacientes trasplantados según el registro de la Sociedad Española de Nefrología.

2. La enfermedad renal es un problema de Salud Pública que afecta a un 10% de la población general y consume el 3% del gasto sanitario total, la mayor parte del cual es debido al elevado coste del tratamiento sustitutivo renal (TSR) con diálisis o trasplante. Se calcula que el coste del TSR es seis veces mayor que el de un paciente con VIH o que multiplica por veinticuatro el de un enfermo de EPOC.

3. Dada la complejidad de los pacientes en hemodiálisis, no entendemos que no se dote de más recursos de nefrología (secciones o servicios de nefrología y unidades de diálisis) a todos los hospitales públicos y se prefiera contratar con centros privados. Recuperar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad ante cualquier complicación de los enfermos, evitaría el desplazamiento innecesario de pacientes entre la privada y la pública, a la vez que un número significativo de ingresos hospitalarios y garantizaría una mayor calidad asistencial de los pacientes Consideramos pues que la reversión de la diálisis a la sanidad pública supone una medida eficiente para optimizar los recursos sanitarios.

4. La atención nefrológica para los pacientes en la CV no es universal. De hecho hay 4 departamentos donde está completamente ausente; Vinaroz en Castellón, Arnau de Vilanova y Requena en Valencia, y San Juan en Alicante. Además, si analizamos la disponibilidad de hemodiálisis a nivel de hospitales públicos la falta de equidad aumenta. Así pues, a los departamentos anteriormente mencionados, se sumarían La Plana en Castellón, Sagunto en Valencia y Orihuela en Alicante. Este hecho, junto con la falta de inversión en los centros públicos, provoca que en la actualidad sólo el 20 % de enfermos en hemodiálisis reciben tratamiento en un centro público, mientras que la gran mayoría, el 80%, es atendido en centros privados.

Desde ACDESA-PV proponemos:

-       La finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis

-       Que la Conselleria dote adecuadamente los centros públicos para hacerse cargo cuanto antes de esta actividad que redundará en beneficio de los pacientes y de la población general

La enfermedad no debe ser un negocio. Los valiosos recursos sanitarios deben de utilizarse en medidas costo-efectivas dirigidas a hacer perdurar la atención de calidad a los pacientes nefrológicos.

Valencia a 6 de marzo de 2017

La ADSP de Madrid ante las noticias de que la privatización hospitalaria sirvió para financiar al PP

    La Asociación para la defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante las noticias de las investigaciones que están realizando los tribunales de justicia sobre las posibles implicaciones de la privatización hospitalaria madrileña con la financiación ilegal del PP en la denominada trama Púnica, tiene que señalar:

      1. Desde la ADSPM ya habíamos señalado reiteradamente los aparentemente inexplicables sobrecostes de la privatización de los hospitales madrileños que había encarecido notablemente el coste de la atención sanitaria a costa de recortes en los centros sanitarios públicos y del deterioro de la asistencia sanitaria.

      2. Una vez más se pone en evidencia que privatización sanitaria y corrupción son dos fenómenos paralelos, y que es precisamente estos fenómenos de corrupción lo que explica el interés de los políticos del PP en privatizar los servicios públicos.

      3. Entendemos que estos hechos ponen en evidencia la necesidad de la reversión de los centros privatizados al sistema sanitario público y la vigencia de la Red de Organizaciones y Plataformas por la derogación de todas las fórmulas de Colaboración Público Privada (CPP) sanitarias recientemente impulsada por 25 organizaciones de todo el país entre las que se encuentra la FADSP.

ESCLARECIMIENTO DE TODOS LOS HECHOS

QUE PAGUEN LOS RESPONSABLES DE ESTAS TROPELIAS

POR LA RECUPERACION DE LAS PRIVATIZACIONES SANITARIAS

LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

8 de Marzo de 2017

ADSP-RM: La Región de Murcia está enferma de pobreza

             Tras la  conferencia del Profesor Fernando I. Sánchez Martínez, la ADSP-RM cree que es urgente replantearse el rumbo de las políticas regionales en relación con la salud.

1- La Región de Murcia gasta más que la media nacional en sanidad pero, en general, tiene peores indicadores de listas de espera, morbilidad, mortalidad, pertinencia y seguridad que el conjunto del país

2- Las causas son:

A)  Problemas de eficiencia, relacionados con:

- Falta de un sistema adecuado para evaluar las tecnologías sanitarias y su utilización en el SMS

- Déficits de integración, coordinación y continuidad asistencial para mejorar la atención sanitaria

- Infrafinanciación de la atención primaria

B) Los  efectos de los recortes y las barreras al acceso:

- Reducción del gasto en recursos humanos

- Problemas de accesibilidad de los extranjeros no regularizados

- Copagos en farmacia que podrían estar condicionando problemas de adherencia a los tratamientos

C)  Factores sociales:

- Se han analizado en la conferencia del Profesor Sánchez los malos indicadores regionales en relación con el nivel educativo y la pobreza. Pero en la Región de Murcia hay otros datos muy preocupantes que contribuyen netamente a la mala salud que existe en la Región, como son:

- Elevadas tasas de obesidad, tabaquismo, sedentarismo o consumo de alcohol;

- Problemas graves medioambientales y elevada vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático;

- Altas cifras de paro y precariedad laboral;

- Mala calidad de las viviendas,

- Estas malas condiciones socioeconómicas de la población murciana podrían estar funcionando como una barrera social a la mejora de la salud vía atención sanitaria. Así, el sobrecosto sanitario podría interpretarse como un intento de paliar inútilmente mediante más atención sanitaria los graves efectos que para la salud tiene una sociedad pobre y desigual.

- Este intento de “medicalizar la pobreza” solo puede conducir a más ineficiencia en el gasto sanitario y persistir en el terrible costo de oportunidad que supone no utilizar el gasto inútil dedicado a sanidad en intentar revertir algunos de los determinantes sociales que más daño están haciendo a la sociedad murciana.

3- Las soluciones:

    A) Es fundamental que el gobierno haga una   apuesta clara por la sanidad pública, no por ideología sino por inteligencia: es el modelo que consigue mejor equilibrio entre eficiencia y equidad.

    B) Es necesario   mejorar la eficiencia del sistema de salud: hay graves problemas de gestión (integración, coordinación, continuidad asistencial, etc..) y déficits de conocimiento en relación con la evaluación de nuevas tecnologías y su utilización en el SMS

    C) Es imprescindible   apostar por la atención primaria  con financiación efectiva y no con “planes teóricos sin presupuesto” como el actual Plan de Acción para el Impulso y la Mejora de la Atención Primaria

    D) Es el momento de   revertir iniciativas políticas  que van contra activos básicos del SMS (como la disminución de recursos humanos y su precariedad), la universalidad y la accesibilidad del sistema, en forma de exclusiones y copagos

    E) Es imprescindible redirigir esfuerzos públicos hacia políticas que se enfrenten a los efectos de los determinantes sociales de la salud: los políticos murcianos y también la población debe comenzar a percibir que mejor salud no se consigue solo con mejor atención sanitaria (que también hay que exigirla) sino con mejor educación, más y mejor trabajo, mejores políticas ambientales, más espacios verdes para hacer deporte, mejora de los diseños de ciudades y pueblos para el fomento del transporte activo (caminar o bicicleta), mejores condiciones de habitabilidad en las viviendas, más ayudas sociales a dependientes y familias necesitadas, etc..

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Murcia

4 de Marzo de 2017

La Sanidad Pública Madrileña en el Barómetro Sanitario 2016

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Aclaraciones de la ADSPC sobre la cuestión de la sangre

            Ante las falsas interpretaciones que se dieron a nuestra anterior nota de prensa sobre la problemática de la falta de sangre, queremos hacer constar:

            En primer lugar debemos decir que nunca hemos puesto ni pondremos en cuestión la necesidad de la donación como acto voluntario, anónimo, altruista y no remunerado, así como tampoco la necesidad de la prohibición de cualquier comercio con la sangre o sus derivados, tanto la remuneración al donante como la venta de la sangre, es decir, que no se pague la donación ni se cobre al paciente la sangre que recibe. Sin embargo el mercantilismo que todo lo domina impide que las cosas sean así. Es evidente que hay compañías farmacéuticas que comercializan la sangre y que las clínicas privadas se lucran con intervenciones quirúrgicas que no podrían hacer si no tuvieran a su disposición sangre que les facilitan y facturan entidades de hemodonación. Ante ello sugerimos que la sangre que se deriva a la sanidad privada, lo sea en concepto de préstamo, de tal forma que la entidad privada mande donantes al ICHH del  mismo modo que en la Sanidad Pública se le pide al paciente que aporte donantes entre familiares y amigos.

            Tras hablar con profesionales del ICHH y profundizando en esta cuestión, nos encontramos con una situación francamente irregular. Desde luego no puede ser que este instituto solo tenga un 5% de dotación económica proveniente de los presupuestos públicos y que el 95 % restante provenga de la cuenta comercial, es decir, de la facturación de los hemoderivados sobre todo a los hospitales públicos pero también a los privados. Tal cosa requiere medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud y por tanto 100% pública, dotada económicamente de modo total por los presupuestos de la sanidad pública, del Servicio Canario de la Salud, acabando con la figura de la facturación comercial de los hemoderivados. Este estatuto ya se contempla en otras CCAA.

            También se nos ha aclarado el peligro que podría suponer nuestra reivindicación de que los centros privados para funcionar se doten de su propio banco de sangre, con la dificultad de controlar el respeto a la seguridad de la donaciones al poder primar en ellas el ánimo de lucro por encima de los criterios mencionadas al principio. Asumiendo que nos movemos en un terreno con muchas contradicciones y posibles efectos adversos, sobre todo para conseguir que no haya lucro con la salud y la enfermedad en medio de un sistema que consagra el lucro con todo lo que tenga a mano, está claro que globalmente la mejor forma de conseguir nuestro declarado propósito habrá de ser alcanzar un potente nivel de desarrollo de la Sanidad Pública de modo que no sea necesario recurrir a la sanidad privada como solución al déficit asistencial de la Sanidad Pública de la cual todos debemos ser participes de forma universal y gratuita.

            Opinamos que en estos términos, junto con campañas de información y fidelización, puede darse una plena coincidencia entre profesionales y la ciudadanía para solventar la situación de la hemodonación en Canarias. Pero mucho ojo porque la Alianza de la Sanidad Privada Española cuyo vicepresidente ha sido (¿lo sigue siendo?) José Manuel Baltar ha respondido a nuestro primer comunicado puntualizando que "queremos hacer especial hincapié en que la sanidad privada atiende un 23% de las urgencias en nuestro país y realiza el 30% de los actos quirúrgicos, actividad que difícilmente se podría mantener con las restricciones propuestas por la ADSPC". Ante eso, cabe preguntarse ¿vamos a seguir permitiendo la parasitación de la pública por la privada?. Creemos firmemente que la respuesta pasa por una Sanidad Pública de calidad optimizada al 100% para responder a las necesidades de nuestra población.

La ADSPC apoya las Mareas Blancas de Canarias

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

3 de marzo de 2017


 

Manifiesto por la recuperación de los Centros Sanitarios Privatizados

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Por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias

Los servicios públicos de salud constituyen un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos  económicos conservadoras y neoliberales. Las consecuencias:  aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.

En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y  la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.

Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas  que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en  infraestructuras y personal por unas  transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que  han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales,  el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública,  con el  consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.

Al mismo  tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está  repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y  de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.

En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.

Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido,  no ha  tenido la fuerza  que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un  deterioro nunca visto en la salud de la población canaria  se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que

Proponemos:

1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público,  universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.

2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de  la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.

3) Rechazo a los copagos.

4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.

5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud,  con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.

6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades.  Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.

7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.

8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.

9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.

10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios,  con los servicios sociales y  con los dispositivos asistenciales  municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.

11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.

12) Desarrollar,  en todos los niveles,  instrumentos efectivos de participación social y profesional.

13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.

14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación,  que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.

Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.

Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.

¡Organicemos Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en todas y cada una de nuestras islas!


Canarias a 1 de marzo de 2017

Marea Blanca de Tenerife
 

 

El Barómetro Sanitario evidencia los mismos problemas de la Sanidad Publica, una ligera mejora en la opinión ciudadana y grandes diferencias entre las CCA

   La publicación de los resultados del Barómetro Sanitario realizado por el CIS en los meses de marzo-octubre de 2016 evidencia que la Sanidad Pública sigue presentando serios problemas.

   Así la mayoría (46,3%) sigue considerando la Sanidad necesita algunos cambios (0.8% más que el año anterior) aunque ha aumentado el porcentaje de quienes opinan que funciona bastante bien (19,8%, 1,6% más que en 2015).

   Las listas de espera siguen siendo un grave problema. En consultas de atención primaria un 20,4% señala que nunca le dan cita el mismo día (el 0,9% menos que el año anterior) y un 40,5% que casi nunca (la misma cifra que en 2015) frente a solo el 9% que refiere que siempre se la dan (el 9,1% en 2015). En consultas de atención especializada solo un 18,10% consiguen cita en 15 días, y lo que es peor, han aumentado los porcentajes de los que esperan entre 1 y 6 meses (el 48,3% frente al 44,6% de 2015), aunque ha disminuido una decima los que esperan más de 6 meses (pasando de 6,8 a 6,7%).

   Con todo la mayoría de la población sigue prefiriendo la Sanidad Pública, incluso en consultas de atención especializada que es la parte más afectada por las listas de espera y la mayoría sigue pensado que la Sanidad funciona mejor si la gestiona la administración pública (68,9%, 2 décimas menos que en el año anterior).

   La nota que dan los ciudadanos al sistema sanitario ha mejorado (6,55 frente a 6,38 del año anterior) pero aún sin alcanzar los valores de 2010.

   Las diferencias entre CCAA persisten en todos los aspectos, por poner solo un ejemplo la puntuación de la Sanidad Pública oscila entre 7,29 en Navarra y 5,99 en Canarias lo que vuelve a resaltar las diferencias interautonomicas.

   En resumen, tenemos un sistema sanitario público valorado positivamente por la ciudadanía con evidentes problemas (especialmente las elevadas listas de espera) y la población sigue creyendo que la gestión pública es la que mejor garantiza el buen funcionamiento del sistema sanitario. Por eso reivindicamos reforzar la Sanidad Pública incrementando su financiación, haciendo esta finalista para disminuir las desigualdades, y apostando por la gestión pública para garantizar un servicio de calidad, eficaz y eficiente.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de Febrero de 2017

La AGDSP ante los recortes en la convocatoria de plazas Sanidad Gallega

   Ante la información de que la Xunta de Galicia ha decido reducir la oferta de plazas sanitarias previstas para este año a la mitad, alegando problemas en la aprobación de los presupuestos del Estado, desde la AGDSP queremos comunicar que:

      1.- Esta decisión supone perpetuar la situación de emergencia del sistema sanitario público el déficit de recursos sanitarios que soporte nuestra Comunidad Autónoma tras la pérdida de 1.795 plazas de las que 1.154 han sido en AP e 641 en hospitales:  513 de médicos (392 en AP e 121  en hospitales), y 184 de enfermería. Estos recortes explican las insoportables listas de espera hospitalaria, la demoras en los Centros de Salud o los colapsos en las urgencias hospitalarias.

      2.- La suspensión de la oferta de plazas perpetuará la decadencia y el deterioro del SERGAS, y abren las puertas a las empresas multinacionales que están comprando centro en nuestra Comunidad como Quirón o HM Hospitales.

      3.- La solución de esta situación no pasa por cambiar las gerencias hospitalarias (que gestionan también los servicios de atención primaria a través de las gerencias integradas) que además de hacer rotar a los mismos reproducen las políticas de nepotismo, puestas en práctica por anterior Conselleria (poniendo a familiares en la dirección de centros y servicios), como si estos fueran una herencia de su propiedad

      4.- Desde nuestra Asociación rechazamos la persistencia del Gobierno Gallego en recortar recursos sanitarios sometiéndose a las políticas de ahorro presupuestario impuestas por el Gobierno del Estado y la necesidad de un Plan de Recursos Humanos que recupere os recortes de personal que incluya un diagnóstico das necesidades do sistema, establezca prioridades e acabe coa precariedad laboral.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

24 de febrero del 2017

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