FADSP Federacion de Asociaciones en defensa Sanidad Publica

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INFORME: UNIDADES DE GESTION CLINICA ¿UN RODEO PARA LA PRIVATIZACION SANITARIA?

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Una evaluación rápida de las Principales Medidas de Privatización del Sistema Sanitario

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80 Propuestas para recuperar la Sanidad Pública

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Conmemoración 35 Aniversario Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Madrid 24 Noviembre

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35 años defendiendo la Sanidad Publica

La Sanidad Pública Madrileña en el Barómetro Sanitario 2016

Aclaraciones de la ADSPC sobre la cuestión de la sangre

            Ante las falsas interpretaciones que se dieron a nuestra anterior nota de prensa sobre la problemática de la falta de sangre, queremos hacer constar:

            En primer lugar debemos decir que nunca hemos puesto ni pondremos en cuestión la necesidad de la donación como acto voluntario, anónimo, altruista y no remunerado, así como tampoco la necesidad de la prohibición de cualquier comercio con la sangre o sus derivados, tanto la remuneración al donante como la venta de la sangre, es decir, que no se pague la donación ni se cobre al paciente la sangre que recibe. Sin embargo el mercantilismo que todo lo domina impide que las cosas sean así. Es evidente que hay compañías farmacéuticas que comercializan la sangre y que las clínicas privadas se lucran con intervenciones quirúrgicas que no podrían hacer si no tuvieran a su disposición sangre que les facilitan y facturan entidades de hemodonación. Ante ello sugerimos que la sangre que se deriva a la sanidad privada, lo sea en concepto de préstamo, de tal forma que la entidad privada mande donantes al ICHH del  mismo modo que en la Sanidad Pública se le pide al paciente que aporte donantes entre familiares y amigos.

            Tras hablar con profesionales del ICHH y profundizando en esta cuestión, nos encontramos con una situación francamente irregular. Desde luego no puede ser que este instituto solo tenga un 5% de dotación económica proveniente de los presupuestos públicos y que el 95 % restante provenga de la cuenta comercial, es decir, de la facturación de los hemoderivados sobre todo a los hospitales públicos pero también a los privados. Tal cosa requiere medidas legislativas para convertir al ICHH en una auténtica institución del sistema público de salud y por tanto 100% pública, dotada económicamente de modo total por los presupuestos de la sanidad pública, del Servicio Canario de la Salud, acabando con la figura de la facturación comercial de los hemoderivados. Este estatuto ya se contempla en otras CCAA.

            También se nos ha aclarado el peligro que podría suponer nuestra reivindicación de que los centros privados para funcionar se doten de su propio banco de sangre, con la dificultad de controlar el respeto a la seguridad de la donaciones al poder primar en ellas el ánimo de lucro por encima de los criterios mencionadas al principio. Asumiendo que nos movemos en un terreno con muchas contradicciones y posibles efectos adversos, sobre todo para conseguir que no haya lucro con la salud y la enfermedad en medio de un sistema que consagra el lucro con todo lo que tenga a mano, está claro que globalmente la mejor forma de conseguir nuestro declarado propósito habrá de ser alcanzar un potente nivel de desarrollo de la Sanidad Pública de modo que no sea necesario recurrir a la sanidad privada como solución al déficit asistencial de la Sanidad Pública de la cual todos debemos ser participes de forma universal y gratuita.

            Opinamos que en estos términos, junto con campañas de información y fidelización, puede darse una plena coincidencia entre profesionales y la ciudadanía para solventar la situación de la hemodonación en Canarias. Pero mucho ojo porque la Alianza de la Sanidad Privada Española cuyo vicepresidente ha sido (¿lo sigue siendo?) José Manuel Baltar ha respondido a nuestro primer comunicado puntualizando que "queremos hacer especial hincapié en que la sanidad privada atiende un 23% de las urgencias en nuestro país y realiza el 30% de los actos quirúrgicos, actividad que difícilmente se podría mantener con las restricciones propuestas por la ADSPC". Ante eso, cabe preguntarse ¿vamos a seguir permitiendo la parasitación de la pública por la privada?. Creemos firmemente que la respuesta pasa por una Sanidad Pública de calidad optimizada al 100% para responder a las necesidades de nuestra población.

La ADSPC apoya las Mareas Blancas de Canarias

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

3 de marzo de 2017


 

Manifiesto por la recuperación de los Centros Sanitarios Privatizados

Por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias

Los servicios públicos de salud constituyen un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos  económicos conservadoras y neoliberales. Las consecuencias:  aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.

En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y  la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.

Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas  que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en  infraestructuras y personal por unas  transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que  han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales,  el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública,  con el  consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.

Al mismo  tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está  repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y  de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.

En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.

Hasta la fecha el rechazo político, social e institucional a estas políticas, aunque se ha producido,  no ha  tenido la fuerza  que la situación requiere. Esta situación demanda una respuesta unitaria de la ciudadanía, no solo con la movilización de las personas a título individual, sino con la participación de colectivos sociales, profesionales, asociaciones de enfermos y de familiares, organizaciones sindicales e instituciones. En pocas palabras, ante un  deterioro nunca visto en la salud de la población canaria  se requiere una respuesta contundente para que de forma urgente se aborden las siguientes medidas que

Proponemos:

1) Garantizar un Sistema Canario de Salud público,  universal, equitativo, gratuito, de calidad, con una financiación adecuada y finalista, y con gestión, provisión y producción públicas.

2) Derogación del RD 16/2012 y de todas las leyes y normas que facilitan la privatización de  la sanidad, particularmente de la Ley 15/97.

3) Rechazo a los copagos.

4) Revisión inmediata, bajo control público, de los conciertos con el sector privado y reducción paulatina del dinero dedicado a los mismos en beneficio del sistema público.

5) Plan urgente de infraestructuras. Construcción y dotación inmediata de los Hospitales Comarcales. Mejora y dotación de los hospitales públicos y centros de salud,  con especial énfasis en los servicios de urgencias hospitalarios, comarcales y normales de urgencias.

6) Recuperación de los puestos de trabajo perdidos y asegurar la suficiencia de profesionales, con una política de recursos humanos incentivadora y aplicación de las incompatibilidades.  Acabar con las guardias de 24 horas y con la precariedad laboral. Atender las reivindicaciones del personal no sanitario.

7) Profesionalización de la gestión sanitaria desvinculándola de la asignación politizada.

8) Planes estratégicos prioritarios para listas de espera, urgencias, salud mental, drogodependencias, rehabilitación y dependencia.

9) Dar protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria, con los recursos adecuados, para reorientar el sistema, actualmente centrado en la enfermedad y su mediatización mercantilista Coordinación entre la Atención Primaria, Especializada y Sociosanitaria.

10)Dotación de centros socio-sanitarios y hospitales de crónicos, que deben estar correctamente coordinados con los servicios sanitarios,  con los servicios sociales y  con los dispositivos asistenciales  municipales, para garantizar la continuidad de cuidados de pacientes crónicos, dependientes. y personas con diversidad funcional.

11) Desarrollar el modelo futuro de atención a pacientes crónicos favoreciendo su atención en domicilio. Potenciar también la atención domiciliaria para niños y niñas con cáncer así como en determinadas urgencias médicas y psiquiátricas.

12) Desarrollar,  en todos los niveles,  instrumentos efectivos de participación social y profesional.

13) Garantizar la transparencia del sistema sanitario público y la confidencialidad de la información en salud de la ciudadanía, que debe estar depositada en bases de datos públicas, excluyendo el acceso, gestión o cesión a entidades privadas.

14) Canarias necesita una Ley de Salud y Sanidad Públicas, que sustituya a la obsoleta Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, y un Plan de Salud que se centre en evaluar las desigualdades de salud y el impacto de todas las políticas en la salud. Un Plan de Salud con suficiente financiación,  que sea además un instrumento de participación de los profesionales y ciudadanía en la planificación y gestión.

Estas reivindicaciones están recogidas en una ILP, que lleva 3 legislaturas en nuestro Parlamento, y que está avalada por la firma de 25000 personas de Canarias.

Evidentemente la voluntad política ha sido nula hasta ahora, por eso es absolutamente necesario que la ciudadanía canaria en general se movilice, salga al paso de la situación organizándose y manifestando de modo inequívoco su firme voluntad de no permitir más dilaciones en la aplicación de las soluciones apuntadas para que de una vez por todas se cambie el actual modelo en favor de una promoción de la salud y una atención a la enfermedad acordes con las auténticas necesidades de nuestra población.

¡Organicemos Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en todas y cada una de nuestras islas!


Canarias a 1 de marzo de 2017

Marea Blanca de Tenerife
 

 

El Barómetro Sanitario evidencia los mismos problemas de la Sanidad Publica, una ligera mejora en la opinión ciudadana y grandes diferencias entre las CCA

   La publicación de los resultados del Barómetro Sanitario realizado por el CIS en los meses de marzo-octubre de 2016 evidencia que la Sanidad Pública sigue presentando serios problemas.

   Así la mayoría (46,3%) sigue considerando la Sanidad necesita algunos cambios (0.8% más que el año anterior) aunque ha aumentado el porcentaje de quienes opinan que funciona bastante bien (19,8%, 1,6% más que en 2015).

   Las listas de espera siguen siendo un grave problema. En consultas de atención primaria un 20,4% señala que nunca le dan cita el mismo día (el 0,9% menos que el año anterior) y un 40,5% que casi nunca (la misma cifra que en 2015) frente a solo el 9% que refiere que siempre se la dan (el 9,1% en 2015). En consultas de atención especializada solo un 18,10% consiguen cita en 15 días, y lo que es peor, han aumentado los porcentajes de los que esperan entre 1 y 6 meses (el 48,3% frente al 44,6% de 2015), aunque ha disminuido una decima los que esperan más de 6 meses (pasando de 6,8 a 6,7%).

   Con todo la mayoría de la población sigue prefiriendo la Sanidad Pública, incluso en consultas de atención especializada que es la parte más afectada por las listas de espera y la mayoría sigue pensado que la Sanidad funciona mejor si la gestiona la administración pública (68,9%, 2 décimas menos que en el año anterior).

   La nota que dan los ciudadanos al sistema sanitario ha mejorado (6,55 frente a 6,38 del año anterior) pero aún sin alcanzar los valores de 2010.

   Las diferencias entre CCAA persisten en todos los aspectos, por poner solo un ejemplo la puntuación de la Sanidad Pública oscila entre 7,29 en Navarra y 5,99 en Canarias lo que vuelve a resaltar las diferencias interautonomicas.

   En resumen, tenemos un sistema sanitario público valorado positivamente por la ciudadanía con evidentes problemas (especialmente las elevadas listas de espera) y la población sigue creyendo que la gestión pública es la que mejor garantiza el buen funcionamiento del sistema sanitario. Por eso reivindicamos reforzar la Sanidad Pública incrementando su financiación, haciendo esta finalista para disminuir las desigualdades, y apostando por la gestión pública para garantizar un servicio de calidad, eficaz y eficiente.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

28 de Febrero de 2017

La AGDSP ante los recortes en la convocatoria de plazas Sanidad Gallega

   Ante la información de que la Xunta de Galicia ha decido reducir la oferta de plazas sanitarias previstas para este año a la mitad, alegando problemas en la aprobación de los presupuestos del Estado, desde la AGDSP queremos comunicar que:

      1.- Esta decisión supone perpetuar la situación de emergencia del sistema sanitario público el déficit de recursos sanitarios que soporte nuestra Comunidad Autónoma tras la pérdida de 1.795 plazas de las que 1.154 han sido en AP e 641 en hospitales:  513 de médicos (392 en AP e 121  en hospitales), y 184 de enfermería. Estos recortes explican las insoportables listas de espera hospitalaria, la demoras en los Centros de Salud o los colapsos en las urgencias hospitalarias.

      2.- La suspensión de la oferta de plazas perpetuará la decadencia y el deterioro del SERGAS, y abren las puertas a las empresas multinacionales que están comprando centro en nuestra Comunidad como Quirón o HM Hospitales.

      3.- La solución de esta situación no pasa por cambiar las gerencias hospitalarias (que gestionan también los servicios de atención primaria a través de las gerencias integradas) que además de hacer rotar a los mismos reproducen las políticas de nepotismo, puestas en práctica por anterior Conselleria (poniendo a familiares en la dirección de centros y servicios), como si estos fueran una herencia de su propiedad

      4.- Desde nuestra Asociación rechazamos la persistencia del Gobierno Gallego en recortar recursos sanitarios sometiéndose a las políticas de ahorro presupuestario impuestas por el Gobierno del Estado y la necesidad de un Plan de Recursos Humanos que recupere os recortes de personal que incluya un diagnóstico das necesidades do sistema, establezca prioridades e acabe coa precariedad laboral.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

24 de febrero del 2017

La ADSPC ante la suspensión de la Cirugía programada por la merma de sangre del grupo O+

   Ante la anunciada como considerable disminución de las reservas de concentrados de hematíes del grupo O+ que ha llevado a posponer las intervenciones quirúrgicas programadas en los hospitales de Canarias, desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) queremos hacer las siguientes puntualizaciones sabiendo de antemano que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia vende sangre a las clínicas privadas:

      1) Creemos que no es de recibo que centros privados puros o privados concertados obtengan, en mayor o menor medida, una rentabilidad económica de esa sangre que compran a una entidad pública y a la que la ciudadanía aporta de modo altruista sus donaciones.

      2) Igual que en los hospitales públicos hay bancos de sangre que en muchas ocasiones utilizan como argumento para conseguir donaciones el de que hay que hacerlas para los familiares ingresados, de la misma manera los otros centros no públicos deberían tener su propio banco de sangre al que se hicieran igualmente las donaciones correspondientes.

      3) De cualquier manera y hasta que no se establezcan criterios acordes con lo señalado, consideramos necesaria una clara prioridad a favor de los hospitales de la sanidad pública a la hora de la distribución de las reservas de concentrados de hematíes. Sin embargo nos llama la atención que esté planteado el problema en unos hospitales públicos determinados y no tenemos noticia de centros privados afectados.

     4) Por tanto, esperamos que ante esta crisis de reservas no se venda ni un solo concentrado a centros privados. Es necesario que en la situación actual quede garantizado de modo absolutamente prioritario el funcionamiento del servicio público en detrimento del privado.

     5) En vista del problema planteado no dejamos de preguntarnos si estamos ante una pésima gestión, ante un elemento más de la campaña de descrédito de la sanidad pública por parte del gobierno de Clavijo para justificar su entrega a la sanidad privada, o de ambas cosas que en la coyuntura actual pueden encajar perfectamente en el plan para el desmantelamiento de la sanidad pública canaria. El siguiente capítulo ya se anuncia con el "descubrimiento" de una "nueva dimensión" de las listas de espera que nos hará empalidecer y que, sin dudas, se achacará a la gestión del anterior consejero Jesús Morera.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

En Canarias a 23 de febrero de 2017

Gran éxito de la Marea Blanca Gaditana en defensa de la Sanidad Pública

  MB1

   El pasado domingo día 19 de febrero se ha celebrado en Cádiz la primera manifestación organizada por la Marea blanca gaditana.


   Podemos concluir de forma rotunda que ha constituido un rotundo éxito, no sólo por movilizar a más de 9000 personas de toda la provincia, en un día lluvioso y con ventisca, sino por el ambiente de complicidad de toda la población en torno a la defensa del sistema sanitario público.

   La marea blanca ha hecho resurgir el clamor ciudadano en Cádiz y este hecho va a constituir nuestro mejor aval para comenzar en los próximos días las reuniones de trabajo con la Consejería de Salud.

   La marea ha constituido grupos de trabajo sobre las reivindicaciones claves y propondrá propuestas para la mejora del sistema sanitario público.

   Esperamos tener éxito porque ello supondrá la salvación de un sistema sanitario que ya ha demostrado sus posibilidades y por eso es valorado y defendido por la población.

Marea blanca gaditana en defensa de la sanidad pública


MB2

La FADSP ante el desabastecimiento de vacunas

    Ante la situación de desabastecimiento de las vacunas del tétanos y difteria (pese a que las comunidades autónomas llevan alertando semanas del problema), que ha obligado al Ministerio de Sanidad ha declarar desabastecimiento oficial, suspendiendo su administración tanto de dosis de recuerdo como la profilaxis de heridas sospechosas en adolescentes y adultos  (solo se proporcionaran en los Centros Regionales de Vacunación), medidas que el Ministerio de Sanidad debe ratificar en el Consejo Interterritorial de Sanidad con la participación de todas las CCAA,,  desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública queremos comunicar que:

1.- Esta situación, que supone un riesgo para la salud de la población,   ya había sido alertada desde las CCAA sin que el Ministerio reaccionaria. Consideramos necesario y razonable que los Servicios de Salud Autonómicos, que son quienes pagan las facturas de los medicamentos se integren en los organismos de planificación, autorización y fijación de los precios de los mismos, como son la Agencia Española del Medicamentos y la Dirección General de Farmacia.

2.- Es la consecuencia de la estrategia de las multinacionales farmacéuticas de   maximizar sus beneficios concentrando su esfuerzos en investigar y fabricar medicamentos cada vez más costosos (cáncer, artritis, …) que en muchos casos su eficacia no esta suficientemente probada, dejando de fabricar medicamentos esenciales para la salud de bajo coste de comercialización como son las vacunas, generando su desabastecimiento y poniendo en riesgo la salud de la gente.

3.- Desde nuestra Federación exigimos al Ministerio de Sanidad una política que introduzca la racionalidad en la investigación, fabricación y  distribución de medicamentos que pasaría por:

- Una política de evolución de aprobación de nuevos medicamentos basados en la evidencia, la necesidad y control de los precios, impidiendo sobre costes que no se corresponden con los gastos de investigación y fabricación.

- Creación y desarrollo de una industria de farmacéutica pública que permita investigar y fabricar aquellos medicamentos que no son atractivos para las grandes multinacionales por su bajo coste de comercialización, como vacunas o  genéricos, que eviten las situaciones de desabastecimiento (que ponen en riesgo la salud) y los sobrecostes para el sistema sanitario público y para  la población que los financian con sus impuestos.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

21 de febrero del 2017

La FADSP ante el desabastecimiento de vacunas

Unos presupuestos insuficientes para la Sanidad Pública madrileña

     El acuerdo entre PP y Ciudadanos acaba de fijar el presupuesto para la Sanidad Pública madrileña para 2017, y aunque globalmente se produce un incremento (el 2,4% según la nota oficial), la realidad es que el presupuesto per capita se sitúa en 1.184,72 €, lo que los coloca por debajo del promedio de las CCAA (1.337,02 € por habitante y año y 478 € por debajo de la comunidad autónoma con mayor presupuesto per capita y en el decimotercer lugar entre las 15 CCAA de las que se conocen las previsiones de presupuestos sanitarios para 2017.

      Estamos pues ante un presupuesto claramente insuficiente que no va a poder resolver los serios problemas que tiene la Sanidad Pública madrileña resultados de una infrapresupuestación crónica , de los recortes y de las privatizaciones.

      Todavía está por conocer el detalle de la distribución de presupuestos para saber, si como ha sucedido en los últimos años los aumentos van destinados a los centros privatizados.

      Desde la ADSPM exigimos una mayor dotación presupuestaria y una apuesta decidida por la Sanidad Pública, todavía existe la posibilidad de rectificar en el trámite presupuestario.

Madrid 20 de Febrero de 2017

Presentación y Manifiesto ADSP Illes Balears

La Sanidad Pública universal ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, ya que supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

En los últimos años estamos viviendo una maniobra privatizadora donde juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público. Cuando son las políticas neoliberales las principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la excusa de la innovación buscan la oportunidad de extender sus negocios y descapitalizar el sistema sanitario público.

Hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagar la asistencia sanitaria, dejando para los menos favorecidos un modelo de beneficencia.

Se están produciendo grandes cambios no sólo en las organizaciones sanitarias, sino en todas las organizaciones públicas a causa de estas políticas neoliberales que se están implantando. Estas políticas nos llevan a un futuro donde la gestión de los servicios públicos por empresas con ánimo de obtener beneficios, nos sitúa ante una pérdida de derechos ciudadanos a costa del aumento de beneficios empresariales. Ante esta deriva tomamos posición contra este tipo de políticas y contra estos modelos de gestión y proponemos la creación de una Plataforma en defensa de la SANIDAD PÚBLICA de las Islas Baleares.

Esta Plataforma pretende conseguir:

1. Una sanidad universal, gratuita y de calidad, financiada por impuestos públicos.

2. Una gestión sanitaria pública, con políticas de RRHH que potencien la dedicación exclusiva de los profesionales a la asistencia pública.

3. Recuperar las privatizaciones o externalizaciones, mediante la rentabilización de los servicios públicos. Derogación de la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión de los servicios sanitarios.

4. Recuperación de la Ley 33 /2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública que promueve la disminución de las desigualdades sociales en salud, así como la derogación del RD 16/12 de medidas de sostenibilidad del sistema de salud que mantiene la condición de tener que estar asegurado para ser atendido con fondos públicos.

5. Potenciación y correcta dotación de los dispositivos de salud pública, desarrollando políticas encaminadas a la vigilancia del estado de salud de la población y sus determinantes (salud alimentaria, laboral, ambiental, brotes y riesgos epidémicos etc.). Fomentar la Inclusión de políticas de salud pública, en todas las políticas.

6. Reforzar la Atención Primaria como eje y ordenación de la asistencia sanitaria y mejorar la coordinación entre los niveles asistenciales de atención primaria y atención especializada/hospitalaria.

7. Mejorar la atención a la salud mental, la atención socio-sanitaria y la atención a la cronicidad. Creación de centros socio-sanitarios y de residencias públicas.

8. Potenciar la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el área del medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con independencia de la industria farmacéutica y tecnológica.

9. Dotación suficiente para mejorar los recursos y estructuras técnicas de la sanidad pública, dirigidas a la evaluación de medicamentos, material, dispositivos y tecnología sanitaria, y a la promoción del uso racional con criterios de eficiencia.

10. Desarrollar iniciativas del sistema de salud para garantizar una negociación justa, equitativa y transparente de los precios de los medicamentos, los dispositivos y la tecnología sanitaria, evitando los precios abusivos de los mismos. (Iniciativa “No es sano”).

11. Transparencia en la gestión del sistema sanitario como parte de toda política de gestión pública. Especialmente en la gestión de las listas de espera, conciertos y gastos, garantizando una atención sanitaria eficaz y equitativa.

12. Participación real de la población y de los profesionales, en la gestión de las Áreas de salud, Hospitales y Centros de Salud, con la creación de los Consejos de Salud que están definidos en la Ley General de Sanidad de 1986.

En Palma, 16 de Febrero de 2017

cartel vertical


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La FADSP apoya las movilizaciones del 19 de febrero contra el empobrecimiento y el encarecimiento de la vida

   La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública apoya las movilizaciones convocadas el 19 de febrero contra el encarecimiento de la vida:

• Contra el encarecimiento de la vida, especialmente contra la subida de servicios básicos esenciales (electricidad, gas, calefacción…)

• 
Por subidas salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo

• 
Incremento de las pensiones y de las rentas de protección, restableciendo
el IPC como índice de actualización

• 
Por la creación de más y mejor empleo

• 
Contra la precariedad laboral

• 
Contra la brecha salarial

• 
Por la recuperación de derechos y de la calidad de los servicios públicos

• 
Por una prestación de ingresos mínimos que nos ayude a combatir la desigualdad
y la pobreza

• 
Derogación de las reformas laborales

   Es bien conocido que la pobreza es el principal riesgo para la salud y la vida de las personas y por eso hay que acabar con el empobrecimiento y la desigualdad social, y por eso también hacemos un llamamiento a la población y profesionales de la salud para su activa participación en estas movilizaciones.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

15 de Febrero de 2017

Las listas de espera en la Sanidad Pública

    Las listas de espera son un serio problema para la Sanidad Pública, problema que se ha agravado con los recortes, de manera que, según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad la demora media en la lista de espera quirúrgica ha pasado de 67 días en 2009 a 89 en diciembre de 20015. En cuanto a consultas externas (según la misma fuente), la demora media también se ha incrementado desde 2009 pasando de 59 días a 68 en el mismo periodo.

   Hay evidencia de que estas cifras que reflejan el promedio del Sistema Nacional de Salud, son muy diferentes según la comunidad autónoma, y que de manera incomprensible no son ofrecidas por el Ministerio desagregadas por CCAA.

   Cuando abordamos las listas de espera en el sistema sanitario público hay que tener en cuenta que:

·         Las CCAA suelen tener sistemas de computo de las listas de espera distintas de manera que las comparaciones son dificultosas

·         Además la accesibilidad a los datos en las diferentes CCAA deja mucho que desear, en sus paginas web algunas CCAA ofrecen solo datos para toda la comunidad autónoma, otras solo por centros (lo que hace muy difícil tener el dato global de la comunidad autónoma) otras los fragmentan por indicaciones, especialidades, otras por tiempos de demora (menos de un mes, entre 30 y 60 días, etc),…, y otras simplemente no los ofrecen.

·         Por otro lado existen numerosas denuncias concretas sobre las manipulaciones y/o maquillajes de los datos oficiales mediante muchas técnicas bien conocidas (por ejemplo cuando un paciente sobrepasa mucho el tiempo deseable de demora se le pasa a “transitoriamente no programable” y pasados unos días se le vuelve a incluir empezando a contabilizar de nuevo en ese momento la demora).


   Con estas limitaciones hemos realizado un revisión sistemática de las informaciones sobre listas de espera en las paginas web de todas las CCAA y hemos comprobado que existe información solo en 16 de ellas.

   De los datos publicados se puede deducir que la demora media en la lista de espera quirúrgica oscila entre 46 y 183 días (en realidad entre 49 y 183 si solo incluimos a CCAA que oferten todos los servicios y no deriven algunos de ellos a otras comunidades autónomas), y la de consultas externas entre 25 y 69 (aunque este dato solo ha podido ser comprobado en 9 autonomías por lo que es menos representativo).

   Estos datos constatan una gran diferencia en las demoras medias autonómicas, 3,73 veces más en la lista de espera quirúrgica, diferencias que también son muy importantes en algunos casos en los que aparecen demoras por especialidades (por ejemplo en neurocirugía van de 79 a 271 días).

Reflexiones y propuestas

El debate social y político de las listas de espera es una constante cuando se habla de la calidad y buena gestión de nuestro Sistema Sanitario Público. La inapropiada respuesta de los responsables políticos provoca en la ciudadanía y los pacientes que las sufren una creciente desconfianza en el Sistema Sanitario, con importantes consecuencias económicas y sociales, retrasos diagnósticos, inequidad en el acceso, bajas prolongadas, etc.

            La realidad es tozuda y el continuo descontrol de las listas es un síntoma importante del deterioro consentido de nuestro sistema sanitario público. Las Listas de Espera reflejan una inadecuación entre la demanda de atención sanitaria y la oferta de servicios. Gestionarlas responsable y correctamente es la base de un Sistema Público de calidad. Hay múltiples factores que las condicionan y su abordaje es complejo, y se  requiere medidas para su análisis, priorización, asignación de recursos, etc. que comprometan al conjunto del Sistema Sanitario, incluyendo a pacientes y ciudadanos, etc., implicando a gestores y políticos, responsables y comprometidos con la Sanidad Pública.

            La respuesta tradicional para las listas de Espera ha sido la de aumentar los recursos, incrementar el número de consultas, intervenciones quirúrgicas, etc., mediante la contratación de más personal en algunos casos, pero sobre todo mediante jornadas extraordinarias (peonadas) o derivación de pacientes a centros privados. Medidas que a veces tampoco son populares, así por ejemplo la mitad de los madrileños en lista de espera para recibir asistencia sanitaria rechazaron ser derivados a la privada, lo que demuestra su afecto al servicio público.

            Estas medidas además de discrecionales, costosas y poco eficientes, no resuelven el problema pues el aumento aislado de los recursos, los planes de choque, no son la solución.

            En recientes informes de tribunales de cuentas de CCAA, que analizan los gastos de productividad por jornadas extraordinarias y la derivación a centros privados, concluían que, a pesar  del importante volumen de recursos económicos implicados, no constaba que se hubiera realizado el seguimiento de los programas extraordinarios aprobados ni que se evaluara conjuntamente el coste y la repercusión de la actividad extraordinaria realizada en las listas de espera.

            Las conclusiones sobre derivación a centros privados también eran categóricas; afirmaban que no había una valoración previa de las alternativas y que los costes públicos son en general inferiores a las tarifas establecidas, y que pesar de la creencia generalizada de que lo público es más caro, no existe evidencia que sustente este hecho.

            Actualmente como consecuencia de los recortes presupuestarios que afectan a la Sanidad Pública, no se realizan jornadas extraordinarias o se han reducido de manera muy importante, pero sí se sigue derivando a los centros privados, sin criterio y sin valorar la alternativa de realizarlo en el sistema público.

            También es posible que en los últimos años se esté relajando la vigilancia sobre la dedicación exclusiva del personal y se esté produciendo una disminución constante de la actividad, sin que esto esté justificado por motivo de reducción de personal. El  problema afecta a toda la red de asistencia especializada, independientemente del servicio y hospital.

            Para mejorar las Listas de Espera debe haber un cambio del modelo de gestión, incorporar medidas globales que mejoren el funcionamiento del sistema sanitario, hacer un riguroso análisis de la demanda y crear mecanismos abiertos para facilitar la participación en distintos niveles de decisión de profesionales sanitarios, gestores y las administraciones sanitaria

            Concretamente, habría que exigir a nuestros responsables políticos y gestores sanitarios que desarrollaran un Plan Estratégico que garantizara la equidad y la racionalidad en las listas de espera, incluyendo:

1- Establecer prioridades, estándares y compromisos de espera
2- Protocolizar las indicaciones quirúrgicas y la situación del paciente dentro de las listas en función de su gravedad y repercusión sobre la salud
3- Adecuar y optimizar los recursos en base a las necesidades detectadas en cada territorio
4- Analizar las necesidades mediante un Sistema de Información homogéneo, accesible y comparable
5- Adecuar el número de camas, quirófanos y medios diagnósticos a la demanda
6- Mejorar la utilización intensiva de los recursos (como abrir quirófanos por la tarde)
7- Desarrollar la cirugía ambulatoria
8- Mejorar la comunicación entre Atención Primaria y Especializada, evitando duplicidades de pruebas y consultas. Conceder al médico de atención primaria, y al especialista hospitalario que indica el procedimiento, más influencia sobre listas de espera, porque priorizarán las listas no solo por el tiempo de espera, sino por la necesidad individual de cada paciente según criterios clínicos, la discapacidad y situación sociolaborables.
9- Incrementar la capacidad resolutiva de la Atención Primaria: facilitar el acceso a recursos diagnósticos. Establecer de forma precisa las indicaciones en el uso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas para cada proceso y evaluarlas. El uso indiscriminado de la tecnología agrava los tiempos de demora y genera grandes ineficiencias. Acordar protocolos entre las diferentes especialidades y niveles asistenciales.
10- Implicar a los profesionales en la mejora dándoles participación activa en la gestión e incentivos en función del logro de objetivos consensuados. Promover la responsabilidad de los profesionales en la gestión clínica (contratos de gestión, contratos programa, ec...), medidas actualmente ausentes precisamente cuando la crisis las hace más necesarias que nunca, de manera que cada vez hay mayor distanciamiento y desafección entre profesionales y gestores, perdiéndose la unidad en los objetivos comunes de política sanitaria.
11- Proponer que la administración sanitaria informe periódicamente a ciudadanos y a sus representantes (ayuntamientos, organizaciones vecinales y de usuarios, sindicatos, etc.), cada 6 meses sobre las personas en lista, tiempo de espera promedio, pacientes pendientes de intervención según causas, etc.
12- Desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento con participación profesional y ciudadana.


            Estas actuaciones se deben adoptar partiendo de un análisis global, evitando soluciones parciales, como incrementar simplemente la oferta, o las derivaciones a centros privados, mediante un compromiso claro y manifiesto para potenciar y defender el Sistema Sanitario Público, liderándolo con profesionalidad y responsabilidad, aunando criterios de universalidad, equidad y sostenibilidad..

            Las listas de espera son un elemento clave que permite evaluar la calidad del conjunto del sistema sanitario y los servicios públicos implicados. No compartimos que, actualmente, con fuertes procesos de reforma, amparándose en la necesidad de reducir el gasto público, el creciente deterioro de las Listas de Espera sirva de coartada para justificar el recorte de las prestaciones del Sistema Sanitario Público y la introducción de criterios de privatización, y para favorecer los sistemas de aseguramiento privado.

            Si, por el contrario, se implantan las medidas propuestas para mejorar el manejo de las listas de espera, nuestros responsables políticos y gestores contarían con la implicación y apoyo  de los profesionales y mejorará la confianza de la ciudadanía y de los pacientes.

 
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

15 de Febrero de 2017

Los Presupuestos Sanitarios de las CCAA para 2017