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Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia

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La ADSP de Madrid exige una Rectificación Total de la Política Privatizadora

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid ante el anuncio de que el Gobierno de la Comunidad va a hacer desaparecer  en la ley de Acompañamiento las 6 empresas públicas que gestionaban la parte sanitaria de 6 hospitales PFI, integrando la misma en la red del Sermas, tiene que señalar:

1) Por supuesto nos parece un avance sobre la situación actual, lo mismo que la anulación de la desaparición de las 26 categorías eliminadas de la Sanidad Publica con la “ley de sostenibilidad”  de 2012 (art.13.2 de la ley 4/2012), y supone asumir  en parte la razón de las reivindicaciones que venimos planteando desde la ADSPM desde que se anuncio el mencionado plan.

2) No obstante conviene recordar que no se deroga el citado “Plan de sostenibilidad” lo que es fundamental y que por otro lado no se produce la necesaria recuperación de los centros privatizados y semiprivatizados.

3) Entendemos que la Comunidad de Madrid debe de rectificar su política sanitaria, derogando el “Plan de sostenibilidad”, recuperando el presupuesto sanitario público y el empleo en el sector, así como acabando con las privatizaciones encubiertas por la vía de las derivaciones y recuperando los centros privatizados.Debemos mencionar, para interés de profesionales y ciudadanía, que existen 4 hospitales con gestión privada, el último de ellos, Collado Villalba, inaugurado hace escasos meses por el Gobierno del PP.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública

13 de Noviembre de 2015.

La Sanidad en la Rioja. II Cumbre Sanitaria de la Rioja

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La AGDSP se suma a la convocatoria de Manifestación en Pontevedra el día 13 de Noviembre

La renovación hospitalaria en Galicia se hace desde la movilización social

La atención hospitalaria en Pontevedra presenta importantes problemas y deficiencias como consecuencia de la persistencia de un Complejo Hospitalario fragmentado en dos edificios separados por kilómetros de distancia que genera importantes problemas de funcionalidad.

Mientras que el Hospital Montecelo fue renovado completamente gracias a una inversión de 70 millones de euros, el Hospital Provincial es un edificio anticuado y obsoleto que presenta deficiencias estructurales que impiden una atención de calidad. Entre los problemas que le afectan podríamos destacar: Deficiente aislamiento térmico; malos olores por problemas de alcantarillado(obliga al personal a trabajar con mascarillas); deficiencias en las salas de consulta, exploración y hospitalización; ausencia de UCI que pone en riesgo a los pacientes; o la inexistencia de aparcamiento que dificulta el acceso a enfermos y familiares

Desde hace años la Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública viene reivindicando la creación de un hospital único que unifique todos los recursos en un solo edificio. El gobierno progresista aprobó la ampliación del Hospital Montecelo con un coste de 90 millones de euros, totalmente asumible por la Comunidad Autónoma (algo importante en el contexto de la crisis) y permitiría contabilizar la inversión realizada en renovar el edificio de Monteceleo. Con la vuelta del PP a la Xunta se abandonó el proyecto para construir un nuevo Hospital de financiación y gestión privada (PFI) en una monte alejado de la ciudad, sin accesos viarios ni infraestructuras y con un coste estimado en 1.000 millones de euros. Los recortes hacen que esta decisión sea imposible de acometer, como ha quedado claro en los problemas de financiación del Nuevo Hospital de Vigo.

La Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública y la mayoría de los ayuntamientos del área (encabezados por la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Pontevedra) han convocado una manifestación el próximo día 13 de noviembre para reivindicar la ampliación urgente del Complejos Hospitalario cerrando el obsoleto Hospital Provincial y ampliando el renovado hospital de Montecelo.

La política de recortes y privatizaciones hace que en esta Comunidad Autónoma gobernada desde hace décadas por el PP la única forma de afrontar los problemas sanitarios sea a través de las movilizaciones sociales. Hace apenas un mes se manifestaron más de 200.000 personas contra la privatización y deterioro del Nuevo Hospital de Vigo y ahora es previsible que otros miles de ciudadanos de Pontevedra (apoyados por sus ayuntamientos) salgan a la calle a reivindicar un hospital en condiciones dignas de financiación y gestión pública.

Asociacion Galega para a Defensa da Sanidade Pública

11 de Noviembre de 2015

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Ante la venta hospital Domínguez de Pontevedra

Ante la noticia de la compra del Hospital Domínguez de Pontevedra por el fondo de inversión CVC-Quirón, desde la AGDSP queremos informar:

CVC- Quirón es un fondo de inversión multinacional que, como cualquier otro fondo de capital riesgo que invierte en sanidad, compra y sanea las empresas que adquiere (disminuyendo salarios y gastos) para posteriormente venderlas al mejor postor. El interés de los fondos de inversión no es mejorar salud de la población, sino conseguir los mayores beneficios para sus accionistas. Por otro lado el que esta multinacional tenga su sede en paraísos fiscales supondrá un perjuicio económico para Galicia dado que no percibirá los impuestos que pagaría si estuviera radicada en nuestra comunidad autónoma.

Pese a esto la venta de centros sanitarios gallegos a fondos de inversión multinacionales cuenta con el apoyo del Gobierno Central presidido por Mariano Rajoy y de la Xunta de Galicia gobernada por Núñez Feijoo y supone una mala noticia para Pontevedra:

1.- Es la prueba definitiva de que la Xunta de Galicia no piensa invertir en la ampliación de Montecelo para crear el Hospital Único, a pesar de las penurias que padecemos en atención hospitalaria por la obsolescencia y deterioro del edificio del Hospital Provincial y por el fraccionamiento del Complejo Hospitalario en dos centros separados por kilómetros de distancia. El Nuevo Hospital de Montecerrasco nunca pasó de ser una cortina de humo y una estrategia electoral, imposible de cumplir en un escenario de crisis y recortes presupuestarios.

2.- Una multinacional no invierte su dinero si no tiene garantías de que su negocio puede verse limitado por la competencia de la sanidad pública, es decir seguiremos con un CHOP infradotado y limitado de recursos como hasta ahora.

3.- Hasta ahora el Hospital Domínguez tenía concertados servicios para atender a enfermos de la Sanidad Pública, por lo que su venta a una multinacional como CVC-Quirón supone un riesgo para la asistencia de los mismos. La búsqueda de beneficios de cualquier Fondo de Inversión extranjero entraran en contradicción con las necesidades asistenciales de los pacientes remitidos por el SERGAS.

4.- Gracias a esta compra CVC-Quirón tendrá además acceso a los datos de todos los pacientes del Área de Pontevedra atendidos en el centro privado concertado, que ahora estarán en manos del fondo de inversión. A esta desprotección de los datos de salud se sumará el que podrían ser utilizados para la denegación de seguros sanitarios o contrataciones laborales.

5.- Otro sector perjudicado por esta compra serán los profesionales y trabajadores del Hospital Dominguez. Aunque podría parecer que sus puestos de trabajo y salarios están a salvo por la compra del centro, la experiencia de otras comunidades autónomas donde CVC-Quirón gestiona hospitales es que los conflictos laborales se suceden,a pesar de la política de amenazas de esta empresa, debido a a la maximización de beneficios a costa de precarizar las condiciones laborales y de las reducciones de plantillas. El interés de CVC allí donde gestiona hospitales y laboratorios (Madrid, Valencia y Galicia) se centra en la especulación financiera.

Por último según informaciones de la Agencia Reuters existen dudas sobre su solvencia económica, ya que parece que CVC está financiando sus grandes inversiones sanitarias en Galicia y en España gracias a una deuda millonaria con la banca, que quizás acabemos pagando todos.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

6 /11/2015

Desde la FADSP rechazamos el pacto del Gobierno con Farmaindustria

El Gobierno, representado por los Ministerios de Sanidad y hacienda acaba de firmar un acuerdo con Farmaindustria que es claramente lesivo para los intereses de la Sanidad Pública y del país.

El Pacto en esencia garantiza un crecimiento del gasto farmacéutico igual que el del PIB, asegurando así un crecimiento insostenible del gasto farmacéutico.

Con viene recordar que nuestro país tiene un elevado gasto farmacéutico (una 3.000 millones € anuales mayor que lo que nos correspondería si tuviéramos el promedio de gasto farmacéutico de los países de la OCDE, pero además que este gasto farmacéutico no ha parado de crecer en los últimos tiempos (en los 8 primero meses de 2015 el 9,2%).

Además las previsiones del Gobierno son que la financiación sanitaria disminuya en relación al PIB (hemos pasado de un gasto sanitario público del 6,7 % del PIB al 5,9% en 2014 con una previsión del 5,6% en 2016), de esta manera el aumento mantenido del gasto farmacéutico acabara estrangulando el gasto sanitario público.

Otra cuestión llamativa es el momento en que se realiza el acuerdo, con unas elecciones a la vista en las que el PP previsiblemente perderá su mayoría absoluta y con un Parlamento disuelto momento  en el que se establece un compromiso por un año. Es realmente vergonzoso este interés del Gobierno en garantizar los negocios de sus amigos mientras mantiene los recortes en la Sanidad Pública e intenta impedir que algunas CCAA garanticen el acceso a la atención sanitaria de todas las personas.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica

6 de Noviembre de 2015

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Marea Blanca. Madrid 15 Noviembre

MAREA BLANCA 15N

Concentración por una Ley de Muerte Voluntaria

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ACDESA ante el recurso contra el Acceso Universal a la Atención Sanitaria

El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el gobierno del Partido Popular contra el Decreto de Ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana, supone una vulneración del derecho constitucional a la protección de la Salud definido en el articulo numero 43 de la Constitución Española. Esta actuación del gobierno de Mariano Rajoy es acto contrario a los principios de universalidad y justicia de la Ley General de Sanidad.

Las medidas cautelares provocarán nuevamente la exclusión sanitaria de personas que precisan una atención adecuada para poder afrontar dignamente su enfermedad y avanzar en sus vidas.

Ante este ataque a la Sanidad Pública de la Comunidad Valenciana, ACDESA-PV propone una respuesta contundente y unitaria de los actores de la realidad política y social sanitaria ( Pacientes/ciudadanos, profesionales sanitarios y Consellería).

Es preciso aunar esfuerzos para conseguir reconquistar la universalidad de la asistencia sanitaria a través de un Pacto Político y Social de la Sanidad Pública Valenciana basado en los principios de justicia y universalidad que inspiraron la Ley General de Sanidad y que reclama nuestra constitución por ello convoca a la Consellería, asociaciones, organizaciones políticas, ciudadanos a sumarse al Pacto Político y Social para construir de verdad, la realidad sanitaria que los Valencianos merecemos, lejos de amenazas y de maniobras electorales.

Valencia a 3 de noviembre de 2015

 

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La FADSP ante el recurso del Gobierno contra la Normativa Valenciana de Sanidad Universal

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ante la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por el Gobierno contra  Decreto Ley (DL) 3/2015 del Consell que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes no regularizados tiene que señalar:

1.  La suspensión del DL 3/2015   que conlleva la admisión a trámite del recurso del Gobierno ante el TC es una derivada automática de la presentación del mismo, y ahora hay un plazo de 15 días para presentar alegaciones por parte de la Generalitat Valenciana. Conviene recordar que ante dos casos similares en el País Vasco y Navarra en los que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional por motivos parecidos a la norma valenciana, el TC levantó la suspensión.

2. En todo caso resulta indignante la actuación del Gobierno y el Ministerio de Sanidad porque como es sabido el ministro anuncio en marzo de 2015, hace 8 meses que se iba a asegurar la atención sanitaria a los inmigrantes sin que hasta ahora, 8 meses después se haya concretado en alguna norma práctica, a pesar de la multitud de cortinas de humo y de declaraciones contradictorias de los responsables del ministerio. Desgraciadamente se utiliza la salud de las personas para hacer juegos de marketing electoralista.

3. Deberíamos de tener claro que la atención sanitaria es un derecho humano básico y que por lo tanto debe de garantizarse a todas las personas que están en el territorio español, independientemente de su situación administrativa, y que la experiencia de los 3 años de vigencia del RDL 16/2012 demuestra que la exclusión es una medida inhumana. Injusta, peligrosa desde el punto de vista sanitario e clomid online espana el punto de vista económico.

4. Desde la FADSP exigimos la inmediata derogación del RDL 16/2012 y el acceso a la atención sanitaria de los grupos de población excluidos por el mismo, así como la retirada del recurso del Gobierno ante el TC.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

4 de Noviembre de 2015

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ACDESA contra el recurso del gobierno de Rajoy

        ACDESA-Castellón valora positivamente la publicación del Decreto Ley (DL) 3/2015 del Consell como una respuesta necesaria a la situación de exclusión sanitaria existente hasta ese momento. Además valora muy especialmente el momento de su publicación por el actual gobierno autonómico, a fecha de julio de 2015, como una de las primeras medidas que implementó la actual Conselleria de Sanitat Universal I Salut Pública, medida que interpretamos como una importante declaración de intenciones .

ACDESA-Castellón ha expresado su denuncia a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno central a partir del Real Decreto Ley 16/2012 que ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. En su momento exigimos la derogación del Real Decreto Ley 16/2012 como origen del sufrimiento de miles de personas a las que se les negó el derecho a la salud, y a fecha de hoy nos mantenemos firmes en dicha demanda de derogación

El anterior gobierno autonómico del Partido Popular implementó el "ineficaz" Programa Valenciano de Protección de la Salud", para intentar paliar situaciones derivadas de la aplicación del RD 16/2012.

El DL 3/2015 se alinea con iniciativas en el mismo sentido producidas en otras comunidades autónomas. Pese a algunas diferencias entre ellas, en conjunto definen la voluntad mayoritaria de la sociedad por el restablecimiento de un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, basado en criterios de equidad y solidaridad y financiación pública por la vía fiscal.

Por todo ello denunciamos y nos oponemos firmemente a la presentación por el gobierno Rajoy de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 3/2015 del Consell por el que se regula el acceso universal a la asistencia sanitaria en la Comunitat Valenciana.

ACDESA-CASTELLÓ

 

04 Noviembre 2015

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