La desprotección de los datos sanitarios de la población de Pontevedra (y de Galicia)

    Los datos sanitarios representan información especialmente protegida por ley, con la salvedad de la protección de la vida y la salud de las personas. En este sentido, los profesionales sanitarios distintos a los de referencia del paciente podrían acceder a su Historia Clínica (HC), con el único objetivo de solventar problemas de salud.

    El gobierno popular de Galicia ha generalizado esta excepcionalidad jurídica y ha abierto el acceso a la historia clínica a las empresas sanitarias privadas, tengan o no concierto con el Sergas, lo que pone en grave riesgo la confidencialidad de los datos genéticos y sanitarios de la población gallega, ya que centros privados de Galicia están vinculados a aseguradoras, institutos privados de cáncer, empresas farmacéuticas y fondos de inversión extranjeros.

    En el caso concreto del Área de Pontevedra se da la circunstancia de que los estudio radiológicos realizados a pacientes concertados en el Hospital Domínguez-Quirón son registrados en la HC electrónica como si fuesen realizados en el Hospital público (CHOP), lo que impide su identificación, confunde los estudios estadísticos y dificulta la evaluación comparativa.

    En contraposición, los profesionales sanitarios públicos no pueden acceder a estudios de imagen, realizados en el Hospital Quirón, a pacientes que acuden por accidente de tráfico o por otros medios distintos al concierto, aunque posteriormente sean ingresados en el CHOP durante el mismo proceso asistencial, lo que parece un incumplimiento de la ley de Protección de Datos, al anteponer el centro privado su “propiedad intelectual y empresarial” al derecho a la salud de los pacientes.

    Llama la atención la dejación de la Consellería de Sanidade con respecto a la defensa de los hospitales del Sergas y del derecho a la información de sus profesionales, mientras protege el negocio privado, algo a lo que ya nos tiene muy acostumbrados el presidente Feijóo.

    Existen sospechas fundadas, aunque de difícil confirmación dada la falta de transparencia al respecto, de la realización de demasiados estudios de imagen a pacientes que acuden a hospitales privados de Galicia por accidentes de tráfico leves lo que, además de suponer un gasto innecesario, incrementa la dosis de radiación a la población gallega, ya de por sí más alta que la media estatal (según informes de la propia Administración).

    La población debería conocer estos hechos y exigir un consentimiento informado y firmado tanto sobre la necesidad de determinadas exploraciones de imagen como sobre el acceso a los datos sanitarios que conlleva la asistencia en los centros sanitarios y sociosanitarios privados de Galicia.

Asociación Galega para a Defensa de Sanidade Publica

5 de agosto de 2016

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