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Un SOS por el sistema público de salud

 
Fecha de Publicacion : 27/11/2020

Fuente:https://www.noticiasdenavarra.com/opinion/tribunas/2020/11/27/sos-sistema-publico-salud/1098689.html

Autor: Lázaro Elizalde y Ana Arillo

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El sector sanitario es clave para aumentar el bienestar social y el nuestro necesita inversión y reestructuración, especialmente por la gravísima situación socioeconómica actual. No olvidamos que la cuidadanía aplaudió y aplaudió mucho, en una respuesta social de apoyo como nunca se había producido; un reconocimiento y un orgullo de tener un Sistema Público de Salud, y valorando y apoyando a la totalidad de sus profesionales.

Ahora es el momento del compromiso político para sentar las bases de mejorar nuestro Sistema Público de Salud hacia otro más equitativo, eficiente y sostenible.

El Anteproyecto de Presupuestos de Salud propone pocos e insuficientes cambios. Aunque asciende a 1.253.632.156 euros (incremento de 7,9%), si descontamos las partidas coyunturales asignadas a la covid, se queda en 1.176.771.141 euros (crece el 1,2%). Esa cantidad no permite acometer las reformas estructurales que precisa el sistema. Además, no cumple íntegramente con el Acuerdo de Legislatura ni con el Plan Reactivar Navarra/ Nafarroa Suspertu. Queremos apuntar siete ejes prioritarios para guiar los Presupuestos del Departamento de Salud.

      1. Definir un escenario presupuestario que en tres años llegue al 6,5% del PIB en consonancia con el gasto de países europeos de nuestro entorno:

Los incrementos presupuestarios recientes permiten mantener los servicios y prestaciones actuales, pero impiden el salto transformador que se necesita. Sería preciso un incremento en los próximos años de 200 millones de euros, al margen de los gastos que genera la crisis de la covid-19 que necesitarían partidas extraordinarias. La inversión debe focalizarse en mejorar la organización y eficiencia del sistema prioritariamente en áreas que aportan mayor mejora de salud.

      2. Antes prevenir que curar. Desarrollar Políticas y Servicios de Salud Pública (SP) centrados en la Atención Primaria (AP):

A pesar de la grave situación de SP ocasionada por la pandemia, los presupuestos de los Servicios de SP y Laboral, solo suponen el 2% del gasto total. Sin embargo, la pandemia ha evidenciado la importancia de unos servicios de SP bien estructurados, enfocados hacia la promoción, prevención y vigilancia de la salud en todas sus vertientes: personas con enfermedad crónica, mayores, laboral, escolar, comunitaria, etcétera. La AP precisa fortalecerse en la intervención comunitaria, especialmente para reducir las desigualdades. La mejora de la equidad requiere una estructura territorial adecuada, que integre las actividades de SP con la atención sanitaria y sociosanitaria.

      3. Recuperar lo esencial. Hacer de la Atención Primaria el eje vertebrador del Sistema:

El multiplicador trabajo hacia la comunidad de la AP se vuelve imprescindible en un contexto de pandemia. Su reorganización de forma urgente debe completarse con la definición urgente de los perfiles de Enfermería Comunitaria y Trabajo Social y el desarrollo de nuevos perfiles profesionales en Salud socio comunitaria, Promoción de Salud, Salud Laboral y Técnicos de Gestión de SP.

Proponemos planificar la Atención Domiciliaria, más allá de las visitas domiciliarias. Reformular el rol de la AP como soporte al trabajo de las residencias de mayores, centros ligados a la discapacidad y centros sociales y educativos, así como de colectivos de trabajadoras/es con mayor precariedad (ETT, cuidados, migrantes€), desarrollando instrumentos e incentivos para aumentar la capacidad resolutiva en el primer nivel de atención.

El gasto en AP (incluyendo Urgencias Extrahospitalarias) supone el 14% del total (165,4 millones de euros), habiendo variado apenas en los últimos años. Proponemos alcanzar un 20%, que supondría incrementar su partida en 100 millones de euros dedicados a equipos comunitarios y socio sanitarios; rehabilitación funcional de AP, en centro y domicilio; fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales.

Es importante el incremento retributivo a la totalidad de profesionales de AP. El gasto de personal –excluyendo las partidas por covid-19– crece solamente un 2,7%, cantidad insuficiente para cubrir los déficits estructurales existentes.

Se precisa el desarrollo de un Plan de infraestructuras e inversiones. Destaca el crecimiento de las inversiones en AP de Navarra Norte-Este (38%) y de Tudela (128,6%).

      4. La eficiencia del "no hacer". Controlar el gasto farmacéutico, sobre todo el hospitalario:

Es necesario contener y revertir el gasto farmacéutico con políticas de racionalización de tratamientos sin evidencia clínica relevante y con el control directo desde la sanidad pública del actual modelo de atención farmacéutica a las residencias privadas y concertadas de mayores.

El gasto farmacéutico mantiene un peso excesivo en el Presupuesto (más del 22%). Proponemos el objetivo de que para 2023 sea inferior al 20% del gasto total.

      5. Hospitales más humanos e integrados:

Los hospitales concentran conocimiento muy especializado, con acceso a equipamientos de alta tecnología y elevada capacidad de innovación. La pandemia hace inaplazable redefinir el concepto de hospital, tanto a nivel funcional como estructural. Es necesario combinar la especificidad técnica y tecnológica con una Estrategia de Humanización que tenga en cuenta las necesidades familiares ocasionadas por las cargas de los cuidados con adecuada dotación de recursos materiales, administrativos y emocionales.

El gasto hospitalario (55% del total) mantiene un excesivo peso en el conjunto. Sorprende que el gasto covid en personal hospitalario (22,6 millones de euros) duplique al de AP y casi lo cuadruplica si descontamos las partidas de Urgencias extrahospitalarias.

Aumentan las inversiones en el Hospital de Tudela (117%), pero en el Complejo Hospitalario no varían, lo que puede comprometer algunas necesidades.

Proponemos incentivar los proyectos de atención integral a través de una red hospitalaria pública única, un plan de apoyo a los hospitales comarcales, un plan de inversiones con eje en el Plan de Humanización, hospitalización psiquiátrica, hospitalización a domicilio, obstétrico-pediátrico, laboratorio unificado y redimensionamiento y actualización del equipamiento tecnológico.

      6. Volver a confiar en el Sistema Público. Revertir los conciertos:

La subsidiariedad de la atención sanitaria pública precisa evaluaciones rigurosas y transparentes que la justifiquen e inversión en aquellas áreas de necesidad a largo plazo.

El gasto en conciertos, incluyendo gastos covid, crece un 6,3%, alcanzando el 7% del gasto. Proponemos su reducción.

      7. Las eternas olvidadas. Necesidad de incrementos en salud mental e investigación:

Un gasto del 3% del total, con un incremento del 3,5%, es insuficiente para redefinir la organización de la Red de Salud Mental (Plan Estratégico 2019-2023) mediante un modelo de atención comunitaria, que incluya atención domiciliaria, intervención en crisis y atención no programada. El control y prevención de las próximas epidemias, infecciosas o no, pasan por el incremento de la testimonial inversión actual en investigación.

Apunte final. Propuestas de desarrollos normativos:

Proponemos modificar ya la Ley Foral de Salud para contemplar la creación de estructuras que agrupen Zonas Básicas de Salud (distritos o comarcas); actualizar la norma específica del personal del Sistema Sanitario Público; y que se inste al Gobierno central la eliminación de trabas para cubrir las vacantes, eliminando las tasas de reposición en Salud, y convocando OPE extraordinarias para consolidar las plantillas actuales, priorizando las de AP. 

La atención primaria en crisis por las políticas para combatir la COVID-19

 
Fecha de Publicacion : 26/11/2020

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/atencion-primaria-crisis-politicas-combatir-covid-19/20201126162853181681.html

Autor: Manuel Martín García

Las políticas neoliberales de los gobiernos del Partido Popular destinadas a afrontar la crisis del 2008 introdujeron importantes recortes de personal y de presupuestos en Atención Primaria (AP). Si a esto añadimos el déficit de equipamiento, la limitación de acceso a pruebas diagnósticas, la presión burocrática, un deficiente dimensionamiento de los equipos que hace que buena parte de la demanda acabe desbordando las consultas médicas, el abandono del modelo de Salud Comunitario y la marginación de las actividades de promoción, prevención y rehabilitación, se configura una situación más que preocupante. Se suma una política laboral, basada en la precariedad y la inestabilidad, que genera una gran frustración y malestar en el personal de los centros.

La AP, que debería ser la puerta de entrada al sistema y responsabilizarse de gestionar los procesos asistenciales, está supeditada a unas gerencias deudoras de las necesidades hospitalarias y de las jefaturas de servicio de los hospitales, y carece de autonomía real para planificar y gestionar sus propios recursos. Tampoco tiene responsabilidad en la asistencia sanitaria de las personas que viven en las residencias de mayores, las cuales precisan de mayor atención por padecer más enfermedades crónicas y degenerativas que el resto de la población.

Papel de la AP durante la crisis

Al inicio de la pandemia, cuando la demanda asistencial de las personas infectadas desbordó las camas hospitalarias (que además de ser de las más bajas de Europa por mil habitantes sufrieron un importante recorte en la crisis), la AP demostró las ventajas de disponer de nivel asistencial próximo y conocedor del historial de la población, imprescindible para identificar las condiciones de salud de personas, familias y comunidades. Gracias a esto el nivel primario pudo tratar en sus domicilios a los infectados sin gravedad, reducir la presión sobre las camas hospitalarias, atender a contagiados y enfermos con otras patologías y resolver las dudas, las incertidumbres y los temores de la población.

Esta situación abrió la esperanza de que el esfuerzo para restablecer la normalidad del sistema de salud impulsaría la reforma y la mejora de la AP.

Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta, porque las administraciones asignaron a la AP el papel secundario de contener la presión asistencial, colaborar con los rastreadores en la identificación de contactos de los infectados sin apenas recursos o preparación, y asumir la gran cantidad de funciones administrativas y burocráticas derivadas de la epidemia (como extender bajas laborales, realizar informes para las empresas, recibir llamadas telefónicas, etc.). Con la justificación de evitar contagios en los Centros de Salud, las consultas presenciales se han transformado en telefónicas y se han cerrado centros (en algunas CCAA se ha utilizado al personal sanitario de estos centros en funciones de apoyo a los hospitales o se han hecho desaparecer los cupos con grave perjuicio para la continuidad asistencial).

La frustración y el malestar por no poder contactar con los Centros de Salud, las esperas de días o semanas para hablar por teléfono con sus médicos/as y enfermeros/as, las colas en la calle para acceder a los Centros (sumadas a las listas de espera disparadas por la parálisis de los hospitales), así como la protocolización de todas las actuaciones con normas centralizadas que cambiaban cada semana, el secretismo, la falta de transparencia y la falta de un liderazgo claro en el momento que más se necesita está deteriorando la imagen de la AP y generando una situación de malestar con el personal sanitario, que no es responsable de esta situación.

Esta forma de trabajar es incompatible con los atributos esenciales de la AP: Accesibilidad y primer contacto de la población con el sistema, fácil acceso al sistema sanitario; relación personal y continua entre el médico/a y paciente; integralidad de las actuaciones para solucionar las necesidades de salud más frecuentes de la comunidad; y coordinación entre AP y los demás niveles del sistema y agentes de salud.

Desgraciadamente muchos trabajadores/as de la AP han adoptado una actitud defensiva frente a las demandas de la población. En los Centros de Salud cunde la frustración, el desánimo y la irritación al prolongarse durante tanto tiempo esta situación que, sin embargo, no se traduce en la denuncia de la falta de recursos y de la mala gestión por las administraciones.

Hasta ahora la población esta aturdida y paralizada por tantas malas noticias y tanta presión, aunque empiezan a detectarse señales de rebelión que podrían acabar en un estallido social de consecuencias políticas y sociales incalculables.

Si la política sanitaria no cambia y si las administraciones no salen de la burbuja epidemiológica y de restricciones en las que están sumidas, el deterioro del sistema público, especialmente el nivel primario, puede llegar a ser irreversible.

La privatización avanza a pasos agigantados, dadas las dificultades de acceso a los Centros de Salud, así como avanzan las cancelaciones de citas, de consultas, de pruebas diagnósticas y de cirugías en los hospitales. Una parte de la población está empezando a recurrir al sector privado en demanda de la atención que le dificulta o niega el sistema público. Curiosamente las restricciones presenciales no se dan en la privada que empieza a ofertar seguros basura a 15 euros al mes.

Es necesaria una reacción frente a tanto desastre

Los medios de comunicación destinan buena parte de sus espacios a informar sobre los nuevos contagiados, hospitalizados o muertos, publicando todo tipo de noticias contradictorias y a veces falsas sobre la epidemia y como se afronta en las CCAA, el Estado y el mundo. Por su parte las autoridades sanitarias están centradas en adoptar medidas cada vez más duras basadas en el confinamiento, amenazando con la prolongación de la epidemia cada vez más tiempo y culpabilizando de la situación a diferentes grupos sociales, aunque mucha gente está empezando a desconectar de esta información por hastío y cansancio.

La población necesita tener esperanza frente a tanto desastre, temor y sufrimiento. Se ha politizado la respuesta y los países y CCAA se han embarcado en una carrera por ver quien adopta el confinamiento y las medidas coercitivas más duras. Mientras la información se centra en el crecimiento exponencial de los contagios, no se habla de que la mortalidad se ha contenido gracias entre otras cosas a las medidas adoptadas. Aunque desde AP se ven las cosas de distinta manera, con menos alarmismo, una vez más la AP no es el referente intelectual, profesional e informativo en temas de salud. Los medios de comunicación muy pocas veces recurren al médico de familia para conocer su opinión.

Es urgente acabar con el cierre de la AP, volver a las consultas presenciales y dejar las telefónicas y telemáticas para actividades complementarias; incrementar el número de centros, ampliar sus espacios, reforzar las plantillas y concederles más medios diagnósticos y más autonomía organizativa. La población necesita el contacto y una relación estrecha y continuada con los trabajadores de sus Centros de Salud.

No podemos dejar agonizar a una AP que debería liderar la recuperación del sistema. Para ello es necesario articular una alianza social y sanitaria para obligar a las administraciones a cambiar su política basada solo en las restricciones, aunque sin abandonar las medidas basadas en la evidencia, que eviten los contagios y la extensión de la epidemia. Una vez más se echa en falta una respuesta unitaria y contundente por parte del colectivo profesional, especialmente del médico.

Solo desde el modelo de Salud Comunitaria con una gran implicación activa y consciente de la población y de sus organizaciones será posible acabar con la epidemia.

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Imagen de un centro de salud de Madrid.

Propuestas para combatir la epidemia y recuperar el sistema sanitario público

1. Recuperar la actividad del sistema (con las debidas medidas de seguridad mientras dure la epidemia)

  • Reabrir todos los Centros de Salud
  • Recuperar las consultas presenciales como actividad prioritaria y esencial en la relación médico/paciente. Mantener las consultas telefónicas o telemáticas pero dándoles un carácter complementario repensando su contenido y con recursos suficientes
  • Paralelamente, reanudar las actividades de los centros hospitalarios: Consultas, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas estableciendo una comunicación fluida con AP
  • Incrementar las plazas de personal administrativo, las líneas telefónicas, las centralitas de llamadas y los recursos telemáticos, para acabar con las trabas y dificultades actuales que sufre la población para contactar con los centros
  • Mejorar la formación del personal administrativo para optimizar los procedimientos de cita

2. Potenciar el carácter integral del sistema que pasa por recuperar la imagen social y el protagonismo de la Atención Primaria

· La AP es esencial para garantizar una atención integral de salud potenciando las actividades de promoción, prevención, curación y rehabilitación

· La mortalidad por COVID está directamente asociada a factores de riesgo como la obesidad, enfermedades respiratorias cónicas, cardiopatías, cáncer, consecuencias de la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo, el abuso del alcohol, el hacinamiento o la contaminación medioambiental, etc. El papel de la AP es fundamental para intervenir, junto con los recursos de la comunidad y las administraciones locales, sobre estos determinantes de la salud

3. Integrar y coordinar las actividades de los recursos relacionados con la salud

  • Desarrollar las Áreas Sanitarias como espacios para la coordinación y gestión participativa de los Servicios de AP, Hospitalarios, Salud Pública y Sociosanitarios, con la implicación activa de Ayuntamientos y otros recursos territoriales. La epidemia COVID, como el resto de los problemas de salud, tiene múltiples determinantes sanitarios, sociales, medioambientales y económicos cuyo abordaje exige una intervención integral e integrada de todos estos recursos.
  • Implicar activamente a los ayuntamientos en las actividades de salud para facilitar que las áreas de salud puedan disponer de recursos para combatir los determinantes de la pandemia y del resto de problemas de salud (trabajo social, información y educación, medio ambiente, vigilancia alimentaría, combatir el tabaquismo, facilitar la actividad física, etc.).
  • Dar participación a la población para implicarla en las estrategias de salud, imprescindibles para combatir esta epidemia.
  • Incrementar los recursos de Salud Pública a nivel estatal, autonómico y de las áreas sanitarias y reforzar su coordinación con AP.

4. Reforzar la Atención Primaria

  • Acabar con el sometimiento de la AP a la hospitalaria, incrementando su capacidad de planificación y gestión, dentro de las áreas de salud.
  • Responsabilizar a los Centros de Salud de los procesos asistenciales y del control de pacientes a lo largo del sistema
  • Incrementar el presupuesto de AP hasta el 25% del total sanitario
  • Incrementar la oferta de servicios de AP con la incorporación de nuevos profesionales (matronas donde no las haya con unidades de salud de la mujer, fisioterapeutas con unidades de rehabilitación, psicólogos clínicos con unidades de salud mental comunitaria).
  • Restituir los recortes e incrementar las plantillas de los Centros de Salud, redimensionando los equipos con diferentes categorías profesionales, delimitando sus roles y funciones e incrementado su cohesión para acabar con la medicalización de la AP, satisfacer las necesidades y demandas de atención de salud la población y acabar con la pandemia
  • Crear nuevos Centros de Salud y ampliar los actualmente existentes (en este momento con medidas provisionales aprovechando los recursos locales), para evitar la masificación de las salas de espera y las consultas, evitando que la población tenga que hacer colas fuera de los centros
  • Reducir la burocracia que recae en gran parte sobre el personal médico (supone alrededor del 30% de su actividad) restándole tiempo para otras actividades asistenciales. La provisión y control de bajas laborales de contagiados y contactos o la emisión de certificaciones; la atención telefónica, las visitas domiciliarias de posibles afectados, la detección de contactos, la realización de pruebas PCR, están suponiendo una carga de trabajo importante para los trabajadores de AP.
  • Facilitar la asistencia sanitaria en las Residencias de Mayores por los Centros de Salud (reforzados con nuevo personal), que han concentrado el 70% de la mortalidad (representa el principal riesgo para la salud de la población) por lo que deberían priorizar en las mismas las actuaciones preventivas y asistenciales.
  • Dotar al nivel primario de nuevas responsabilidades y funciones para hacer frente a nuevas pandemias como la vigilancia epidemiológica, la detección y seguimiento de nuevos casos y contactos y la mejora e integración de mecanismos de información.

Para poder desarrollare estas funciones es absolutamente necesario incrementar las plantillas, poner en marcha un plan de formación y capacitación del personal y una nueva política de personal incentivadora que acabe con la provisionalidad, la precariedad y la ausencia de incentivos.

Desde AP debemos aunar esfuerzos para minimizar los efectos perjudiciales de la pandemia: evitar fallecidos por todas las causas, hospitalizados, ingresos en UCI, evitar que crezca la desigualdad, mantener la estructura social, etc…; al fin y al cabo, los objetivos de siempre de la AP, con y sin pandemia. Porque nos jugamos nuestra credibilidad en cada una de nuestras acciones, es esencial recuperar la relación directa con los pacientes, ser rigurosos en la aplicación de las medidas, transparentes con la información y perseverantes en la pedagogía, porque de no ser así la falta de confianza de la sociedad se puede generalizar añadiendo una catástrofe más: el descrédito de la Atención Primaria.

Deben modificarse los actuales modelos de atención de la dependencia

 
Fecha de Publicacion : 23/11/2020

Fuente:https://www.actasanitaria.com/tenemos-que-modificar-los-actuales-modelos-de-atencion-de-la-dependencia/

Autor: Esther Nieto Blanco

 Residencias

Lo vivido durante la pandemia en las residencias de mayores obliga a un replanteamiento del sector, en el bien entendido de que se imbrican en el campo de la dependencia, uno de los pilares del Estado del Bienestar. Este trabajo constituye una visión del problema actual y ofrece ideas para su renovación.

Los datos demográficos y las proyecciones hasta el 2040 que proporcionan algunos estudios, siempre tomados con prudencia, auguran un aumento de personas que precisarán atención y prestaciones ligadas a la dependencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad urgente de reflexionar acerca de la idoneidad y características de las prestaciones o servicios actuales y sobre los variados modelos de atención presentes en las distintas CCAA.

La pandemia del Covid-19 ha hecho visible, de forma cruda, las maltrechas entretelas que sustentaban el sistema de atención de las personas dependientes, discapacitadas o con enfermedad mental, cuyo hogar habitual es una institución residencial. Una realidad expuesta en ocasiones por los familiares y organizaciones cercanas al sector sociosanitario.

La aprobación de la ley, en diciembre del 2006, para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, tenía como finalidad poner en pie y garantizar el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que, junto a la educación, las pensiones o la sanidad, forma parte de los derechos universales sociales.

Este hecho supuso un avance esperanzador. Sin embargo, el balance no es positivo. No ha conseguido dar respuesta de forma satisfactoria a las demandas existentes, ni entonces ni ahora. Su andadura fue lenta, desigual su ejecución en las diferentes CCAA, su desarrollo incompleto y la implantación de “bajo coste” ha configurado un sistema inapropiado e insuficiente para responder a las crecientes demandas . Además, la aprobación del RLD 20/12/2012, provocó el recorte de varios servicios y prestaciones. Todo ello ha derivado en el actual panorama: no se cumplen los requisitos de cobertura y de calidad deseable, porque no llega a todas las personas que lo necesitan o porque los servicios que se prestan son mínimos.

Cobertura de los servicios residenciales

No resulta sencillo acceder a una información rigurosa y contrastable sobre la atención a la dependencia dada la variabilidad existente y, además, por la ausencia de transparencia informativa propia del sector. La diversidad se manifiesta tanto en cuanto a la inversión, como a los modelos y características de los cuidados, a los tipos de gestión, o la organización interna de los residentes, lo que dificulta sobremanera tener un mapa real de la situación por CCAA, responsables de los recursos sociosanitarios.

Según datos del IMSERSO (2019), en España había unos 5.457 centros residenciales para personas mayores, 4.063 de ellos (74,5%) son de titularidad privada y 1.394 (25,5%) son públicos. En total sumarían 381.158 plazas, lo que representa un índice de cobertura del 4,21%, el cual varía significativamente entre el 7,6% de Castilla y León y el 1,42% de Murcia. Una desigualdad de acceso evidente.

Por otro lado existen diversos tipos de gestión que van desde la totalmente pública a la totalmente privada pasando por diversos modelos de la llamada colaboración público-privada, no siempre fáciles de identificar porque con frecuencia residencias de titularidad pública están gestionadas en todo o en parte por empresas privadas.

Principales problemas detectados

Los principales problemas detectados son:

* Insuficiente presupuesto público destinado a la atención a la dependencia.

* Predominio desmesurado de la financiación privada sobre la pública, con notables diferencias entre CCAA.

* Número de plazas escasas.

* Baja cobertura de las necesidades y demandas de las personas dependientes y de sus familias.

* Carencia de recursos humanos bien formados y de materiales técnicos suficientes y actualizados. Personal mal pagado, con contratos precarios y escaso reconocimiento social. Son frecuentes las rotaciones y cambio de personal, lo que no favorece el establecimiento de lazos de referencia.

* Desigualdad laboral ligada al género de las cuidadoras.

* Estructuras físicas inadecuadas. Complejos residenciales híbridos entre el hotel y el hospital o entre el chalet y las “guarderías para mayores”.

* Cuidados estandarizados, rutinarios, despersonalizados en muchos casos, y centrados en las “tareas” prácticas.

* Gestión vertical. Deficiente coordinación intersectorial entre las Gerencias de Atención Primaria y los médicos/as y enfermeros/as de familia. Desconfianza mutua.

* Ausencia de información y participación real de los residentes y de sus familiares.

* Falta de transparencia en la información que impide el análisis, la evaluación y la investigación.

Experiencias sobre atención a la dependencia

Existen muchas experiencias en el mundo sobre la atención a la dependencia y a las personas mayores, en general son modelos que comparten los siguientes valores o ideas fundamentales:

– Atención integral —holística, humanista— y “centrada en la persona”. Este marco conceptual permite identificar las claves en la cuales se debe sustentar el apoyo y los cuidados.

– Fomento de la independencia y de la autonomía personal.

– Prevención temprana de la discapacidad de forma preferente.

– Centros abiertos a la comunidad en la que viven con la finalidad de favorecer el contacto exterior. Forjar alianzas comunitarias.

– Garantizar la seguridad y accesibilidad.

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) entendemos que habría que cambiar el contenido y el continente a la hora de abordar la problemática de las residencias, no se trata de hacer mini- hospitales u hospitales de crónicos, sino de arbitrar otra forma de atender la problemática de la vejez y la dependencia.

Propuestas para abordar el problema de la atención a las personas mayores y/o dependientes.

En este sentido pensamos que es preciso poner en práctica las siguientes propuestas:

1.- Aumento de la financiación pública a través de los impuestos centrales y autonómicos que garantice la atención de todas aquellas personas que lo necesiten. Suprimir las actuales deducciones fiscales que solo favorecen a los que más tienen. Incremento en los presupuestos generales de este año y de la partida que, presumiblemente, llegará de Europa.

2- Definir y establecer criterios que aseguren la equidad territorial como elemento básico de la justicia social entre el medio rural y urbano. Catalogar los tipos y características de los establecimientos que atienden a estas personas.

3- Modificar el actual modelo de residencia tanto para las personas con dependencia física como para los discapacitados psíquicos o personas con enfermedad mental. Es necesario crear nuevas residencias de pequeño tamaño, cercanas al entorno de las personas residentes, cerrar progresivamente las masificadas, crear pisos y apartamentos compartidos y, sobre todo, apostar por mantener a los mayores en sus viviendas habituales con ayudas profesionales para realizar actividades cotidianas. Favorecer entornos inclusivos. Rediseñar las habitaciones, los espacios comunes y dotarlos de medios tecnológicos que faciliten las actividades de la vida diaria y la comunicación con las familias y amigos para prevenir la soledad y el aislamiento, por ejemplo, en tiempos de pandemia.

4.- La gravedad de la mortalidad en las residencias (tanto en la primera como en la segunda ola de la epidemia, que coloca a estas como el principal determinante de la mortalidad COVID) debe obligar a realizar un giro estratégico para lo que es preciso realizar un gran esfuerzo político, económico y empresarial. Todas las nuevas residencias que se abran, para garantizar unos indicadores similares a los países desarrollado de la Unión Europea, deberán de ser de titularidad y gestión pública. A medio plazo, recuperar para la gestión pública las residencias que hayan externalizado la gestión con empresas y grupos privados; a largo plazo, reintegrar todas al sistema público de atención a la dependencia.

5.- Gestión horizontal apoyada en la participación significativa y efectiva de los trabajadores, usuarios y familiares. Actualizar y adecuar los instrumentos legales existentes a las nuevas demandas y necesidades, y modificar los que sean precisos para hacerlos eficaces, útiles.

6.- Incremento del personal que trabaja en las residencia, garantizando una formación específica de nivel medio en atención a mayores y condiciones laborales dignas. Suprimir la brecha de género que se da en este sector y que afecta a las condiciones laborales y de vida. Definir de forma precisa la ratio de atención según categoría laboral y nivel de dependencia.

7.- Transformar la actual planificación de la atención y los cuidados, y adoptar un enfoque integrado “centrado en la persona”, que suprima el cuidado rutinario, homogéneo y que estimule la independencia y la actividad física y mental, también en estados de dependencia severa.

8.- Formación especifica para favorecer el cambio de rol y contrarrestar las inercias y resistencias a la innovación deseable que proporcionan las evidencias científicas actuales.

9.- Establecer normas y criterios para que los servicios de inspección sean una realidad verificable y exigible por los trabajadores o los familiares. Impulsar una mejora continua.

10.- Coordinación efectiva con la Atención Primaria para que facilite la atención y la comunicación con su médico y enfermera de familia. Es prioritario definir de forma explicita las competencias y responsabilidades de cada sector de modo que se garantice una atención de calidad basada en unos cuidados integrales.

11.- Implantar sistemas de información compatibles entre administraciones que favorezcan el conocimiento, la evaluación y la investigación interna y externa.

Conclusiones

Los medios de comunicación han publicado con frecuencia noticias a cerca de la repercusión de la Covid-19 entre las personas que viven en las residencias, lamentablemente no siempre positivas. Tal hecho ha puesto de manifiesto la hondura del problema y la urgencia para abordarlo de forma seria y profunda. Que el sistema tenía vías de agua y que olía mal era patente.

Con asombro constatamos que, al igual que se ha sucedido con los hospitales en ciertas CCAA, varias empresas se han infiltrado y se han enriquecido con el beneplácito de las administraciones, y sin que la inspección pública haya ejercido sus responsabilidad de forma constante y eficaz.

Es primordial suscitar un diálogo social participativo entre todos los organismos de la Administración, las asociaciones de familiares y usuarios, colectivos sociales, trabajadores, sociedades científicas, etc, con conocimientos en este ámbito de la atención social. Contar con el apoyo de sociólogos expertos en este campo y antropólogos de la salud nos parece necesario para inducir, favorecer un análisis contextual necesario.

Tener presente los determinantes sociales a la hora del debate sobre el futuro del sistema de atención a la dependencia que se quiere, se necesita y  se está dispuesto a financiar, ayudará a comprender mejor la diversidad y complejidad del actual momento. Deberíamos de aprender de la experiencia y que tantas muertes no hayan sido en balde.

Ruido mediático en torno a la vacunación contra la Covid-19

 
Fecha de Publicacion : 23/11/2020

Fuente:https://www.nuevatribuna.es/articulo/actualidad/vacunacion-covid19-oxford-negacionistas-pzifer-moderna/20201123170836181589.html

Autor: Marciano Sánchez Bayle

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El ruido mediático se centra ahora en las vacunas, en su eficacia y en la actitud de la población ante las mismas, pero existen otros temas importantes sobre las vacunas que pasan más desapercibidos.

Vayamos primero con las vacunas y su eficacia. Existe una gran controversia sobre las mismas que tiene más que ver con las estrategias de marketing y propaganda de las empresas farmacéuticas que con los conocimientos científicos sobre las mismas. Hasta ahora solo se conocen informaciones facilitadas por las empresas, sin que se hayan analizado por evaluadores independientes, y es bien conocida la tendencia de las mismas a magnificar los resultados positivos y a orillar o esconder los problemas y limitaciones de sus medicamentos y existen muchos casos bien conocidos, el más relacionado con el tema, la eficacia del osetalmivir en la gripe, datos sesgados que produjeron compras masivas de muchos países, de un medicamento que los evaluadores independientes (BMJ, Cochrane) demostraron que carecía de la eficacia de que presumía la empresa que lo comercializaba y que tenia muchos más efectos secundarios de los comunicados inicialmente.

Por eso hay que ser prudentes, y asumir que es probable que las cosas no sean tan maravillosas, así como que las noticias que tenemos sobre las vacunas sobrevaloren sus resultados, y solo busquen captar inversiones y compras millonarias, aunque por supuesto pudiera suceder que todo sea cierto y tengamos pronto vacunas excelentes.

La segunda cuestión tiene que ver con la disponibilidad de vacunas y su accesibilidad a la misma, y ahí nos enfrentamos con la existencia de las patentes que dificultan el acceso de la población a las mismas, en los países pobres y en aquellos ricos que tienen un modelo de sistema sanitario liberal/privado como EEUU. Las patentes permiten a las empresas establecer precios elevados, ya se han indicado algunos de cientos de euros, y supondrá dejar sin vacunas a una gran parte de la población de los países pobres para garantizar así el derecho a las patentes de las farmacéuticas (conseguidas gracias a investigaciones en las que al menos el 50% es dinero público) y permitir que ganen ingentes cantidades de dinero con la venta de las vacunas.

Se han producido iniciativas de algunos gobiernos (Sudáfrica e India) para un levantamiento de las patentes en este caso y existen iniciativas sociales en la UE en el mismo sentido protagonizadas por más de un centenar de organizaciones, si bien recientemente nuestro país ha votado contra esta exención de patentes mientras dure la covid19 en una reunión de la Organización Mundial del Comercio. Lo que está en contradicción con las declaraciones del Gobierno en las reuniones del G20 sobre la necesidad de una cobertura universal de las vacunas.

Esta decisión es, aparte de insolidaria, incomprensible desde el punto de vista de la salud pública, ya que favorecerá el mantenimiento de la enfermedad en el 80% de la población del planeta, lo que inevitablemente acabará afectando a la salud de todos los demás países, más en el caso de España que es un importante receptor de migrantes.

Un tercer aspecto es el relacionado con la disposición de la población a vacunarse. El último estudio del CIS señala que hasta un 47% de la población manifestaba que no pensaba vacunarse. Estos datos deben ser vistos con prudencia, primero porque hay un gradiente de edad, los más jóvenes son los menos proclives a la vacunación, de manera que el grupo entre 25 y 34 años es el menos dispuesto a vacunarse, el 61,5% no lo harían, frente al de más de 65 años donde solo se negarían el 32,3%, es decir las personas más mayores, las que mas necesitan protegerse son las que están mas dispuestas a vacunarse. Asimismo quienes viven en ciudades mas grandes tienen más resistencia a vacunarse (más del 48% en las ciudades con más de 400.000 habitantes) frente a los que están en el área rural (en las localidades con menos de 2.000 habitantes  solo el 41,5% estaría en contra de vacunarse). Igualmente se detectan diferencias importantes según nivel socioeconómico y así la negativa a vacunarse va desde el 53,1% de las personas de clase alta y media alta hasta el 42,3% de los trabajadores (curiosamente los clasificados como clase baja/pobres se negarían en un 47,9%). Desgraciadamente no hay datos desagregados por CCAA aunque esta diferencia probablemente estará muy vinculada a los votos obtenidos por Vox (el 62,6% de sus votantes no lo haría).

Obviamente estos resultados son todavía provisionales en el sentido en que la disponibilidad práctica de una vacuna y los resultados de la misma probablemente cambiaran estas actitudes, en positivo o en negativo, porque muchas personas que ahora son reticentes a vacunarse lo son porque tienen desconfianza e incertidumbre ante las vacunas y la guerra comercial desatada sobre ellas, aparte de las noticias falsas, porque el negacionismo tiene un peso bastante pequeño entre la sociedad española (no más del 10%).

En este momento es fundamental el garantizar que las vacunas y tratamientos efectivos contra la covid19 sean bienes públicos de carácter universal, y no estén sujetos a los mecanismos de patentes que encarecen artificialmente el coste de los medicamentos, e impiden su acceso de todas las personas cualesquiera que sea su nivel económico y el país en el que habiten. Tenemos que trabajar para conseguirlo.

Posición de la ADSP ante el decreto sobre recursos humanos sanitarios

Fecha de Publicacion : 16/11/2020

Fuente:https://lacronicadesalamanca.com/295209-posicion-de-la-adsp-ante-el-decreto-sobre-recursos-humanos-sanitarios/

Autor: Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca

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    La Asociación Para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca no está de acuerdo con el Decreto 2/2020 de la Junta de Castilla y León que modifica los derechos laborales de los trabajadores sanitarios.

    Aprovechando la situación creada por la pandemia COVID, la Junta publica en BOCYL un decreto que IMPONE (es la palabra exacta que utiliza) unas normas que  afectan a  los derechos fundamentales de los trabajadores sanitarios en cuanto a horarios de trabajo, turnos, obligatoriedad de hacer guardias, anulación de vacaciones, posibilidad de trasladar a los trabajadores de ciudad o provincia, mientras dure la declaración del estado de alarma, inicialmente hasta el 9 de mayo de 2021, según RD 956/2020 de 3 de noviembre por el que se prorroga el estado de alarma.

Ante esta situación la ADSP quiere precisar las siguientes cuestiones:

1.- Los trabajadores sanitarios están demostrando mayoritariamente un compromiso vital con el ejercicio de su profesión, con el sistema sanitario público y con los pacientes. Este compromiso los ha llevado y los lleva a trabajar de forma entusiasta incluso en condiciones en las que se pone en riesgo su vida, su salud y la de sus familias.

2.- El colapso del sistema sanitario de Castilla y León que se ha producido durante la pandemia es consecuencia directa del recorte en las inversiones sanitarias que ha tenido lugar durante los últimos diez años. Se ha descapitalizado a SACyL en recursos humanos y tecnológicos, poniendo en riesgo la misma viabilidad del sistema sanitario público, tanto en el marco de la atención primaria como de los hospitales.

3.- La propia gestión del sistema ha sido y es ineficaz, y buen ejemplo de ello son dos cuestiones: el enorme gasto que supone la gestión privada del hospital de Burgos, que absorbe una parte muy importante del presupuesto anual de SACyL y que repercute en el resto de Castilla y León, y el Hospital de Salamanca, cuya apertura se retrasa indefinidamente cada año y que sigue pendiente del presupuesto necesario para completar obras y recursos tecnológicos, y del que se desconoce incluso la plantilla de personal que tendrá cuando se ponga en funcionamiento.

4.- La actual situación de falta de personal de enfermería y médicos es fruto de la improvisación y falta de previsión de la Junta de Castilla y León, cuya política de recursos humanos ha favorecido que los profesionales que podían haber sido contratados en el mes de junio se hayan ido a trabajar a otras CC.AA. donde les ofrecían mejores condiciones de trabajo en vez de los contratos precarios que les ofreció SACyL. A pesar de ello, la Junta sigue sin modificar un ápice su política de recursos humanos lo que imposibilita en el momento actual la contratación de profesionales necesarios porque nadie quiere venir a trabajar a Castilla y León.

    Rechazamos el carácter impositivo de este Decreto que supone un ataque al modelo sanitario actual, golpeándole en su línea de flotación que son los sanitarios. Pensamos que, ante un problema tan serio como una pandemia, es preciso buscar soluciones y tomar medidas ad hoc pero estas medidas no pueden ser impuestas sino que deben ser fruto de un diálogo con los profesionales y de un acuerdo amplio, nunca desde la imposición. Pensamos que se debe evitar la arbitrariedad y que las medidas que se tomen deben ser argumentadas y consensuadas para garantizar el apoyo y la cooperación del personal sanitario.

    Por estos motivos, consideramos que la Junta de Castilla y León es responsable de la situación que atraviesa la sanidad y la salud pública en nuestra comunidad. Este decreto empeora la necesaria e imprescindible identificación de los profesionales con la sanidad pública. La Junta ha optado por IMPONER en vez de PREVER Y DIALOGAR.


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